María Rosa Lozano Sosa

Expediente 558/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • María Rosa Lozano Sosa
  • Ángel de Jesús Cabrera Haro
  • José Gorgonio Lozano Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese, para los efectos legales procedentes, copia certificada de la resolución emitida por este tribunal colegiado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el recurso de inconformidad 22/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que declaró infundada la inconformidad interpuesta por María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa, contra el auto de diecisiete de agosto del año en curso, por el que se determinó que la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra cumplida. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora, conforme al artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que el presente expediente es conservable, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo será transferido al Depósito Documental respectivo dependiente del Área Coordinadora de Archivos. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa,, por propio derecho, quejosos en el presente juicio de amparo directo, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 22/2023.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesada (fojas 149 y 150), desahogando la vista la parte quejosa (fojas 154 a 157). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, este Órgano Colegiado resolvió conceder a María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 103): ".I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que reitere las consideraciones mediante las cuales desestimó el agravio propuesto en el recurso de apelación, donde se argumentó que en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario con relación a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez. III. Emprenda el análisis del primer agravio del recurso de apelación de manera completa, esto es, se ocupe en el planteamiento tendente a impugnar la omisión del Juez de valorar la declaración de parte y confesional a cargo del actor, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, lo que deberá hacer con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada, motivada y congruente, resolviendo lo que en derecho proceda." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente: I. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés dejó insubsistente la sentencia reclamada de once de agosto de dos mil veintidós (foja 115). II. El cuatro de abril de dos mil veintitrés dictó una nueva sentencia, en la cual reiteró las consideraciones mediante las cuales desestimó el agravio propuesto en el recurso de apelación, donde se argumentó que en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario con relación a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez; lo anterior con base en la consideración toral de que el actor no atribuye actos de despojo a dicha sucesión, lo que se advierte de lo expuesto en el sentido de que fue Magdaleno Lozano Velázquez, quien el tres de diciembre de dos mil dieciséis le dio la posesión del inmueble materia del juicio, entregándole las llaves de la casa y el candado del zaguán con motivo del contrato de compraventa que ambos celebraron, siendo a partir del cuatro de diciembre de dos mil dieciséis cuando empezó a utilizar el terreno que le fue vendido, guardando así sus camiones de volteo y ocasionalmente usando la casa para guardar algunas refacciones de sus camiones; por tanto, si bien el actor al dar respuesta a la pregunta veintiuno del interrogatorio de la declaración de partes contestó que la parte oferente de la prueba tiene la posesión del inmueble a partir del quince de abril de dos mi dieciocho, cuando fue despojado, empero, tal aseveración se refiere a la posesión que detenta María Rosa Lozano Sosa (foja 132 y vuelta). III. Enseguida, examinó el primer agravio del recurso de apelación y determinó lo siguiente: a) No asiste razón a los inconformes pues de la sentencia de primera instancia se advierte que el Juez hizo referencia a diversos preceptos legales hizo referencia a diversos preceptos legales del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, relativos a la posesión y al interdicto de retener la posesión; expresando los motivos, razones y circunstancias, por los que, en su concepto, cobran aplicación en el juicio donde deriva el presente medio de impugnación (foja 133 y vuelta). b) Además, resulta insuficiente lo argumentado por los inconformes al sostener subjetivamente que no fueron debidamente valoradas las pruebas que fueron admitidas a la demandada María Rosa Lozano Sosa, que en sus agravios debieron expresar razonamientos jurídicos que pusieran de manifiesto la violación de disposiciones legales por el Juez de origen al apreciar los medios de convicción, precisando también el alcance probatorio de tales pruebas, así como la forma en que éstas trascendieron al fallo (foja 133 vuelta). c) De la confesional a cargo del actor se advierte que fueron calificadas de legales las posiciones contenidas en los puntos seis, diez, once, catorce, veintidós, veintitrés y veintisiete, sin embargo, dicha prueba no aporta elementos de convicción que favorezcan las pretensiones de la oferente, toda vez que el absolvente negó los hechos que se contienen en dichas posiciones; luego, si bien reconoció saber que Magdaleno Lozano Velázquez dejó intestado el bien inmueble del presente juicio, sin que haya sido llamado a juicio el representante legal de la sucesión intestamentaria; no obstante, dicha aseveración no justifica que el absolvente haya admitido haber poseído las fracciones de terreno objeto del juicio o que los demandados María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa, no lo despojaran de dichas fracciones por vías de hecho (fojas 134 a 136). d) La declaración de partes a cargo del actor se desahogó conforme al interrogatorio formulado por la oferente de la prueba María Rosa Lozano Sosa, del cual se calificaron de legales las preguntas uno a cuatro, seis, nueve, doce, trece, dieciocho, veinte a veintidós, veinticuatro y veinticinco; preguntas que si bien estuvieron encaminadas a dilucidar la posesión actual que ostenta la parte demandada respecto del inmueble materia del juicio, así como que el actor no lo ha poseído, sin embargo, el declarante Ángel de Jesús Cabrera Haro manifestó que María Rosa Lozano Sosa, oferente de la prueba, tiene la posesión del bien objeto del juicio a partir del quince de abril de dos mil dieciocho, fecha en él fue despojado por los demandados, manifestando ser falso lo relativo a que él no ha poseído dicho bien; por el contrario, aseveró que ha poseído el predio y la casa durante prácticamente año y medio, desde que se lo cedió el vendedor Magdaleno Lozano Velázquez el tres de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, lo declarado por el actor Ángel de Jesús Cabrera Haro no le perjudica, de ahí que debe desestimarse dicho medio de convicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala (fojas 136 a 138). e) La testimonial a cargo del grupo uno de testigos contiene nueve preguntas calificadas de legales, a excepción de la seis y la ocho; prueba que estuvo a cargo de Sara Vargas Carpintero y Heriberto Durán Vázquez, quienes declararon en relación a la posesión del bien inmueble objeto del juicio, la cual se desestima para los fines pretendidos por la demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; en primer lugar, porque a los testigos no se les cuestionó a partir de qué fecha María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa poseen las fracciones del inmueble materia de la litis; en segundo lugar, porque si bien Sara Vargas Carpinteiro manifestó que sus presentantes siempre vivieron ahí con su papá, empero, dicha declaración no es acorde con lo que los demandados manifestaron en el punto número 5, párrafo tercero, y en el punto número 18, párrafos segundo y tercero de su escrito de contestación de demanda; narrativa de la que se advierte que los demandados aseveraron que su padre Magdaleno Lozano Velázquez vivía sólo en el inmueble objeto del juicio, siendo él quien siempre tuvo la posesión total, material, a título de dueño, de manera pacífica, pública e ininterrumpida del predio y, una vez fallecido, fueron los demandados quienes siguieron teniendo la posesión del dicho predio, haciendo trabajos de limpieza, mantenimiento y vigilancia (fojas 138 a 140). f) La testimonial a cargo del grupo dos de testigos versó al tenor el interrogatorio que contiene doce preguntas que fueron calificadas de legales, testimonial que estuvo únicamente a cargo de María Bertha Sosa Nava, declaración singular que no favorece a los intereses de la parte demandada, pues al ser un solo testigo su declaración debió corroborarse con otro medio de convicción para que hiciera prueba plena, en conformidad con el artículo 447 del código procesal civil en vigor, lo cual no aconteció en el juicio principal, ya que el interrogatorio sobre el que versó al mencionada prueba testimonial y respecto el que declaró María Bertha Sosa Nava, estuvo encaminado a dilucidar en dónde se encontraba acompañada en esas fechas y el motivo por el cual se encontraba acompañada, así como la forma en que materializaba cualquier trato o tipo de acto con Magdaleno Lozano Velázquez, sin que la parte demandada optara por otros medios de convicción que, corroboraran substancialmente lo declarado por la mencionada testigo; consiguientemente se desestima la prueba testimonial en estudio (fojas 140 a 141 vuelta). g) No pasa inadvertido que la oferente también presentó al testigo Eduardo Jiménez Morales, quien se identificó ante el Juez de primer grado, sin embargo, no se hizo presente en el momento en que fue llamado para que rindiera su declaración, lo que se hizo constar en el acta respectiva (foja 141 vuelta). h) Con base en lo anterior determinó que devienen infundados los agravios que hacen valer los apelantes con relación a las pruebas confesional y declaración de partes a cargo el actor Ángel de Jesús Cabrera Haro, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada. IV. Finalmente, haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, la responsable se ocupó de los restantes agravios, los cuales desestimó, por lo cual confirmó la sentencia de primera instancia que declaró procedente el interdicto de recuperar la posesión; lo anterior con apoyo en las consideraciones siguientes (fojas 142 vuelta a 147): "...Concatenado a lo anterior, los artículos 826 a 834 y 841 a 845 del Código de procedimientos Civiles del Estado, que regulan los interdictos, en especial el interdicto de recuperar la posesión, no prevén como requisito sine qua non -sin el cual no-, que el accionante haya consolidado su posesión, ejerciéndola por lo menos un año; por el contrario, el artículo 841 del citado Ordenamiento Legal establece el término de posesión y los supuestos para usar del interdicto de recuperar la posesión, a saber: (Se transcribe.) Precepto legal que legitima, para promover el interdicto de recuperar la posesión, a todo el que ha poseído por más de seis meses en nombre propio o en nombre ajeno, y a todo el que ha poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 1141 del Código Civil en vigor, consistentes en que se ejercite la acción respectiva dentro de seis meses contados dese el día en que se le desposeyó, si la desposesión no se hizo ocultamente, o desde aquél en que llegue a su noticia en caso contrario; procediendo la restitución contra cualquiera que tenga el bien en su poder, si el actor ha poseído éste más de seis meses, sin que la restitución proceda si el actor sólo poseyó el bien por menos de seis meses o si su posesión es dudosa; contrario a este último supuesto, sí puede usar del interdicto de recuperar, todo el que haya poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho, como ha quedado establecido en párrafos que preceden. En otro orden de ideas, resulta equívoca la aseveración que hacen los apelantes, relativa a que el Juez de primer grado no analizó debidamente la testimonial ofrecida por el actor, transcribiendo únicamente sus declaraciones, por lo que no se demuestra que el demandante haya tenido la posesión del bien inmueble materia del interdicto, se sostiene lo anterior, ya que de la lectura a la sentencia definitiva impugnada en apelación, se advierte que, aunado a la transcripción que realizó el Juez natural respecto a las preguntas directas marcadas con los números 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 10 BIS, 11 BIS, 12, 13, 16 BIS, 17 y 18, así como a sus correspondientes repreguntas y sus respuestas, que dieron los testigos TOMÁS RODRÍGUEZ NAVA y JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, dicho juzgador emitió las siguientes consideraciones: (.) Sin que el interrogatorio formulado a los testigos haya sido ilustrativo, pues, contrario a lo que sostienen los recurrentes, las interrogantes encaminadas a evidenciar la posesión que mantuvo el actor respecto al bien inmueble en litigio fueron inquisitivas, sin que en las mismas fuera sugerida la respuesta, como se advierte de la siguiente transcripción: (.) En otro contexto, los apelantes manifiestan que no le asiste razón al Juez de primer grado, al tener por acreditado el segundo de los elementos de la acción ejercitada, consistente en que, el demandado, por sí mismo, sin orden de alguna autoridad, haya despojado al actor de la posesión del bien objeto del juicio, dado que dejó de otorgar valor al resultado de la diligencia de inspección judicial que la parte demandada ofreció, esto en razón de que no concedió valor a lo expresado por los testigos que estuvieron en dicha diligencia. Al respecto, debe decirse que, de conformidad con los artículos 366 a 370 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regulan la inspección judicial, este medio de convicción únicamente tiene como finalidad el reconocimiento de un lugar u objeto que no requiera Conocimientos especiales; diligencia de inspección, a la que podrán concurrir las partes y sus representantes y abogados, y hacer al Juez, de palabra, las observaciones que estimen oportunas, levantándose un acta que firmarán todos los que al reconocimiento concurran, y en la que asentarán con exactitud los puntos que lo hayan provocado, las observaciones de los interesados, las declaraciones de los peritos, si los hubiere, y todo lo que el Juez creyere conveniente para esclarecer la verdad; sin que dichos preceptos legales prevean la intervención de testigos; de ahí que, aun cuando al momento de admitirse la prueba en comento, por auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se hizo saber a la oferente MARÍA ROSA LOZANO SOSA que de considerarlo necesario podría presentar dos testigos debidamente identificados, sin embargo, fue únicamente para el efecto de la identificación del inmueble en el que se practicó la inspección; consiguientemente, deviene infundado el argumento que hacen valer los apelantes, relativo a que se vulneran sus garantías y derechos humanos, porque el Juez de primer grado dejó de otorgar valor probatorio a lo expresado por los testigos ENRIQUE DÍAZ CORTÉS y HERIBERTO DURÁN VÁQUEZ, que estuvieron en la diligencia de reconocimiento. Por otro lado MARÍA ROSA LOZANO SOSA y JOSÉ GORGONIO LOZANO SOSA sostienen en sus agravios que, la prueba idónea para demostrar el despojo de un inmueble es la Pericial en Agrimensura, la cual no fue ofrecida por el demandante, invocando los recurrentes las tesis aisladas de rubros: (Las transcribe.) Agravios que devienen infundados, en primer lugar, porque los criterios que citan los inconformes analizan el despojo, como delito, cuando existe conflicto de límites entre predios colindantes; en segundo lugar, porque en materia civil, tratándose del interdicto de recuperar la posesión, el artículo 841 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone expresamente que, puede usar del interdicto de recuperar todo el que haya poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho; hipótesis esta última en que se sustenta la acción ejercitada de donde deriva el presente medio de impugnación, debiéndose entender "por vías de hecho" cualquier acto de una persona que usurpe por propia voluntad la cosa o el derecho materia de interdicto, aunque en rigor no medie violencia, de suerte que para la procedencia de la acción interdictal lo único que se requiere es que el acto implique usurpación y que sea de propia autoridad, porque en esto radica la esencia de una acción de esa naturaleza; criterio que ha sostenido, y que esta Alzada comparte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis aislada del rubro y texto siguientes: (La transcribe.) Consideraciones por las que, devienen infundadas las manifestaciones de los inconformes, relativas a que el actor no aportó medio de prueba tendiente a justificar el segundo requisito para la procedencia de su acción, bajo el argumento de que no existe el despojo de propia autoridad, que si ellos poseen el inmueble es en atención a otras circunstancias de lugar, tiempo y modo, mas no porque hubiese existido despojo al actor; siendo legal que el Juez de primer grado se pronunciara, sobre el tercer elemento constitutivo del interdicto de recuperar la posesión, mismo que tuvo por satisfecho e hizo consistir en que, la acción se dedujo dentro del año siguiente a los actos violentos o a las vías de hecho causantes del despojo; temporalidad que no fue controvertida por los apelantes. VI.- SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es confirmar, como al efecto se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauíitémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente número 574/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, promovido por ÁNGEL DE JESÚS CABRERA HARO, en contra de JOSÉ GORGONIO LOZANO SOSA, MARÍA ROSA LOZANO SOSA Y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO." Enseguida se examinan las manifestaciones de la parte quejosa. En el escrito presentado en este Tribunal Colegiado de Circuito el veintiuno de abril de dos mil veintitrés expone lo siguiente: a) Con relación a las consideraciones que la responsable debió reiterar y con base en las cuales desestimó el agravio en el que se argumentó que en el interdicto se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario respecto a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez, dicha autoridad no citó las disposiciones legales para establecer porqué no debe llamarse a juicio de la referida sucesión, pues únicamente se limitó a centrar la determinación judicial en los medios de convicción omitidos, pero sin realizar algún análisis sobre la figura del litisconsorcio pasivo necesario. b) La mencionada sucesión es objeto de vulneración de derechos, ya que el interdicto le va a causar perjuicio al no haber sido llamada para realizar una adecuada defensa. Lo anteriores planteamientos ponen de manifiesto que la parte inconforme trata de evidenciar que es ilegal la nueva sentencia dictada por la Sala responsable ya que, contrario a lo resuelto, en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario respecto a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez, por lo cual es ilegal que no se le llame a juicio. Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes pues se relacionan con una determinación que la responsable estaba obligada a reiterar con motivo del lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En otra parte de su libelo la impetrante aduce: a) La responsable no se ocupa de examinar cuál es el valor probatorio de la confesional, declaración de partes y testimonial, toda vez que debió valorarlas de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, conforme a la lógica y la experiencia. b) Debe tenerse en cuenta que el amparo se concedió para que la responsable examinara las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, lo cual debería hacer de manera fundada y motivada, vinculada al principio de congruencia, a cuya observancia se encuentran vinculadas todas las autoridades jurisdiccionales. c) De ahí que cuando la responsable afirma que el actor fue despojado con violencia para encuadrar la hipótesis de procedencia de la acción interdictal en el segundo de los supuestos establecidos en la norma legal ello resulta contrario al principio de congruencia así como a lo establecido en el fallo protector, toda vez que de la constancias del expediente de origen no se advierte ninguna probanza de la cual se pueda establecer con fehaciente convicción la supuesta violencia ejercida en contra del actor para obtener la posesión del inmueble en litigio, lo cual es contrario a derecho y a los preceptos legales que cita la responsable; por lo cual es imposible ubicar la acción interdictal en la segunda hipótesis de procedencia; pues resulta contario a derecho y al principio de congruencia tratar de sostener el fallo con argumentos que resultan ser simples aseveraciones y apreciaciones subjetivas sin sustento probatorio. Con relación a lo argumentado por la parte quejosa debe tenerse en cuenta que en el fallo protector se otorgó libertad de jurisdicción a la Sala para que se ocupara de los agravios tendentes a impugnar la omisión del Juez de valorar la declaración de parte y confesional a cargo del actor, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada. Entonces, es evidente que lo resuelto por la responsable fue con motivo de lo alegado por las recurrentes en la apelación; estos es, son cuestiones de fondo, cuyo análisis correspondía realizar a la responsable una vez subsanada la violación formal. Por tanto, como dicho aspecto no fue materia de examen en la ejecutoria de amparo, los referidos argumentos resultan inoperantes. En apoyo a esta determinación, por su idea jurídica, se cita la jurisprudencia 70/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 640, del Tomo I, Libro 12, noviembre de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 120/2013 (10a.), de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.", estableció que la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a analizar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. De ahí que los agravios que se formulen para impugnar dichos argumentos resulten inoperantes." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 121/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página 786, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, electrónicamente al quejoso y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente y en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesada (fojas 149 y 150), desahogando la vista la parte quejosa (fojas 154 a 157). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, este Órgano Colegiado resolvió conceder a María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 103): ".I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que reitere las consideraciones mediante las cuales desestimó el agravio propuesto en el recurso de apelación, donde se argumentó que en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario con relación a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez. III. Emprenda el análisis del primer agravio del recurso de apelación de manera completa, esto es, se ocupe en el planteamiento tendente a impugnar la omisión del Juez de valorar la declaración de parte y confesional a cargo del actor, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, lo que deberá hacer con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada, motivada y congruente, resolviendo lo que en derecho proceda." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente: I. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés dejó insubsistente la sentencia reclamada de once de agosto de dos mil veintidós (foja 115). II. El cuatro de abril de dos mil veintitrés dictó una nueva sentencia, en la cual reiteró las consideraciones mediante las cuales desestimó el agravio propuesto en el recurso de apelación, donde se argumentó que en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario con relación a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez; lo anterior con base en la consideración toral de que el actor no atribuye actos de despojo a dicha sucesión, lo que se advierte de lo expuesto en el sentido de que fue Magdaleno Lozano Velázquez, quien el tres de diciembre de dos mil dieciséis le dio la posesión del inmueble materia del juicio, entregándole las llaves de la casa y el candado del zaguán con motivo del contrato de compraventa que ambos celebraron, siendo a partir del cuatro de diciembre de dos mil dieciséis cuando empezó a utilizar el terreno que le fue vendido, guardando así sus camiones de volteo y ocasionalmente usando la casa para guardar algunas refacciones de sus camiones; por tanto, si bien el actor al dar respuesta a la pregunta veintiuno del interrogatorio de la declaración de partes contestó que la parte oferente de la prueba tiene la posesión del inmueble a partir del quince de abril de dos mi dieciocho, cuando fue despojado, empero, tal aseveración se refiere a la posesión que detenta María Rosa Lozano Sosa (foja 132 y vuelta). III. Enseguida, examinó el primer agravio del recurso de apelación y determinó lo siguiente: a) No asiste razón a los inconformes pues de la sentencia de primera instancia se advierte que el Juez hizo referencia a diversos preceptos legales hizo referencia a diversos preceptos legales del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, relativos a la posesión y al interdicto de retener la posesión; expresando los motivos, razones y circunstancias, por los que, en su concepto, cobran aplicación en el juicio donde deriva el presente medio de impugnación (foja 133 y vuelta). b) Además, resulta insuficiente lo argumentado por los inconformes al sostener subjetivamente que no fueron debidamente valoradas las pruebas que fueron admitidas a la demandada María Rosa Lozano Sosa, que en sus agravios debieron expresar razonamientos jurídicos que pusieran de manifiesto la violación de disposiciones legales por el Juez de origen al apreciar los medios de convicción, precisando también el alcance probatorio de tales pruebas, así como la forma en que éstas trascendieron al fallo (foja 133 vuelta). c) De la confesional a cargo del actor se advierte que fueron calificadas de legales las posiciones contenidas en los puntos seis, diez, once, catorce, veintidós, veintitrés y veintisiete, sin embargo, dicha prueba no aporta elementos de convicción que favorezcan las pretensiones de la oferente, toda vez que el absolvente negó los hechos que se contienen en dichas posiciones; luego, si bien reconoció saber que Magdaleno Lozano Velázquez dejó intestado el bien inmueble del presente juicio, sin que haya sido llamado a juicio el representante legal de la sucesión intestamentaria; no obstante, dicha aseveración no justifica que el absolvente haya admitido haber poseído las fracciones de terreno objeto del juicio o que los demandados María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa, no lo despojaran de dichas fracciones por vías de hecho (fojas 134 a 136). d) La declaración de partes a cargo del actor se desahogó conforme al interrogatorio formulado por la oferente de la prueba María Rosa Lozano Sosa, del cual se calificaron de legales las preguntas uno a cuatro, seis, nueve, doce, trece, dieciocho, veinte a veintidós, veinticuatro y veinticinco; preguntas que si bien estuvieron encaminadas a dilucidar la posesión actual que ostenta la parte demandada respecto del inmueble materia del juicio, así como que el actor no lo ha poseído, sin embargo, el declarante Ángel de Jesús Cabrera Haro manifestó que María Rosa Lozano Sosa, oferente de la prueba, tiene la posesión del bien objeto del juicio a partir del quince de abril de dos mil dieciocho, fecha en él fue despojado por los demandados, manifestando ser falso lo relativo a que él no ha poseído dicho bien; por el contrario, aseveró que ha poseído el predio y la casa durante prácticamente año y medio, desde que se lo cedió el vendedor Magdaleno Lozano Velázquez el tres de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, lo declarado por el actor Ángel de Jesús Cabrera Haro no le perjudica, de ahí que debe desestimarse dicho medio de convicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala (fojas 136 a 138). e) La testimonial a cargo del grupo uno de testigos contiene nueve preguntas calificadas de legales, a excepción de la seis y la ocho; prueba que estuvo a cargo de Sara Vargas Carpintero y Heriberto Durán Vázquez, quienes declararon en relación a la posesión del bien inmueble objeto del juicio, la cual se desestima para los fines pretendidos por la demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; en primer lugar, porque a los testigos no se les cuestionó a partir de qué fecha María Rosa Lozano Sosa y José Gorgonio Lozano Sosa poseen las fracciones del inmueble materia de la litis; en segundo lugar, porque si bien Sara Vargas Carpinteiro manifestó que sus presentantes siempre vivieron ahí con su papá, empero, dicha declaración no es acorde con lo que los demandados manifestaron en el punto número 5, párrafo tercero, y en el punto número 18, párrafos segundo y tercero de su escrito de contestación de demanda; narrativa de la que se advierte que los demandados aseveraron que su padre Magdaleno Lozano Velázquez vivía sólo en el inmueble objeto del juicio, siendo él quien siempre tuvo la posesión total, material, a título de dueño, de manera pacífica, pública e ininterrumpida del predio y, una vez fallecido, fueron los demandados quienes siguieron teniendo la posesión del dicho predio, haciendo trabajos de limpieza, mantenimiento y vigilancia (fojas 138 a 140). f) La testimonial a cargo del grupo dos de testigos versó al tenor el interrogatorio que contiene doce preguntas que fueron calificadas de legales, testimonial que estuvo únicamente a cargo de María Bertha Sosa Nava, declaración singular que no favorece a los intereses de la parte demandada, pues al ser un solo testigo su declaración debió corroborarse con otro medio de convicción para que hiciera prueba plena, en conformidad con el artículo 447 del código procesal civil en vigor, lo cual no aconteció en el juicio principal, ya que el interrogatorio sobre el que versó al mencionada prueba testimonial y respecto el que declaró María Bertha Sosa Nava, estuvo encaminado a dilucidar en dónde se encontraba acompañada en esas fechas y el motivo por el cual se encontraba acompañada, así como la forma en que materializaba cualquier trato o tipo de acto con Magdaleno Lozano Velázquez, sin que la parte demandada optara por otros medios de convicción que, corroboraran substancialmente lo declarado por la mencionada testigo; consiguientemente se desestima la prueba testimonial en estudio (fojas 140 a 141 vuelta). g) No pasa inadvertido que la oferente también presentó al testigo Eduardo Jiménez Morales, quien se identificó ante el Juez de primer grado, sin embargo, no se hizo presente en el momento en que fue llamado para que rindiera su declaración, lo que se hizo constar en el acta respectiva (foja 141 vuelta). h) Con base en lo anterior determinó que devienen infundados los agravios que hacen valer los apelantes con relación a las pruebas confesional y declaración de partes a cargo el actor Ángel de Jesús Cabrera Haro, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada. IV. Finalmente, haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, la responsable se ocupó de los restantes agravios, los cuales desestimó, por lo cual confirmó la sentencia de primera instancia que declaró procedente el interdicto de recuperar la posesión; lo anterior con apoyo en las consideraciones siguientes (fojas 142 vuelta a 147): "...Concatenado a lo anterior, los artículos 826 a 834 y 841 a 845 del Código de procedimientos Civiles del Estado, que regulan los interdictos, en especial el interdicto de recuperar la posesión, no prevén como requisito sine qua non -sin el cual no-, que el accionante haya consolidado su posesión, ejerciéndola por lo menos un año; por el contrario, el artículo 841 del citado Ordenamiento Legal establece el término de posesión y los supuestos para usar del interdicto de recuperar la posesión, a saber: (Se transcribe.) Precepto legal que legitima, para promover el interdicto de recuperar la posesión, a todo el que ha poseído por más de seis meses en nombre propio o en nombre ajeno, y a todo el que ha poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 1141 del Código Civil en vigor, consistentes en que se ejercite la acción respectiva dentro de seis meses contados dese el día en que se le desposeyó, si la desposesión no se hizo ocultamente, o desde aquél en que llegue a su noticia en caso contrario; procediendo la restitución contra cualquiera que tenga el bien en su poder, si el actor ha poseído éste más de seis meses, sin que la restitución proceda si el actor sólo poseyó el bien por menos de seis meses o si su posesión es dudosa; contrario a este último supuesto, sí puede usar del interdicto de recuperar, todo el que haya poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho, como ha quedado establecido en párrafos que preceden. En otro orden de ideas, resulta equívoca la aseveración que hacen los apelantes, relativa a que el Juez de primer grado no analizó debidamente la testimonial ofrecida por el actor, transcribiendo únicamente sus declaraciones, por lo que no se demuestra que el demandante haya tenido la posesión del bien inmueble materia del interdicto, se sostiene lo anterior, ya que de la lectura a la sentencia definitiva impugnada en apelación, se advierte que, aunado a la transcripción que realizó el Juez natural respecto a las preguntas directas marcadas con los números 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 10 BIS, 11 BIS, 12, 13, 16 BIS, 17 y 18, así como a sus correspondientes repreguntas y sus respuestas, que dieron los testigos TOMÁS RODRÍGUEZ NAVA y JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, dicho juzgador emitió las siguientes consideraciones: (.) Sin que el interrogatorio formulado a los testigos haya sido ilustrativo, pues, contrario a lo que sostienen los recurrentes, las interrogantes encaminadas a evidenciar la posesión que mantuvo el actor respecto al bien inmueble en litigio fueron inquisitivas, sin que en las mismas fuera sugerida la respuesta, como se advierte de la siguiente transcripción: (.) En otro contexto, los apelantes manifiestan que no le asiste razón al Juez de primer grado, al tener por acreditado el segundo de los elementos de la acción ejercitada, consistente en que, el demandado, por sí mismo, sin orden de alguna autoridad, haya despojado al actor de la posesión del bien objeto del juicio, dado que dejó de otorgar valor al resultado de la diligencia de inspección judicial que la parte demandada ofreció, esto en razón de que no concedió valor a lo expresado por los testigos que estuvieron en dicha diligencia. Al respecto, debe decirse que, de conformidad con los artículos 366 a 370 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regulan la inspección judicial, este medio de convicción únicamente tiene como finalidad el reconocimiento de un lugar u objeto que no requiera Conocimientos especiales; diligencia de inspección, a la que podrán concurrir las partes y sus representantes y abogados, y hacer al Juez, de palabra, las observaciones que estimen oportunas, levantándose un acta que firmarán todos los que al reconocimiento concurran, y en la que asentarán con exactitud los puntos que lo hayan provocado, las observaciones de los interesados, las declaraciones de los peritos, si los hubiere, y todo lo que el Juez creyere conveniente para esclarecer la verdad; sin que dichos preceptos legales prevean la intervención de testigos; de ahí que, aun cuando al momento de admitirse la prueba en comento, por auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se hizo saber a la oferente MARÍA ROSA LOZANO SOSA que de considerarlo necesario podría presentar dos testigos debidamente identificados, sin embargo, fue únicamente para el efecto de la identificación del inmueble en el que se practicó la inspección; consiguientemente, deviene infundado el argumento que hacen valer los apelantes, relativo a que se vulneran sus garantías y derechos humanos, porque el Juez de primer grado dejó de otorgar valor probatorio a lo expresado por los testigos ENRIQUE DÍAZ CORTÉS y HERIBERTO DURÁN VÁQUEZ, que estuvieron en la diligencia de reconocimiento. Por otro lado MARÍA ROSA LOZANO SOSA y JOSÉ GORGONIO LOZANO SOSA sostienen en sus agravios que, la prueba idónea para demostrar el despojo de un inmueble es la Pericial en Agrimensura, la cual no fue ofrecida por el demandante, invocando los recurrentes las tesis aisladas de rubros: (Las transcribe.) Agravios que devienen infundados, en primer lugar, porque los criterios que citan los inconformes analizan el despojo, como delito, cuando existe conflicto de límites entre predios colindantes; en segundo lugar, porque en materia civil, tratándose del interdicto de recuperar la posesión, el artículo 841 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone expresamente que, puede usar del interdicto de recuperar todo el que haya poseído por menos de seis meses, si fue despojado por violencia o vías de hecho; hipótesis esta última en que se sustenta la acción ejercitada de donde deriva el presente medio de impugnación, debiéndose entender "por vías de hecho" cualquier acto de una persona que usurpe por propia voluntad la cosa o el derecho materia de interdicto, aunque en rigor no medie violencia, de suerte que para la procedencia de la acción interdictal lo único que se requiere es que el acto implique usurpación y que sea de propia autoridad, porque en esto radica la esencia de una acción de esa naturaleza; criterio que ha sostenido, y que esta Alzada comparte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis aislada del rubro y texto siguientes: (La transcribe.) Consideraciones por las que, devienen infundadas las manifestaciones de los inconformes, relativas a que el actor no aportó medio de prueba tendiente a justificar el segundo requisito para la procedencia de su acción, bajo el argumento de que no existe el despojo de propia autoridad, que si ellos poseen el inmueble es en atención a otras circunstancias de lugar, tiempo y modo, mas no porque hubiese existido despojo al actor; siendo legal que el Juez de primer grado se pronunciara, sobre el tercer elemento constitutivo del interdicto de recuperar la posesión, mismo que tuvo por satisfecho e hizo consistir en que, la acción se dedujo dentro del año siguiente a los actos violentos o a las vías de hecho causantes del despojo; temporalidad que no fue controvertida por los apelantes. VI.- SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es confirmar, como al efecto se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauíitémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente número 574/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, promovido por ÁNGEL DE JESÚS CABRERA HARO, en contra de JOSÉ GORGONIO LOZANO SOSA, MARÍA ROSA LOZANO SOSA Y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO." Enseguida se examinan las manifestaciones de la parte quejosa. En el escrito presentado en este Tribunal Colegiado de Circuito el veintiuno de abril de dos mil veintitrés expone lo siguiente: a) Con relación a las consideraciones que la responsable debió reiterar y con base en las cuales desestimó el agravio en el que se argumentó que en el interdicto se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario respecto a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez, dicha autoridad no citó las disposiciones legales para establecer porqué no debe llamarse a juicio de la referida sucesión, pues únicamente se limitó a centrar la determinación judicial en los medios de convicción omitidos, pero sin realizar algún análisis sobre la figura del litisconsorcio pasivo necesario. b) La mencionada sucesión es objeto de vulneración de derechos, ya que el interdicto le va a causar perjuicio al no haber sido llamada para realizar una adecuada defensa. Lo anteriores planteamientos ponen de manifiesto que la parte inconforme trata de evidenciar que es ilegal la nueva sentencia dictada por la Sala responsable ya que, contrario a lo resuelto, en el interdicto de recuperar la posesión se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario respecto a la sucesión a bienes de Magdaleno Lozano Velázquez, por lo cual es ilegal que no se le llame a juicio. Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes pues se relacionan con una determinación que la responsable estaba obligada a reiterar con motivo del lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En otra parte de su libelo la impetrante aduce: a) La responsable no se ocupa de examinar cuál es el valor probatorio de la confesional, declaración de partes y testimonial, toda vez que debió valorarlas de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, conforme a la lógica y la experiencia. b) Debe tenerse en cuenta que el amparo se concedió para que la responsable examinara las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, lo cual debería hacer de manera fundada y motivada, vinculada al principio de congruencia, a cuya observancia se encuentran vinculadas todas las autoridades jurisdiccionales. c) De ahí que cuando la responsable afirma que el actor fue despojado con violencia para encuadrar la hipótesis de procedencia de la acción interdictal en el segundo de los supuestos establecidos en la norma legal ello resulta contrario al principio de congruencia así como a lo establecido en el fallo protector, toda vez que de la constancias del expediente de origen no se advierte ninguna probanza de la cual se pueda establecer con fehaciente convicción la supuesta violencia ejercida en contra del actor para obtener la posesión del inmueble en litigio, lo cual es contrario a derecho y a los preceptos legales que cita la responsable; por lo cual es imposible ubicar la acción interdictal en la segunda hipótesis de procedencia; pues resulta contario a derecho y al principio de congruencia tratar de sostener el fallo con argumentos que resultan ser simples aseveraciones y apreciaciones subjetivas sin sustento probatorio. Con relación a lo argumentado por la parte quejosa debe tenerse en cuenta que en el fallo protector se otorgó libertad de jurisdicción a la Sala para que se ocupara de los agravios tendentes a impugnar la omisión del Juez de valorar la declaración de parte y confesional a cargo del actor, así como las testimoniales ofrecidas por la parte demandada. Entonces, es evidente que lo resuelto por la responsable fue con motivo de lo alegado por las recurrentes en la apelación; estos es, son cuestiones de fondo, cuyo análisis correspondía realizar a la responsable una vez subsanada la violación formal. Por tanto, como dicho aspecto no fue materia de examen en la ejecutoria de amparo, los referidos argumentos resultan inoperantes. En apoyo a esta determinación, por su idea jurídica, se cita la jurisprudencia 70/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 640, del Tomo I, Libro 12, noviembre de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 120/2013 (10a.), de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.", estableció que la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a analizar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. De ahí que los agravios que se formulen para impugnar dichos argumentos resulten inoperantes." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 121/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página 786, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, electrónicamente al quejoso y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente y en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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