Maria Rosa Hernandez Lucas

Expediente 226/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
226/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Maria Rosa Hernandez Lucas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de doce de agosto de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se recibió el informe justificado del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante al cual anexó copias certificadas del juicio de tramitación especial -divorcio incausado- número 306/2020/2º, de su índice; mismas que con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron como pruebas de la autoridad en comento. En ese contexto, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que permiten decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Del contenido del artículo transcrito, se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias que obren en autos se demostrara que no existe el acto reclamado. Conforme a las tesis antes invocadas, se advierte que si bien es cierto por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que si se evidencia fehacientemente la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia pues aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Ello es así, en tanto que no tendría razón de ser la tramitación del medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la negativa de acordar los escritos de treinta de junio y nueve de julio del presente año, dentro de los autos del juicio de tramitación especial -divorcio incausado- número ***, del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Por otro lado; se observa que en el juicio de divorcio encausado en comento, por auto de uno de julio de este año, se proveyó el escrito presentado en el juzgado responsable el treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se previno a la aquí quejosa, para que precisara la acción a intentar. Asimismo, se puede observar que el catorce de agosto de esta anualidad, se acordó el ocurso que le fue presentado al juez natural, el nueve de julio del año en comento; en el que una vez cumplidas las prevenciones que le fueron realizadas se radicó la demanda, ordenando el emplazamiento correspondiente y decretando como medida transitoria una pensión alimenticia provisional al quejoso menor de edad identificado con las iniciales J.L.S.H, consistente en el 20% mensual de todas y cada una de las percepciones que obtiene su contraparte como producto de su trabajo, ordenando girar oficio al Trigésimo Sexto Batallón de Infantería para que realice el descuento decretado y la cantidad que resulte sea puesta a disposición de la aquí quejosa. Además la referida autoridad responsable, al cumplir con los requerimientos formulados por auto de veinticinco de agosto del presente año, esto es, rendir su informe justificado, anexando copias certificas del juicio de tramitación especial -divorcio incausado- número 306/2020/2º, de su índice; manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye. Toda vez que refirió haber acordado lo conducente respecto a los escritos presentados por la parte quejosa el de treinta de junio y nueve de julio del presente año. En ese sentido, resulta evidente, que si de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el escrito de demanda que dio origen a este juicio fue presentada el dieciocho de agosto de dos mil veinte, y que de las constancias remitidas por la autoridad responsable antes descritas se desprende que los escritos presentados por la parte demandante de amparo, fueron acordados con anterioridad a dicha data, resulta incontrovertible que a la fecha en que instó la acción constitucional, la negativa de proveer dichos ocursos era inexistente. En ese contexto, al ser resulta inexistente el acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las quince horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte. Sin que pase desapercibido, que no obre la constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada, puesto que el sentido de la presente determinación judicial no le causa perjuicio alguno y, el hecho de que hubiese sido emplazado a este juicio de amparo, en nada cambiaría el sentido de este acuerdo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las quince horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reactivan los plazos y términos en el presente asunto, ya que éstos estuvieron suspendidos en el periodo del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con motivo de dicha contingencia, en el entendido de que aquéllos se reanudaran a partir de que se les notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Cabe mencionar que en el caso, se estima procedente proveer a partir del día en el que se actúa y en la hora señaladas para la audiencia, pues con independencia de que en el Acuerdo General en comento se haya fijado un horario vespertino (trece horas a dieciocho horas) para este juzgado, las actividades jurisdiccionales de este último se continúan realizando de manera remota y a distancia, conforme al artículo 13 del mismo Acuerdo, por lo que, se da cuenta con el estado procesal que guarda el presente asunto. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, tal y como lo determina el artículo 2°de la citada legislación, se fijan las QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su desahogo Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tiene los mismo efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que al efecto se anexa la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas respectivas. Notifíquese.

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