Maria Rosa Aguilar Castrejón
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Rosa Aguilar Castrejón
- Marisa Morales Montoya
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de siete de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. notif.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa. Personalidad Asimismo, remite copia certificada del auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante el cual, reconoció personalidad a ********************. En consecuencia, se reconoce personalidad a ********************, quien se ostenta como apoderada legal de la parte quejosa, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, personalidad que es admitida en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que, mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer sobre los autorizados; hasta que se reconociera la personalidad del apoderado legal situación que ya a aconteció, por tanto se provee. En consecuencia, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las persona que refiere, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Estado procesal Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas, en el expediente laboral ********************, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictó el acuerdo respecto a la admisión o desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes en el juicio de origen. Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, el veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictó el acuerdo respecto a la admisión o desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que en nada perjudica a la parte quejosa el hecho de que no se resuelva este asunto en la audiencia constitucional, en virtud de la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta y cuatro minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Delegado de la autoridad responsable, Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, solicita se le remita copia de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, o bien se cargue la misma en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con copia de la resolución en comento, y no se tiene conocimiento de su contenido, por lo que se encuentra imposibilitada a dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, solicita que una vez remitida la copia de la sentencia en comento, se le otorgue una prórroga de quince días para estar en condiciones de cumplir con lo requerido. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el contenido de la sentencia dictada en autos, se les notificó a dichas autoridades, el ocho de julio de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las piezas postales que obran en autos. Asimismo, se hace del conocimiento al oficiante, que la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se encuentra debidamente integrada en el expediente electrónico relativo al presente asunto; tal y como se desprende de la certificación que antecede, y del acuse generado por el propio sistema. Aunado a lo anterior, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que dimane del presente proveído, remítase copia de la sentencia en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el numeral 193, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Isaac Pimentel Mejía Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de diez días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto, realicen lo siguiente: Informe las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio contencioso administrativo TJA/1ªS/142/2018. Apercibimiento autoridad responsable Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Requerimiento superior jerárquico Asimismo, con fundamento en el artículo 194 de la Ley en cita, requiérase al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a efecto de que, en su carácter de superior jerárquico, ordene a Isaac Pimentel Mejía, Presidente de dicho municipio, a dar cumplimiento al fallo protector, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento, sin que lo aquí ordenado implique que dicho superior jerárquico, se limite a enviar a su vez requerimientos a las demás autoridades que deben tener intervención en el cumplimiento, sino que junto con estas últimas, deben realizar todos los actos legales que se encuentren dentro de sus facultades, tendentes a cumplir a cabalidad de manera pronta el fallo protector, so pena de incurrir en responsabilidad ante su desacato; lo cual deberá de acreditar dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído. Apercibido dicho superior jerárquico, para el caso de desacato a dicho requerimiento, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia con registro digital 196904, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, Tomo VII, página 160, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
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