María Romualda García Miranda y Otros.
Expediente 399/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Romualda García Miranda
- María Romualda García Miranda y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales que sean procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE MARÍA ROMUALDA GARCÍA MIRANDA, EL AUTO QUE DICE: Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; mediante el cual, manifiesta que desiste de la demanda de amparo; sin embargo, para estar en condiciones de acordar lo procedente, ordénese su ratificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, requiérase a la promovente para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que quede legalmente notificado de este acuerdo comparezca ante este órgano jurisdiccional, sito en Avenida Culturas Veracruzanas, número ciento veinte, Edificio B, primer piso, colonia Reserva Territorial, en esta ciudad, con documento idóneo, a ratificar el escrito de mérito; apercibida que, de no hacerlo, se continuará con el procedimiento en este asunto. En ese mismo sentido, de ser el caso, que el Actuario Judicial de la adscripción, entienda la diligencia de notificación que se ordena con la parte quejosa, se faculta para que en el acto recabe y haga constar si es su voluntad desistir de este juicio de amparo; ello con estricta observancia a las formalidades legales conducentes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Analizada la demanda de amparo que promueve María Romualda García Miranda, quien se ostenta Investigador Socioeconómico adscrita al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno correspondiente con el número de juicio 399/2016. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 6° de la Ley de Amparo en vigor, determina: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Así, se tiene que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. HECHOS En el caso, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: ? El oficio FGE/DGA/550/2016, de siete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mediante el cual se "pretende" cambiar de adscripción a la promovente. Asimismo, del escrito de demanda, se advierte que María Romualda García Miranda, se ostenta Investigador Socioeconómico adscrita al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; sin embargo, omitió anexar constancia legal alguna con la que acredite la personalidad con la que promueve. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que la promovente omitió anexar constancia legal alguna con la que acredite la personalidad con la que promueve. II. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la directa promovente para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, cumpla con lo siguiente: a) Exhiba documento o constancia certificada con la cual acredite la personalidad con la que se ostenta, es decir, de Investigador Socioeconómico adscrita al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. b) Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en este acuerdo, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Asimismo, se hace saber a la promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 200084 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996 Página: 48 Tesis: P. /J. 43/96 Jurisprudencia Materia(s): Común "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Hágase saber a la promovente el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." (.) III. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la promovente de la demanda de amparo que, de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en los términos precisados en el apartado anterior, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica, por así haberlo solicitado, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo V. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6º del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.
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