María Romina García Corona

Expediente 1287/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1287/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • María Romina García Corona
  • Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintidós de agosto pasado, para que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que a la fecha hubiesen realizado alguna manifestación al respecto. En ese contexto, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual debe tenerse presente que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes. I. El trece de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** y ********************, para los efectos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** y ********************, para efecto de que el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato: Deje sin efectos los autos de veinticuatro de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós, dictados en el juicio ******************** de su estadística, y en su lugar emita otra determinación, en la que bajo los lineamientos vertidos en esta sentencia, y valorando los elementos particulares de las quejosas, declare que continúa vigente el estado de necesidad alimentario otorgado a su favor. En la inteligencia de que, antes de que emita el pronunciamiento correspondiente, de oficio, deberá recabar todas aquellas pruebas necesarias para conocer con certeza las necesidades de las acreedoras alimenticias, a fin de que establezca correctamente las condiciones en que deberá cumplirse el derecho alimentario y por cuánto tiempo aproximado. A manera de ejemplo, puede solicitar las constancias académicas actualizadas de cada una de las quejosas, con el objeto de que identifique si ******************** a la fecha ha cursado las materias necesarias para finalizar el programa de su licenciatura en Gestión Empresarial, o bien, requerir información sobre las asignaturas que tenga pendientes de cursar y la modalidad en que debe hacerlo. También puede allegarse de información sobre el tiempo aproximado que puede durar el proceso de titulación de la Universidad de Guanajuato y el estado que guardan sus prácticas y servicio profesional. Asimismo, allegarse de información sobre si ******************** culminó sus estudios de Bachillerato General bajo la modalidad abierta impartida Instituto de Aprendizaje en Línea (INSTAL), en caso afirmativo, si está en trámite o no su constancia de estudios. Sobre todo recabar, es importante, la opinión de ******************** para saber si su deseo es continuar estudios universitarios, o bien, una preparación técnica para desempeñar un oficio. (.)". II. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió su cumplimiento a la Juez de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato. III. Al desahogar dicho requerimiento, la responsable informó diversas medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo amparador, a saber: Requirió al Coordinador de Asuntos Escolares del Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato para que, entre otras cuestiones, informara si ******************** García Corona ha cursado las materias necesarias para finalizar el programa de la licenciatura en Gestión Empresarial, o bien, indique las asignaturas pendientes de cursar y la modalidad en que debe hacerlo, así como las constancias académicas actualizadas. Solicitó al Instituto de aprendizaje en línea (INSTAL) informara si ******************** culminó sus estudios de Bachillerato General bajo la modalidad abierta en línea y, en caso afirmativo, si está en trámite o no la constancia de estudios. Al respecto, el instituto refirió que no ofrece estudios de bachillerato en ninguna modalidad, por ende, no otorga certificados de estudios, sino que solamente ofrece un curso en línea de preparación para el Examen CENEVAL y, en caso de que ******************** lo presente y apruebe, será la Secretaría de Educación Pública la que otorgará el certificado de preparatoria correspondiente. Exhortó a ******************** para que en el término de tres días manifestara si deseaba o no continuar con sus estudios universitarios, o bien, una preparación técnica para desempeñar un oficio. Al desahogar el requerimiento, la quejosa manifestó que sí deseaba continuar con sus estudios profesionales. Informó que ******************** presentaría el examen CENEVAL (EXACER) de la Secretaría de Educación Pública el once de junio de dos mil veintitrés. iv. Por auto de treinta de junio del año en curso, este Juzgado de Distrito conminó a la juez familiar para que diera cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, en razón de que, hasta esa fecha, se desconocía pronunciamiento alguno sobre la vigencia o no del estado de necesidad alimentario a favor de las quejosas. v. A través de sendos oficios, la juez responsable informó sobre diversas medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo amparador, a saber: Requirió al Coordinador de Asuntos Escolares de la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca, para que informara: a. Si la quejosa ******************** concluyó en su totalidad la licenciatura en Gestión Empresarial de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca. b. Si ******************** cumplió con los requisitos necesarios para iniciar el trámite de titulación, en caso contrario, precisara los requisitos que le faltan para tal efecto. Al respecto, la autoridad universitaria informó que la quejosa culminó sus estudios de la licenciatura en Gestión Empresarial en el periodo comprendido de agosto a diciembre de dos mil veintidós; asimismo, que no había iniciado los trámites de titulación, pese a que cumple con los requisitos para tal efecto. Requirió a ******************** para que: a. Allegara el resultado del examen CENEVAL programado para el once de junio del actual, con el objeto de que le fuera otorgado el certificado de preparatoria. b. Precisara si actualmente está inscrita en alguna universidad con el objeto de continuar sus estudios profesionales. Al respecto, se advierte que el requerimiento no fue desahogado por la responsable. vi. Por medio del oficio JPFS/5693/2023, la juez familiar informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para acreditarlo remitió copia certificada del proveído de dieciséis de agosto pasado, dictado en el expediente ******************** de su índice, en el que medularmente se advierte que: i. Dejó insubsistentes los autos de veinticuatro de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós; y ii. Recabadas diversas pruebas -aquí relatadas como medidas de cumplimiento al fallo protector -, emitió otra resolución en la que consideró que continuaba vigente la necesidad de las quejosas para recibir alimentos por parte de su progenitor -aquí tercero interesado-; por lo que otorgó un plazo de ocho meses, contado a partir de que se tenga cumplida la ejecutoria de amparo, para que: a. ******************** García Corona realice el trámite necesario para la obtención de su título, a fin de que esté en condiciones de ejercer su profesión. b. ******************** acredite haber obtenido el certificado de bachillerato y estar cursando estudios universitarios, o bien, demuestre haber optado por una preparación técnica para desempeñar un oficio. Lo anterior, en razón de que advirtió que la intención de ******************** era obtener su certificado de bachillerato y continuar con una carrera universitaria, tan es así, que demostró haberse inscrito al curso de preparación impartido por el Instituto INSTAL. La responsable precisó que una vez transcurrido el término de ocho meses, los alimentos suministrados a ******************** serán cancelados; mientras que la pensión alimenticia a favor de ******************** subsistirá siempre y cuando acredite alguna de las circunstancias precitadas, en caso contrario, será cancelada. Con dichas documentales remitidas por la autoridad responsable, en proveído veintidós de agosto pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento dado al fallo protector con base en lo manifestado por la responsable y con las constancias que integran el expediente en que se actúa; sin que a la fecha las partes hicieran manifestación alguna al respecto. Pronunciamiento. Las documentales aportadas por la Juez de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y acreditan que atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo, en razón de que: i. Por auto de dieciséis de agosto pasado dejó insubsistentes los autos de veinticuatro de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente ********************, de su índice. ii. Recabó diversas pruebas con el objetivo de conocer con certeza las necesidades de las acreedoras alimenticias. Hecho lo anterior, emitió otra resolución en la que concluyó que seguía vigente la necesidad alimentaria de las quejosas; sin embargo, otorgó un plazo de ocho meses, contado a partir de que se tenga cumplida la ejecutoria, a fin de que: ******************** García Corona realice el trámite necesario para la obtención de su título, con el objetivo de que esté en condiciones de ejercer su profesión. ******************** acredite haber obtenido el certificado de bachillerato y estar cursando estudios universitarios, o bien, demuestre haber optado por una preparación técnica para desempeñar un oficio. En ese contexto, este juzgado considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Este expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En esa medida, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio. Devuélvase a la Juez de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, los cuadernos auxiliares de pruebas aportados a este sumario, en virtud de que es innecesario su resguardo en este órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    Vista la cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente. Bajo ese contexto, toda vez que en autos no hay actuación pendiente de desahogo, aunado a que fue concedida la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, se ordena el archivo del cuaderno incidental en el que se actúa, como asunto concluido; y en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Este cuaderno incidental debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese lapso, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Juez de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del proveído de dieciséis de agosto pasado, dictado en el expediente F-1610/2021 de ese índice, en el que se advierte que: i. Dejó insubsistentes los autos de veinticuatro de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós; y ii. Una vez recabadas diversas pruebas, la juez familiar emitió nueva resolución en la que concluyó que seguía vigente la necesidad de las quejosas para recibir alimentos por parte de su progenitor -aquí tercero interesado-; por lo que otorgó un plazo de ocho meses, contado a partir de que se tenga cumplida la ejecutoria, a fin de que: a. María Romina García Corona realice el trámite necesario para la obtención de su título, para que esté en condiciones de ejercer su profesión. b. María José García Corona acredite haber obtenido su certificado de bachillerato y estar cursando estudios universitarios, o bien, haber optado por una preparación técnica para desempeñar un oficio. La responsable precisó que una vez transcurrido dicho término, los alimentos suministrados a María Romina García Corona serán cancelados; mientras que la pensión alimenticia a favor de María José García Corona subsistirá siempre y cuando acredite alguna de las circunstancias precitadas, en caso contrario, será cancelada. Al respecto, previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias aportadas para tal efecto, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia con que de no hacerlo dentro del lapso que se les concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia..."

  4. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Juez de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del proveído de dieciséis de agosto pasado, dictado en el expediente F-1610/2021 de ese índice, en el que se advierte que: i. Dejó insubsistentes los autos de veinticuatro de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós; y ii. Una vez recabadas diversas pruebas, la juez familiar emitió nueva resolución en la que concluyó que seguía vigente la necesidad de las quejosas para recibir alimentos por parte de su progenitor -aquí tercero interesado-; por lo que otorgó un plazo de ocho meses, contado a partir de que se tenga cumplida la ejecutoria, a fin de que: a. María Romina García Corona realice el trámite necesario para la obtención de su título, para que esté en condiciones de ejercer su profesión. b. María José García Corona acredite haber obtenido su certificado de bachillerato y estar cursando estudios universitarios, o bien, haber optado por una preparación técnica para desempeñar un oficio. La responsable precisó que una vez transcurrido dicho término, los alimentos suministrados a María Romina García Corona serán cancelados; mientras que la pensión alimenticia a favor de María José García Corona subsistirá siempre y cuando acredite alguna de las circunstancias precitadas, en caso contrario, será cancelada. Al respecto, previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias aportadas para tal efecto, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia con que de no hacerlo dentro del lapso que se les concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

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