Maria Romero Cruz
Expediente 1723/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1723/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2019
Partes del expediente
- Maria Romero Cruz
Actuaciones
- Principal
VI)Toluca, Estado de México; catorce de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Romero Cruz, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó al escrito inicial de demanda y autoriza a diversas personas para recibirlos. Atento a lo anterior, devuélvansele los documentos referidos, como lo prevé el numeral 280, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, previa copia simple que se deje en autos por ser un asunto concluido y comparecencia de persona autorizada para tales efectos; teniéndose como autorizados a las personas designadas para tal efecto En el entendido que quien se presente a recogerlos deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación precedente, evidencia que el quejoso María Romero Cruz, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído del veintidós de noviembre pasado, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa exhibió un documento original, se hace de su conocimiento que se deja a su disposición. De igual forma, hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido de que deberá dejarse en su lugar copia simple de éste, toda vez que el presente sumario constitucional es un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María Romero Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1723/2018-VI. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura integra al escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho emitido en el juicio de violencia familiar 182/2018, por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual se decretó una medida precautoria consistente en la desocupación de Ismael Valdez Romero, como presunto agresor o probable responsable del domicilio que habita la víctima, es decir, el ubicado en calle el Cedro, Cuarto Cuartel, en el Poblado de San Luis Boro, Municipio de Atlacomulco, México; y su ejecución. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. . Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los artículos 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos preceptos legales 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En relación con las nociones de agravio y de legitimación para interponer un medio de defensa o recurso contra la resolución el acto que lo ocasiona, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas de orden teórico: 1. Para Hernando Devis Echandía por recurso o medio de defensa se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el propio juez que profirió una providencia, su superior o quien por ley deba hacerlo la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El citado autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores del juez que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto y actual respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo -concluye- puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. 2. En cuanto al tema, Hugo Alsina dice que los recursos o medios de defensa son aquellos que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponerlos constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, aquéllos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, en consecuencia, a ellas corresponde su deducción; pero hay casos en que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. En consecuencia, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso y por eso se concede aun a los que no siendo partes en el proceso sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, sin que proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte. 3. Por su parte, Eduardo Pallares sostiene al respecto que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un "agravio" por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor ha enseñado que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los medios de impugnación son los que otorga la ley a las partes o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, incluso, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine su revocación o modificación, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para interponerlo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa, lo que ha producido el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso". Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que la promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que los actos reclamados no le causan agravio material en su esfera jurídica, pues en el expediente 182/2018, de donde deriva el acto reclamado fue promovido por Elsa López Cruz, contra Ismael Valdez Romero, en el que se emitió una medida precautoria determinando que el demandado (Ismael Valdez Romero), tenía que desocupar el domicilio en que habita la víctima (Elsa López Cruz); sin embargo es evidente que el acto que aquí reclama no le causa un agravio personal y directo, pues dicha determinación no va dirigida a la hoy quejosa ni vulnera su esfera jurídica, pues no se está dilucidando alguna cuestión de la propiedad o posesión del inmueble, ni se advierte algún uso de la fuerza pública parar entrar a dicho domicilio o algún otro acto de molestia similar, aunado a que de las constancias que exhibió se advierte que el veintitrés de marzo de este año, el Juez responsable tuvo como domicilio correcto para que pueda ser emplazado el demando un domicilio diferente, y en un diverso escrito se advierte que la actora hizo del conocimiento al juez que el demandado ya había salido del domicilio familiar el veintidós de febrero de este año. De ahí que al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, del Tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos cincuenta y seis, Quinta Época, con número de registro 316003, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por María Romero Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fijan en los estrados de este órgano de control constitucional, por así señalarlo la parte quejosa. Autorizados. Se tienen como autorizadas las personas referidas en el escrito de cuenta en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones, así como documentos, por así señalarlo la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa al ser el domicilio señalado para tal efecto.
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