Maria Rocio Padilla Hernandez
Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/09/2023
Partes del expediente
- Maria Rocio Padilla Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de septiembre de dos mil veintitrés. I. Tribunal Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veintinueve de agosto del año en curso, del que se desprende que el citado órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, el cual radicó con el número de queja civil 210/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Boleta. Agréguese a los autos la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común, de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto en autos, fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado -Admite Revisión-. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual, informa que mediante auto de once de agosto del año en curso, admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio, registrándolo bajo el amparo en revisión ..., de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Vinculación de expediente electrónico. Aunado a lo anterior, se concede a la superioridad en cita el acceso a este expediente electrónico para su consulta íntegra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Rocío Padilla Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1018/2023. El artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tiene como acto reclamado destacado lo siguiente:[.] En ese sentido, se concluye que respecto al acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se mpone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previo a la promoción del juicio de amparo. En principio, es dable establecer que la quejosa reclama el auto por el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio sumario hipotecario donde es parte demandada y fue condenada, en contra de dicho auto es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben:[.] De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados; sin que pase desapercibido que si bien, en el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro4 , se prevé que la declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite más recurso que el de responsabilidad, no obstante, conforme al diverso numeral 465, segundo párrafo5 , que dispone que las reglas del juicio ordinario se aplicarán al juicio sumario, en lo que no se oponga a lo dispuesto en el capítulo relativo denominado como "Capítulo Séptimo - De la sentencia ejecutoriada" que se encuentra inmerso dentro del "Título Sexto - Del juicio ordinario", en el caso, se estima que toda vez que el acto reclamado deriva de un juicio sumario hipotecario, el precepto legal aplicable es el previsto en el artículo 5016 de la citada normatividad, que dispone expresamente que las resoluciones dictadas en la vía sumaria hipotecaria podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo y en ningún caso podrá suspenderse el procedimiento. Esto es, que para determinar si dicha regla sobre la admisibilidad de la apelación, que está dada para la generalidad de los juicios, es aplicable al juicio sumario hipotecario, es necesario tener presente el principio, según el cual, la ley especial priva sobre la general, de manera que deben analizarse las reglas de ese juicio específico a fin de establecer si entre ellas existe alguna que impida la aplicación de la norma general sobre la procedencia de la apelación según el monto del negocio, o que establezca una norma diferente al respecto, cuya aplicación deba privilegiarse, lo cual en el caso no acontece dicha restricción, en tanto en el capítulo espacial de los juicios sumarios -título séptimo, capítulo primero-, como el apartado del hipotecario -capítulo tercero-, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en donde en éste último se encuentra el referido artículo 501, que posibilita la procedencia de la apelación en las resoluciones dictadas en la vía sumario hipotecaria. Sin que de dichos capítulos especiales, se desprenda una restricción para el auto que informa a las partes contendientes que su plazo para interponer los recursos ordinarios de defensa previstos por la Ley ha fenecido, dándole así a la sentencia el carácter de definitivo, como en el caso acontece con el acto reclamado impugnado en el presente asunto. De lo que se concluye que la parte quejosa estaba obligada a agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, ya que la apelación sería el medio de densa idóneo cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el auto de trece de julio de dos mil veintitrés, por el que se declara ejecutoria la sentencia definitiva emitida en los autos del juicio sumario hipotecario ****, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, pues se encuentra comprendido en el supuesto hipotético que prevén los artículos 501, 728 y 736 del Código Adjetivo Civil del Estado Bajo esas premisas, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se encuentra previsto en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa o recursos previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, torna improcedente el presente juicio biinstancial. Ello, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional, pues se insiste, existe la posibilidad de que el acto reclamado pudiera ser revocado, modificado o nulificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió; en consecuencia, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuidas en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "****". En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario referido, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo8 , se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles.
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