María Rocío Castro Paniagua
Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2021
Partes del expediente
- María Rocío Castro Paniagua
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Destrucción de expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que tuvó por no presentada la demanda de amparo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2, del capítulo 8 "Consideraciones previas a la Destrucción de Expediente" del Manual para organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material. A juicio de la suscrita por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico.
- Principal
Vista la certificación de cuenta así como el estado procesal que guardan los presentes, se obtiene que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante auto de dos del mes y año en curso (fojas 106 a 108), para que ratificara la demanda de amparo promovida en su favor, sin que ello aconteciera; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el proveído en comento y se tiene por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias dictadas con motivo de su tramitación.
- Principal
Prevención. Ahora bien, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, de conformidad con el numeral 114, de la Ley de Amparo se desprende que tal precepto legal aplicable, no limita las facultades de la suscrita para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por el quejoso, con lo cual se considera mandarlo prevenir cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 2. Se hubiere omitido algunos de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo; 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento con que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, y; 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En esa tesitura, con apoyo en los artículos 108, fracción I y 114, fracción IV, todos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio: 1) Acredite con documento fehaciente la personalidad con la que se ostenta como albacea de la sucesión a bienes de **, en virtud que dice acreditar su personalidad en términos de la escritura pública ocho mil seiscientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Notario Público cincuenta y cuatro del Estado de México, que acompaña a la demanda, sin embargo, ésta obra en copia simple, por ende, es carente de valor probatorio pleno, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precise el acto reclamado, esto es, informe con exactitud cuál es el bien materia del acto reclamado y cuya afectación aduce tendrá la masa hereditaria. Lo anterior, en razón de que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que al parecer existen dos bienes con superficies y colindancias distintas derivadas de la división de fracciones que informa aconteció en el juicio de origen, pues precisó:... Lo anterior, toda vez que es necesario para proveer fundadamente sobre la presente demanda y la autoridad responsable conozca precisamente el acto que se le reclama para estar en aptitud de rendir su informe justificado. Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento a la prevención formulada con el inciso 1) se tendrá por presentada únicamente por propio derecho y en cuanto a la formulada en el inciso 2) se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley en materia. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la promoventes, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la lista que se fijan en los estrados de este juzgado. Ahora bien, en cuanto a la certificación secretarial de cuenta, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de amparo a ***, limitación que subsistirá hasta en tanto tenga registrada ante este Juzgado de Distrito su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ello acorde con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo.
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