María Reyna Velarde Cruz

Expediente 552/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
552/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Sebastián Gómez Ortíz
  • María Reyna Velarde Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a los quejosos ---para que, dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles, recojan los documentos exhibidos en original; apercibidos que en caso de no hacerlo, dicho(s) medio(s) de prueba podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente, lo anterior de conformidad con el último párrafo del numeral décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Finalmente, el suscrito Secretario en funciones de Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEOSO, DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a los quejosos ---para que, dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles, recojan los documentos exhibidos en original; apercibidos que en caso de no hacerlo, dicho(s) medio(s) de prueba podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente, lo anterior de conformidad con el último párrafo del numeral décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Finalmente, el suscrito Secretario en funciones de Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO, DEL AUTO DE DOS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por recibida la demanda de amparo que promueve MARÍA REYNA VELARDE CRUZ y SEBASTIÁN GÓMEZ ORTÍZ, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de Colima, y otras autoridades, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 552/2018-II-AE, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo actio de amparo, en especial el acto que se reclama, pues el mismo permite al suscrito juzgador esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad impetrante de amparo, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República así como en la Jurisprudencia 183/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , es dable concluir que la parte quejosa reclama en esencia la falta de emplazamiento, la sentencia dictada en el juicio de nulidad de escritura 15-0628-117C, del índice de la responsable; así como los actos de ejecución de la misma. Acto respecto del cual, este órgano de control constitucional estima que se encuentra actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 , fracción XIV, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 13, 139-144 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". En el caso particular, se encuentra demostrado que el agraviado consintió el acto reclamado, esto es, que no instó el juicio constitucional dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 30/2007, visible en la página 286, tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, Registro 172550, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Aquí debe precisarse que los impetrantes de amparo tuvieron conocimiento de los actos que por esta vía se combaten, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por así manifestarlo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. Así, de la boleta de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se advierte que los quejosos presentaron la demanda que se provee, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho; por tanto, feneció el término de los quince días que disponía para promover el juicio de amparo en contra de la falta de emplazamiento dentro del expediente 15-0628-117C, del índice de la responsable; la sentencia definitiva, así como los actos de ejecución de la misma. En efecto, el término para presentar la demanda de amparo, inició el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, un día después al en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados, y a partir de éste se computa el plazo de los quince días excluyendo los días sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de la Amparo , y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , venciendo dicho término el seis de junio de dos mil dieciocho. Por lo que dado que los solicitantes de amparo, combatieron los actos reclamados en comento, hasta el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, fecha en que presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, según se aprecia de la boleta de turno de demanda; es indudable que la demanda es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis, implica un consentimiento tácito por parte de los quejosos que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo ". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda.

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