Maria Reyna Maldonado Alvarado
Expediente 660/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Reyna Maldonado Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del tres al dieciséis de agosto del dos mil dieciséis; sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución dictada con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Cuernavaca Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado Jorge Carenzo Rivas, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 660/2016, promovido por ******************. Abierta la misma, el Secretario de la sección de amparo, hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Atento a lo anterior, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas aquí en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales que exhibió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado consistente en copia certificada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, motivo por el cual, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la presente diligencia, procediendo a dictar la resolución correspondiente: V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 660/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y no de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por ****************, y remitidas por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos el mismo día, en la vía indirecta solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "III. Autoridad responsable. Ordenadoras: 1.. Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; 2. Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; "ACTO RECLAMADO: Contra el auto de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis en el que determina actos de ejecución en el expedeinte15/2016-2, del Juicio ejecutivo mercantil, emitidos por el juez de primera instancia del Sexto Distrito Judicial, el Estado de Morelos, consistente en embargar bienes propiedad de mi esposo EMILIO CANIZAL TAPIA, bienes de los cuales soy copropietaria del cincuenta por ciento de su valor, de conformidad a la sociedad conyugal que se encuentra estipulada en la celebración de nuestro matrimonio." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, previo cumplimiento de una prevención, se ordenó el registro de la demanda de amparo, correspondiéndole el número 660/2016; se admitió dicha demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por conducto del actuario adscrito a este órgano jurisdiccional se emplazó a la presente contienda constitucional a los terceros interesados; en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, así como precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. También see señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede, la cual forma parte integrante de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo fracción XVIII y cuarto fracción XVIII, de los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el Territorio de la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de autoridades que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de garantías, atento a lo indicado en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 19, visible en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir: El auto de exequendo de catorce de enero de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2, del índice de la responsable ordenadora. Al respecto, el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que conforme a sus atribuciones legales se le reclama; en consecuencia, dicha afirmación es suficiente para tener por acreditado al mismo, conforme a lo previsto en la jurisprudencia número 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". El actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, únicamente se adhirió a lo manifestado por el titular del órgano judicial de referencia. TERCERO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia. Bajo esa directriz, este resolutor advierte que en el presente caso, en cuanto a los actos del que se duelen las garantes, los cuales, se insiste, se hizo consistir en el auto de exequendo de catorce de enero de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2, del índice de la responsable ordenadora, respecto del cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, a contario sensu. Para satisfacer el propósito anunciado ha de estarse a lo que, sobre el particular, se establece en la Ley de Amparo, en sus artículos 6º y 61, los cuales en la parte que interesa, se señala: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [...] [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De una interpretación armónica y sistemática de los invocados preceptos normativos, se desprende que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto procesal, que el peticionario de amparo acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante. Además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente; por el contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que, la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, en términos de los artículos 5º y 6° de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, Tomo VI, Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resuelve, es conveniente reseñar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales de desprenden del contenido del libelo de garantías, así como de las constancias que como justificación de los mismos remitieron las responsables Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, y actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, a las cuales el suscrito otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, de las que se desprende lo siguiente: Mediante escrito de doce de enero de dos mil dieciséis, Isabel Cristina Gil Cabañas y otros, en carácter de endosatario en propiedad de un título mercantil denominado pagaré, promovieron juicio ejecutivo mercantil contra Emilio Canizal Tapia, demandando diversas prestaciones (fojas 32 a 34). Por acuerdo de catorce enero de dos mil dieciséis, el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, dio entrada a la demanda que le fue planteada en la vía ejecutiva mercantil, radicándola bajo el número de expediente 215/2016-2, ordenando el emplazamiento de la parte demandada Emilio Canizal Tapia, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda se hubiere logrado dicho emplazamiento, y mucho menos realizado embrago alguno. Como se aprecia de los antecedentes relatados, la impetrante no es parte formal en el juicio del cual emanaron los actos reclamados, por lo que en el presente juicio constitucional se ostenta con el carácter de tercero extraño. En efecto, la quejosa María Reyna Maldonado Alvarado, ostentándose tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2, promovido por Isabel Cristina Gil Cabañas y otros, reclamaron la tramitación del juicio ejecutivo mercantil señalado, del índice de la responsable, Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; la orden de requerimiento de pago y embargo de catorce de enero de dos mil dieciséis, a desahogarse en calle Calvario Número 10, Barrio Santiago, de Tetela del Volcán, Morelos, reclamados en esta instancia constitucional. Ahora, como ya se dijo, de la interpretación de los artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa, y que dicha afectación en la esfera jurídica del gobernado debe ser de manera directa e inmediata. Bajo esa línea de estimación, se arriba a la conclusión que tal situación no acontece en el presente caso, puesto que, es evidente que con las resoluciones de seis y veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitidas por el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2, mediante el cuales dicto ordenó requerir de pago y/o embargo, no resulta lesionada en sus intereses jurídicos la parte quejosa. En efecto, se advierte que con el auto de exequendo, el requerimiento de pago y/o embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil número 15/2016-2, en contra de las partes sustanciales en la relación jurídico procesales de dicho juicio, la parte quejosa no resulta lesionada en sus intereses jurídicos, por tratarse únicamente de determinaciones que sólo afecta a las partes en el citado proceso, en el cual, por el momento, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, puesto que no hay alguna determinación que pretenda ejecutarse directamente en su perjuicio, momento en el cual podrá acudir al juicio de amparo. De ahí que, en el caso a estudio, ningún perjuicio se les ocasiona a la parte quejosas en su esfera de derechos fundamentales o patrimoniales. Por tanto, es evidente que en el caso, la parte impetrante no acreditó el agravio personal y directo y con ello, su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, actualizándose la mencionada causal de improcedencia y con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Por último, sirve de apoyo la jurisprudencia 293, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242, Tomo VI, Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis identificada como I.8o.C.4 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo II, agosto de 1995, en la página 653, la que por rubro y texto dice: "TERCERO EXTRAÑO. EL AGRAVIO DIRECTO E INMEDIATO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR ESTE, SE ACTUALIZA CUANDO EXISTAN RESOLUCIONES QUE PRETENDAN EJECUTARSE EN SU PERJUICIO Y NO POR ACTUACIONES PREVIAS AL MANDAMIENTO DE EJECUCION. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracciones I, II, inciso c) y VII constitucional, 4o. y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se aprecia que cuando un tercero extraño a juicio promueve el amparo, le es aplicable el principio general de procedencia consistente en que sólo puede promoverse a instancia de parte afectada, lo cual significa que debe demostrarse que las actuaciones del juicio al que es extraño o que deriven del mismo y que se reclaman, le ocasionan un agravio actual, inmediato y directo; por ello, la regla general a la que debe atenderse para determinar la oportunidad para promover el amparo por un tercero extraño a juicio, es la afectación a su interés jurídico; es decir, el término relativo empezará a partir de que tiene conocimiento del acto que le causa perjuicio jurídico y que lo legitima a promoverlo. Cuando se trate de actuaciones que requieran ejecución, para que el agravio se produzca en perjuicio de la persona extraña a juicio, debe determinarse que el término para promover el amparo empezará a partir de que tales actuaciones pretendan ejecutarse en su perjuicio y no con anterioridad, pues será hasta ese momento cuando se actualicen las características que debe revestir el agravio, ya que previamente a ello el juicio sólo trae consigo la posibilidad incierta de que llegue a afectarle, porque precisamente por ser ajeno a la controversia respectiva, los actos y resoluciones del juicio no lo obligan, originando tan sólo derechos y obligaciones para las partes en litigio, además de que tales actuaciones son susceptibles de ser modificadas o revocadas mediante los recursos o medios de defensa que puedan hacer valer las partes. Lo anterior, permite concluir que el agravio directo e inmediato para la procedencia del amparo promovido por un tercero extraño al juicio, se actualiza cuando existan resoluciones que pretendan ejecutarse directamente en su perjuicio y no por actuaciones previas al mandamiento de ejecución". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). . Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1° fracción I, 61, 62, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ***************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el considerativo tercero de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe .
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Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio número 1865, signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, a través del cual devuelve diligenciado el despacho número 1062/2016, con número de origen 542/2016, del índice de este Juzgado Federal. Como se advierte de las constancias que remite la autoridad oficiante, obra el emplazamiento de la tercero interesada *********, *********, ********* y *********, realizado por la actuaria judicial de su adscripción. En consecuencia, se tiene por emplazada al presente juicio de garantías para todos los efectos legales consiguientes, a la parte tercero interesada *********, en términos del artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo. En tal virtud y toda vez que con fecha siete de julio del año en curso, se emplazó al presente juicio de amparo a los terceros interesados de referencia; consecuentemente, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las DOCE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. Al caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 54/2000, que aprobó la contradicción de tesis 29/98-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE. EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,"), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito deber diferir, de oficio y por y una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la Ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y de las constancias que anexó la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, se desprende que los terceros interesados *************************, señalaron como domicilio procesal el ubicado en calle Baluarte número 26, colonia centro del Municipio de Cuautla, Morelos. Por tanto, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus instrucciones a quien corresponda y se emplace a juicio a los terceros interesados **************************, en el domicilio ubicado en en calle Baluarte número 26, colonia centro del Municipio de Cuautla, Morelos; corriéndoles traslado con una copia de la demanda, haciéndoles saber el día y hora de la audiencia constitucional, requiriéndoles para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación, señalen domicilio en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, para oír y recibir notificaciones, derivadas del presente juicio de amparo, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del lapso concedido, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los Estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado. Emplazamiento que deberá realizarse en términos del artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente; Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo.." Por tal virtud, se otorga plenitud de facultades al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, para que el emplazamiento ordenado en párrafos precedentes, se realice aún en horas y días inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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