María Renee Hernández Hernández
Expediente 865/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Renee Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita,1 el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. - Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda. Vista la certificación que antecede y apareciendo de la misma que ya transcurrió el término de cinco días que se concedió a la parte promovente **********, para que cumpliera con la prevención que se le hizo por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y con apoyo en el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Se informa cambio de titular Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
****Número de expediente: 865/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda. Vista la certificación que antecede y apareciendo de la misma que ya transcurrió el término de cinco días que se concedió a la parte promovente **********, para que cumpliera con la prevención que se le hizo por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y con apoyo en el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Se informa cambio de titular Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. *****
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Se realiza precisión Vista el estado de autos de los que se advierte que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ********************, sin embargo, en el expediente electrónico consta después del dictado de la referida sentencia, inserto un archivo que contiene un formato de audiencia constitucional y la sentencia de un diverso juicio de amparo ********************, lo cual no corresponde al presente asunto. En ese tenor, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia fue dictada en los términos siguientes: "Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 173/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado en buzón judicial, remitido el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y enviado en esa data a este órgano jurisdiccional por razón de turno, ************, en su carácter de apoderada del ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. HONORABLE TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, [.] IV. RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE: La resolución interlocutoria emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral de origen ********************. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, bajo el expediente 173/2021; se solicitó el informe justificado correspondiente, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 12 a 17). Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 47), se señalaron las diez horas del veintitrés de julio del dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En la referida data se celebró la audiencia de ley, al tenor del acta que antecede. Cabe destacar que, a partir del dieciocho de marzo del año próximo pasado, se suspendieron en su totalidad de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que se fue modificando a través de los diversos acuerdos generales que se emitieron para regular el esquema de trabajo y medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. El veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del tres de agosto del mismo año, se reanudaron en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con la circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, a partir del uno de febrero del presente año, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales del Vigésimo Octavo Circuito es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlo en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada dentro del expediente laboral ********************-D, por la cual se declaró improcedente el incidente de competencia, promovido por el ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Presidente y representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (fojas 29 a 31), aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora de las constancias que se remitieron a este órgano jurisdiccional en apoyo al informe justificado, documentales que, por ser públicas, se les confiere eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. A efecto de establecer si la demanda fue presentada oportunamente, debe atenderse al acto reclamado que se hace consistir en la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada dentro del expediente laboral ********************-D, por la cual se declaró improcedente el incidente de competencia; asimismo, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual señala los plazos para la interposición del juicio constitucional dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Ahora bien, como el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 del mismo ordenamiento legal, existen tres hipótesis para el cómputo dicho plazo: a.- A partir del siguiente en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución. c.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el presente asunto, tenemos que la quejosa fue notificada del acto reclamado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con la constancia de notificación que obra agregada en autos (foja 148, del cuaderno de pruebas I) que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 101 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el plazo para la interposición de la demanda empieza a contarse a partir del día siguiente a que surtió efectos la notificación del acto reclamado. En ese tenor, dicho plazo comenzó a correr del uno al diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, tomando en consideración que los días veintisiete y veintiocho de febrero, seis, siete, trece y catorce de marzo de dos mil veintiuno, fueron inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, es inconcuso que se encuentra dentro del plazo de quince días señalado por la ley para interponer el juicio. QUINTO. No existe causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No existiendo causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, expresó los conceptos de violación que estimó ponen en evidencia la transgresión en su perjuicio de las garantías constitucionales, los que se considera innecesario transcribir, atento a lo establecido por la tesis de jurisprudencia publicada en la página 414 y siguiente, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". SÉPTIMO. Inoperancia e infundados los conceptos de violación. Los conceptos de violación que se hacen valer, son inoperantes e infundados sin que al efecto sea procedente suplir la queja deficiente, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la autoridad responsable en la resolución reclamada en el presente juicio constitucional señaló que es infundado el incidente de competencia planteado, por las siguientes causas: Que la acción intentada por el actor ********************, no la sustenta con el carácter de un servidor público de elección popular, sino que el juicio laboral se promovió a efecto de reclamar el pago de emolumentos y demás prestaciones a las que tuvo derecho por su desempeño como Regidor Suplente del ********************, sin el carácter de servidor público de elección popular, correspondientes a los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis Que como lo sostiene el promovente el cargo por el que fue electo (2014-2016), y, la omisión de pago que reclama al Ayuntamiento, lo hace no con el carácter de integrante de éste, sino como ciudadano, por lo consiguiente, la controversia planteada debe considerarse entre ********************, con la administración pública municipal, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Que los servidores públicos tienen derecho a reclamar el pago de prestaciones con motivo de sus labores, una vez que se ubiquen en la hipótesis de la Ley respectiva. Que en estricto acatamiento al principio de exhaustividad del análisis de los medios de convicción admitidos a la parte demandada (actual quejosa), consistentes en la confesión expresa, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, no se advierte que se acredite el carácter de servidor público, no obstante que la confesión expresa, consiste en el sentido que el cargo que debió ser ocupado (2014-2016), por el actor (hoy quejoso), lo es la elección, sin embargo, como se ha establecido ********************, no realiza reclamo con el carácter de integrante de éste, sino como ciudadano, ni se advierte constancia alguna de dichos reclamos los realice con el carácter de un servidor público de elección popular. Contra dichas consideraciones la parte quejosa en sus conceptos de violación, expuso: a) Que los argumentos de la autoridad responsable para declarar improcedente el incidente de competencia, son infundados, carentes de motivación y lógica alguna, puesto que se debió tomar en cuenta su naturaleza de la acción ejercitada, lo cual puede regularmente determinarse mediante análisis de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados. b) Que de una interpretación del artículo 95 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y el 17 Constitucional, se advierte la obligación de las autoridades que al resolver las controversias deberán hacerlo de manera pronta, imparcial y gratuita, por lo que resulta un hecho notorio el Tribunal responsable es competente para conocer asuntos de naturaleza laboral, y que el actor está reclamando el supuesto pago de prestaciones originadas por el cargo obtenido de elección popular, por lo que el asunto es naturaleza electoral. c) Que de la ejecutoria de 6/2018, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, no se abordaron las cuestiones que se hacen valer en el incidente de competencia planteado. De lo anteriormente expuesto se aprecia que la parte quejosa omite combatir las consideraciones en que se apoyó el fallo reclamado para determinar que el incidente de competencia era infundado, pues no combate lo expuesto por la responsable en el sentido de que de la acción intentada por el actor ********************, no la sustenta con el carácter de un servidor público de elección popular, ni se combate que el juicio laboral se promovió a efecto de reclamar el pago de emolumentos y demás prestaciones a las que tuvo derecho el actor por su desempeño como Regidor Suplente del ********************, sin el carácter de servidor público de elección popular, correspondientes a los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis, por lo que el juicio laboral se promueve como ciudadano, por lo consiguiente, la controversia planteada debe considerarse entre ********************, con la administración pública municipal, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Asimismo, la parte quejosa tampoco combate las consideraciones que dio la responsable al establecer que en estricto acatamiento al principio de exhaustividad del análisis de los medios de convicción admitidos a la parte demandada consistentes en la confesión expresa, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, no se advierte que se acredite dicho carácter; razón por la cual dichas consideraciones deben de quedar intocadas. Al respecto conviene invocarse por su criterio jurídico la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 178786 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.3o.A. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1138 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. Por su aplicación se cita la tesis de jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Registro digital: 191370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 1051 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.- Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.". Por otra parte, es infundado lo expuesto por la parte quejosa en el sentido de que los argumentos de la autoridad responsable para declarar improcedente el incidente de competencia, son infundados, carentes de motivación y lógica alguna, puesto que se debió tomar en cuenta su naturaleza de la acción ejercitada, lo cual puede regularmente determinarse mediante análisis de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados. En efecto, deviene infundado lo expuesto por la parte quejosa, en razón de que la autoridad responsable para emitir el acto reclamado citó como fundamento los artículos 95 de la Ley Burocrática Estatal, 123, apartado B, Constitucional, y preciso que la acción intentada por el actor ********************, no la sustenta con el carácter de un servidor público de elección popular, sino que el juicio laboral se promovió a efecto de reclamar el pago de emolumentos y demás prestaciones a las que tuvo derecho por su desempeñó como Regidor Suplente del ********************, sin el carácter de servidor público de elección popular, correspondientes a los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis. En las circunstancias apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Publicidad de la sentencia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a al ********************, a través de su apoderada Laura Soledad Domínguez Lozada, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero y en términos del último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la Licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza.- Doy fe.". En consecuencia, se ordena la cancelación del oficio 19508/2021 dirigido al Presidente y representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, generado con el dictado de la sentencia, así como la notificación personal ordenada en la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Lo que se comunica a las partes para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado ********************; por vía electrónica al Fiscal Federal y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable.
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