Maria Raquel Munguia

Expediente 964/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
964/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Raquel Munguia

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Firme no presentada. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el diez de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; motivo por el cual, lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme, para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que la parte promovente no dio cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído veinticinco de julio del año en curso. No presentada. Atento a lo anterior, dado que la parte promovente no desahogó el requerimiento precisado en el auto preventivo en cita; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por no presentada la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 27/07/2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de control electrónico de este juzgado con el número 964/2023. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Cuestión previa. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en el capítulo de conceptos de violación, la parte quejosa transcribe el artículo 22 de la Constitución Política Federal; sin embargo, como enseguida se verá, en el caso a estudio no se está en presencia de alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; de ahí que resulta improcedente conceder la suspensión de plano. Cierto, no se surte ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional razón por la cual, la demanda de amparo que se promueve no es urgente, por lo que deberá de tramitarse sin la urgencia que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo y sin que haya lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de tal acto. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: (.) IV.- ACTO RECLAMADO: *****(.) Suspensión de plano. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. ******* En este orden, podemos concluir que en el caso a estudio no se reúnen los requisitos que contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional, para proveer respecto una suspensión de oficio y de plano. Para demostrar lo anterior, resulta necesario transcribir los artículos antes referidos, que en lo conducente establecen: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. (.)." Por tanto, como se anticipó, al no actualizarse alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna Federal, no procede decretar la suspensión de plano de los actos combatidos. Prevención. Continuando con el análisis de la demanda de amparo, para estar en condiciones de proveer respecto a su procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días -como lo establece el párrafo segundo del referido numeral 114, de la Ley de la Materia-, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, la parte quejosa aclare la demanda en los siguientes términos: 1) Deberá señalar con precisión qué acto le reclama a cada autoridad responsable en específico, dado que, en el apartado correspondiente se limitó a establecer lo siguiente: (.) LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR ALGUN JUEZ DE GARANTIAS DEL ESTADO SOLICITADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACION SEÑALADA (.) Es decir, se limitó a reclamar la "ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR ALGUN JUEZ DE GARANTÍAS DEL ESTADO", y su ejecución, sin señalar de manera clara qué actos en particular reclama a cada una de las demás autoridades responsables que cita, esto es, no dice de manera destacada qué acto atribuye a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Atención al Delito de Robos, y a la Unidad de Patrimoniales, lo que genera ambigüedad ocasionando a la posteridad una afectación a la correcta integración de la Litis constitucional. Apercibimiento. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que se le concede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda en primero término, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados.**. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. ****Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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