María Raquel García Vela

Expediente 2125/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2125/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • María Raquel García Vela
  • MARÍA RAQUEL GARCÍA VELA y Otros.
  • Sucesión A Bienes de Juan Guerrero Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de este año (foja 175), se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informado el cumplimiento al fallo protector y, al efecto acompañó diversas copias certificadas de las actuaciones efectuadas en el sumario natural 1027/2013 (fojas 170 a 174). En relación con lo anterior, en ese proveído se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las actuaciones de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieren hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, mediante resolución dictada en el presente sumario el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Raquel García Vela, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Guerrero Rodríguez (fojas 52 a 65). Luego, por ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el veintidós de febrero de este año, se modificó la resolución dictada por este Juzgado y se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder el amparo a María Raquel García Vela, por su propio derecho (fojas 118 a 144), para los efectos siguientes: "A) Deje insubsistente el acuerdo reclamado, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. B) Previo a acordar la petición del actor, de adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordene notificar del procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por derecho propio, a fin de que, de estimarlo conducente, haga uso del derecho del tanto que le asiste con relación a ese bien; en términos del artículo 84 de la Ley Agraria. C) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones." De lo reproducido se colige, que los actos que debía realizar el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con la ejecutoria de que se trata, son los siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. Previo a acordar la petición de la parte actora, relativa a adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordenara notificar el procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por su propio derecho, con el propósito de que de estimarlo conducente hiciera uso de su derecho del tanto que le asiste. Hecho lo anterior, continuar con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Ante ello, el Juez responsable por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural 1027/2013, dejó insubsistente el proveído reclamado, posterior a ello, y previo a continuar con la adjudicación del inmueble embargado en el sumario de origen, ordenó notificar de forma personal a María Raquel García Vela, por su propio derecho, para que si lo estimara conveniente compareciera a deducir el derecho al tanto que le asiste; y hecho lo anterior, continuaría con la secuela del procedimiento de ejecución (fojas 156 a 158); sin remitir la constancia de notificación respectiva; no obstante, adjuntó copias certificadas de las actuaciones posteriores a dicha orden, de las que se desprende que la quejosa indicada se ostentó sabedora de la vista de mérito (fojas 171 a 174). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 18 a 20 y 27 a 31), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de este año (foja 175), se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informado el cumplimiento al fallo protector y, al efecto acompañó diversas copias certificadas de las actuaciones efectuadas en el sumario natural 1027/2013 (fojas 170 a 174). En relación con lo anterior, en ese proveído se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las actuaciones de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieren hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, mediante resolución dictada en el presente sumario el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Raquel García Vela, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Guerrero Rodríguez (fojas 52 a 65). Luego, por ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el veintidós de febrero de este año, se modificó la resolución dictada por este Juzgado y se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder el amparo a María Raquel García Vela, por su propio derecho (fojas 118 a 144), para los efectos siguientes: "A) Deje insubsistente el acuerdo reclamado, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. B) Previo a acordar la petición del actor, de adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordene notificar del procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por derecho propio, a fin de que, de estimarlo conducente, haga uso del derecho del tanto que le asiste con relación a ese bien; en términos del artículo 84 de la Ley Agraria. C) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones." De lo reproducido se colige, que los actos que debía realizar el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con la ejecutoria de que se trata, son los siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. Previo a acordar la petición de la parte actora, relativa a adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordenara notificar el procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por su propio derecho, con el propósito de que de estimarlo conducente hiciera uso de su derecho del tanto que le asiste. Hecho lo anterior, continuar con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Ante ello, el Juez responsable por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural 1027/2013, dejó insubsistente el proveído reclamado, posterior a ello, y previo a continuar con la adjudicación del inmueble embargado en el sumario de origen, ordenó notificar de forma personal a María Raquel García Vela, por su propio derecho, para que si lo estimara conveniente compareciera a deducir el derecho al tanto que le asiste; y hecho lo anterior, continuaría con la secuela del procedimiento de ejecución (fojas 156 a 158); sin remitir la constancia de notificación respectiva; no obstante, adjuntó copias certificadas de las actuaciones posteriores a dicha orden, de las que se desprende que la quejosa indicada se ostentó sabedora de la vista de mérito (fojas 171 a 174). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 18 a 20 y 27 a 31), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de este año (foja 175), se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informado el cumplimiento al fallo protector y, al efecto acompañó diversas copias certificadas de las actuaciones efectuadas en el sumario natural 1027/2013 (fojas 170 a 174). En relación con lo anterior, en ese proveído se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las actuaciones de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieren hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, mediante resolución dictada en el presente sumario el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Raquel García Vela, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Guerrero Rodríguez (fojas 52 a 65). Luego, por ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el veintidós de febrero de este año, se modificó la resolución dictada por este Juzgado y se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder el amparo a María Raquel García Vela, por su propio derecho (fojas 118 a 144), para los efectos siguientes: "A) Deje insubsistente el acuerdo reclamado, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. B) Previo a acordar la petición del actor, de adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordene notificar del procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por derecho propio, a fin de que, de estimarlo conducente, haga uso del derecho del tanto que le asiste con relación a ese bien; en términos del artículo 84 de la Ley Agraria. C) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones." De lo reproducido se colige, que los actos que debía realizar el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con la ejecutoria de que se trata, son los siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. Previo a acordar la petición de la parte actora, relativa a adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordenara notificar el procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por su propio derecho, con el propósito de que de estimarlo conducente hiciera uso de su derecho del tanto que le asiste. Hecho lo anterior, continuar con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Ante ello, el Juez responsable por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural 1027/2013, dejó insubsistente el proveído reclamado, posterior a ello, y previo a continuar con la adjudicación del inmueble embargado en el sumario de origen, ordenó notificar de forma personal a María Raquel García Vela, por su propio derecho, para que si lo estimara conveniente compareciera a deducir el derecho al tanto que le asiste; y hecho lo anterior, continuaría con la secuela del procedimiento de ejecución (fojas 156 a 158); sin remitir la constancia de notificación respectiva; no obstante, adjuntó copias certificadas de las actuaciones posteriores a dicha orden, de las que se desprende que la quejosa indicada se ostentó sabedora de la vista de mérito (fojas 171 a 174). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 18 a 20 y 27 a 31), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el libelo de cuenta y anexo, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa que la parte quejosa no ha sido notificada del acuerdo de veintitrés de marzo de este año, dictado en el juicio de origen; y agrega que ésta se ostentó sabedora de dicho proveído, por escrito presentado y acordado en auto de quince de mayo de este año, tal y como lo acredita con las constancias que en copia certificada remite la oficiante. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, así como con las diversas constancias que obran a fojas ciento cincuenta y seis a ciento cincuenta y ocho, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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