María Ramírez Rosales
Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Ramírez Rosales
- Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, previo acuerdo de desincorporación se deberá destruir este expediente y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, en el presente expediente se hace la precisión de que no existen documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la relevancia documental, conservación o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 247/2023-II, promovido por María Ramírez Rosales, contra actos del Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de esta localidad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés en este Juzgado, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y ante este Juzgado el veintisiete siguiente, María Ramírez Rosales, promovió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad citados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerado. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de referencia; se registró bajo el expediente 247/2023-II; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión en acordar su petición mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de dicha autoridad y su notificación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, admitió la certeza del acto reclamado. Lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En apoyo a su informe la autoridad, envió copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda administrativa y de la que deriva el evento controvertido de inconstitucional, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Representante legal del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores en esta localidad, informó que el escrito presentado por la quejosa el trece de enero de dos mil veintitrés, fue atendido mediante oficio DR/II/SJ/000123/2023, el doce de abril del presente año, en el cual le dio respuesta a las peticiones y remitió las constancias respectivas con firma autógrafa; asimismo, remitió la constancia del citado oficio dirigido a la aquí quejosa en la cual se aprecia que esa comunicación fue recibida el catorce de abril del año actual. Cabe mencionar que, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional es la omisión de resolver y acordar la solicitud o petición que le fue planteada al Instituto señalado como autoridad responsable. A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización oficiosa de la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En efecto, con lo manifestado y constancias que remite la autoridad responsable de mérito, se estima que han cesado los efectos del acto controvertido por las razones siguientes: La quejosa consideró vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión de acordar la solicitud o petición de que le fue planteada al Instituto señalado como autoridad responsable. A su vez, el Representante legal del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores en esta localidad, informó que el escrito presentado por la quejosa el trece de enero de dos mil veintitrés, fue acordado el doce de abril del presente año, en el cual le dio respuesta a las peticiones y que dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el catorce de abril del año en curso, en el Instituto de la Defensoría Pública, como se aprecia de las constancias que remitió; asimismo, cabe mencionar que, esas constancias también le fueron notificadas por el Actuario Judicial adscrito personalmente a la quejosa a través de su autorizada el diecinueve de abril del presente año. En ese contexto se aprecia que, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 247/2023-II, promovido por María Ramírez Rosales, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria del Juzgado que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, hace constar y certifica: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexos remitidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, por medio de los cuales se le tiene dando cumplimiento al proveído del tres del mes y año en curso y remitiendo documentales que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, y con las cuáles se da vista a las partes y se les corre traslado a fin de que se enteren de su contenido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por Cindy Bernal García en su carácter de autorizada por la parte quejosa, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, atendiendo a su contenido, téngasele expresando alegatos, los que serán tomados en consideración llegado que sea el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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