María Ramírez Castro
Expediente 1707/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1707/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Ramírez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de dieciocho de febrero de la presente anualidad, respecto del cumplimiento que el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el presente expediente. En ese tenor, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Ramírez Castro. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó, para que la junta responsable realizara lo siguiente: "Dictar de inmediato los acuerdos relativos a los escritos presentados por la parte quejosa el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 12/2012 de su índice, toda vez que ha fenecido el término establecido para ese efecto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo." Posteriormente mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a la sentencia amparadora, remitió copia certificada del auto de ocho de enero del año en curso, dictado en el expediente laboral 12/2012, de su índice; sin embargo, se reservó proveer respecto de su contenido hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Después, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia; y en esa misma fecha se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las citadas constancias remitidas por la responsable, entre las que destaca el acuerdo de ocho de enero del año en curso, dictado en el expediente laboral de origen, con las cuales estimó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que hiciera manifestaciones al respecto. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, esta juzgadora federal estima que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto HA QUEDADO SIN MATERIA, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante oficio recibido por este juzgado el catorce de febrero del año actual, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 12/2012 de su índice, en el cual se advierte proveyó respecto de los escritos recibidos por la citada responsable el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en los cuales la impetrante le solicitaba se pronunciara respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el citado juicio natural, lo cual acordó favorable la junta responsable; siendo que la fecha con la que refiere dar cumplimiento al fallo protector, fue emitida con anterioridad a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintidós). En ese tenor, resulta materialmente imposible dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo en virtud de que con antelación a la emisión de la misma, la autoridad responsable ya había proveído los escritos reclamados en los términos anteriormente descritos; razón por la cual, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haber desaparecido su objetivo, que en el caso era el forzar a la autoridad responsable a que acordara de inmediato las peticiones contenidas en los escritos recepcionados por la responsable el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral de donde derivan los actos reclamados. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el precepto 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega de los citados documentos. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, se hace de su conocimiento que el horario presencial de este juzgado es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Ramírez Castro; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que por auto de quince de los cursantes, se reservó acordar respecto del oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con los cuales adujo dar cumplimiento al fallo protector, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia emitida dentro del presente asunto; en consecuencia, y toda vez que ello acontece, dése vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días con dichas documentales, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, se resolverá lo que corresponda en cuanto al cumplimiento dado por la citada autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
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mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del proveído de ocho de enero del año actual, con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en el presente asunto. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el treinta y uno de enero del presente mes, fue dictada la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual fue notificada a las partes el uno siguiente, por lo que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente, se encuentra transcurriendo; por tanto, resérvese proveer respecto al oficio y anexo de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la referida sentencia. Notifíquese.
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AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las trece horas con veinte minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida por Armando Blanco Palmeros, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 1707/2021-6, promovido por *******************. A continuación, el Secretario CERTIFICA: que en cumplimiento al proveído de tres de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 37742/2021, se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, comunicación que recibió el seis de enero de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por lo tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del siete al veintisiete de enero de dos mil veintidós, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo.???????? Atento a lo anterior, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que ofreció la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en: ? Copias simples por duplicado de la credencial de elector a nombre de la quejosa María Ramírez Castro. ? Copia simple de la audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, celebrada por la autoridad responsable en el expediente laboral 12/2012 de su índice. ? Escrito de diez de enero de dos mil diecinueve, con firma autógrafa y sello de recibido en original. ? Escrito de quince de julio de dos mil veinte, con firma autógrafa en original. ? Copia simple de la impresión del acuse de recibo de treinta y uno de julio de dos mil veinte. ? Escrito de once de enero de dos mil veintiuno, con firma autógrafa y sello de recibido en original. ? Escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con firma autógrafa y sello de recibido en original. Al respecto la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1707/2021-6, promovido por María Ramírez Castro, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.?????????? R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el mismo día, y turnada a este órgano jurisdiccional el treinta y uno de diciembre posterior, María Ramírez Castro, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y la autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADO De la H. Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a quien le reclamo: PRIMERO.- El que la hoy responsable, no se ha pronunciado respecto a las pruebas, ya que se reservó el derecho para ello, y que se le ha peticionado por escrito en cuatro ocasiones, violentando el derecho de petición previsto en el artículo 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Ha transcurrido un periodo notorio de tres años y tres meses, lo que trae como consecuencia la inactividad procesal, toda vez que ha excedido en demasía el término establecido en el numeral 687 y 893 de la ley Federal del Trabajo, desde la fecha 30 de agosto de 2018, ya que hasta la presente fecha la responsable no ha emitido el acuerdo. Tercero.- La omisión de tramitar el juicio laboral 12/2012, en los términos establecidos en el capítulo XVIII (de los procedimientos especiales) y sección primera (de los conflictos individuales de seguridad social) de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso. Cuarto. - Al presidente de la Junta responsable, denominada Junta Federal Número 36 de Conciliación y Arbitraje, reclamo la INACTIVIDAD PROCESAL, en incumplimiento al artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a que los presidentes de las Juntas, tienen la estricta responsabilidad de que los juicios no queden inactivos y provean lo que la ley corresponda hasta dictar laudo." AUTORIDAD RESPONSABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de tres de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1707/2021-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a????????? la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La omisión de acordar los escritos presentados el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el expediente laboral 12/2012, de su índice. Sin que pase inadvertido para la suscrita los diversos actos que señaló en su escrito de demanda la parte quejosa; sin embargo, de un estudio integral de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que de lo que se duele la impetrante es la omisión de la junta responsable de darle respuesta a sus escritos, mediante los cuales 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.??????????? solicitó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del citado expediente laboral de origen. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, aun estando legalmente notificado del auto por el cual se le requirió; por tanto, se presumen ciertos los actos que se le reclaman, tal como lo estipula el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley Además, obran agregados en autos, los acuses de recibo de los escritos presentados ante la responsable el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en los que la parte quejosa solicitó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del citado expediente laboral de origen; documentales que cuentan con valor probatorio acorde a los artículos 133 en relación al 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 623 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Sustancialmente, la parte quejosa alega la omisión de la junta responsable de acordar sus escritos que presentó ante dicha autoridad el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 12/2012, de su índice. Sobre el particular, la parte quejosa aduce que la junta responsable viola en su perjuicio los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo que la autoridad en cuestión vulnera su derecho fundamental a que se le administre justicia pronta y expedita. En ese tenor, supliendo la deficiencia de los aludidos conceptos de violación,4 se hará el análisis relativo únicamente por lo que respecta al numeral 17 constitucional, el cual tutela el referido derecho fundamental, prescindiéndose el examen del restante numeral por ser ajeno a su planteamiento. Con base en lo anterior, la suscrita considera fundado el concepto de violación propuesto por la parte quejosa. En efecto, el segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 En virtud de que el quejoso tiene el carácter de trabajador y el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, instituye ese beneficio a su favor: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. 5 Artículo 17 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible???????? en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese tenor, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN?????????? TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da" Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso6. 6 Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en los ordinales 771 y 838 del citado ordenamiento jurídico, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Como se puede advertir, en el artículo 771 transcrito, el legislador impuso a los Presidentes de las Juntas y a los Auxiliares el deber de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, lo cual es congruente con el derecho fundamental de justicia pronta a que se refiere el numeral 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República. Asimismo, en el aludido artículo 838, se observa que la Junta debe dictar sus resoluciones en el acto en que???????? concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Lo anterior se ha incumplido por parte de la junta responsable, porque a la fecha no le ha recaído acuerdo alguno a los escritos presentados por la parte actora, aquí quejosa el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que se concluya que la omisión y dilación aludida vulnera en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita, consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues a la fecha de la audiencia constitucional la junta responsable no ha dado respuesta a los escritos presentados por la parte quejosa el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en los que solicitó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del citado expediente laboral de origen; lo cual patentiza la violación constitucional señalada, pues resulta que su actuar no se ha ajustado a los términos y plazos previstos en la legislación laboral, tal y como lo decreta el artículo 17 de la Ley Fundamental. En las relatadas circunstancias, se concede a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 747 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, deberá: Dictar de inmediato los acuerdos relativos a los escritos presentados por la parte quejosa el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, treinta y uno de julio de dos mil veinte, trece de enero y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 12/2012 de su índice, toda vez que ha fenecido el término establecido para ese efecto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la 7 Artículo 74. La sentencia debe contener: V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****************, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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