María Rafaela Mayela Álvarez Castrejon y Otros.

Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
955/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • María Rafaela Mayela Álvarez Castrejon y Otros.
  • María Rafaela Mayela Álvarez Castrejon

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual transcribe el auto de veintisiete de septiembre del año en curso, emitido en el recurso de queja ********************. 1.1 Acuerdo. Téngase a la superioridad informando que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de seis de septiembre del presente año, quedando radicado con el número de expediente ********************; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    1. Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos ..., mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer, por lo que se ordena remitir el escrito de agravios y las constancias físicas que obren en el cuaderno respectivo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del referido recurso. 3. Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de seis de septiembre del año en curso. 4. Integración completa de expediente electrónico. Se instruye a la Secretaría responsable del trámite de este asunto, así como a la Actuaría, que en términos de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de manera inmediata suban a la plataforma tecnológica respectiva, todas las constancias de autos dada la urgencia para resolver el recurso interpuesto. 5. Disponibilidad de expediente electrónico. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad, haga disponible electrónicamente este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

  3. Principal

    1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos *********************************, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de septiembre del año en curso. 2. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Acto reclamado. En el caso, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Los actos consistentes en el embargo ordenado y ejecutado en auto de veintisiete de abril y diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente, dentro del juicio ejecutivo mercantil 83/2023, al que son terceros extraños y el cual se realizó sobre bienes muebles que identifican como menaje de casa. Además reprochan el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se requirió la entrega de los bienes embargados. 3. Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia. 3.1 Oportunidad de la presentación de la demanda. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso existe prueba fehaciente de que el justiciable conoció el acto reclamado. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado sea consentido por el quejoso tácitamente, entendiéndose por esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, los actos reclamados no entrañan un ataque a la libertad personal, tampoco involucran actos relacionados con las diversas hipótesis enumeradas, por ende, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en este numeral, debido a que el acto reclamado se trata de actuaciones realizadas dentro de un juicio ejecutivo mercantil; lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. 3.2 Presentación extemporánea. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento del auto de veintisiete de abril (orden de embargo) y diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés (diligencia de embargo), realizados dentro del juicio ejecutivo mercantil 83/2023, el cuatro de mayo del dos mil veintitrés. Además de que esos actos fueron reclamados en el distinto juicio de amparo 480/2023 del índice de este Juzgado, el cual se tiene a la vista como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que sobreseyó por sentencia de once de julio de dos mil veintitrés y causó ejecutoria el veintiocho del mismo mes y año; de ahí que no quede duda que tales actos los conocieron en la fecha que manifiestan bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, si tuvieron conocimiento de esos actos desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés y esta demanda la presentaron el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, resulta indiscutible que, sin necesidad de llevar a cabo una operación aritmética, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya había transcurrido, pues pasaron aproximadamente cuatro meses; por tanto, es evidente que no se presentó dentro del plazo que permite la ley, sino que se hizo de manera extemporánea. Resta decir que el diverso proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés que reclaman, solamente es una consecuencia de la diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en donde se ejecutó el embargo. Acto este último que, en su caso, sería el que afecta directamente su esfera de derechos, pues al ser terceros extraños al juicio de origen, el embargo es el acto que limita la propiedad de los bienes sobre los que se ostentan propietarios. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

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