María Piedad Sariñana
Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Piedad Sariñana
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el fracción IV, del Artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por la quejosa*********, contra actos del Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 1*****-VII. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación de examinar con todo detenimiento la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, la quejosa ********** -y actora en el juicio de origen- reclama el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez responsable dentro del juicio natural 978/2021, de su índice, mediante el cual no se le tuvo por interpuesto el recurso de apelación en contra del diverso acuerdo de siete de junio del año en curso, en el que se admitió la reconvención interpuesta por la parte ahí demandada, al tenor de los motivos ahí expuestos. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. De las disposiciones jurídicas invocadas, se colige que los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la quejosa y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la determinación que reclama no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo un aspecto procedimental reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque una sentencia favorable podría extinguir cualquier consecuencia perjudicial, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si eventualmente la sentencia definitiva que se dictara fuera adversa a los intereses de la quejosa, una vez agotado el recurso procedente, podría impugnarla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer los aspectos que ahora combate, a fin de que se examine si la resolución es válida o no. Al respecto, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la jurisprudencia P./J. 4/2001, según la cual la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, debía estudiarse en amparo indirecto, ya que con esa decisión se afectaba a las partes en grado predominante o superior, no es aplicable en los asuntos tramitados bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte mexicana agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que: "(.) dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Conforme la jurisprudencia, la cual es obligatoria para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales- cuyos efectos sean de imposible reparación, entendido como tal los que afecten materialmente derechos sustantivos. Por ende, en el caso, no es procedente del juicio de amparo biinstancial en contra del auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez responsable dentro del juicio natural 978/2021, de su índice, mediante el cual no se le tuvo por interpuesto el recurso de apelación en contra del diverso acuerdo de siete de junio del año en curso, en el que se admitió la reconvención interpuesta por la parte ahí demandada, toda vez que ello sólo pudiera constituir la vulneración de derechos procesales de la quejosa, que pueden ser reparados de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, en virtud de que el auto reclamado sólo conlleva que se amplíe la litis del juicio de origen con la demanda reconvencional, lo cual, como ya se dijo, no afecta derechos sustantivos de la promovente del amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por la parte quejosa en términos del diverso 113 de dicha ley. Domicilio Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que al efecto indica en su escrito de demanda, para los fines legales a que haya lugar. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.
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