María Petra Bonilla

Expediente 2123/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2123/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • María Petra Bonilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla (foja 43): "a) De inmediato, conteste -lo que conforme a derecho corresponda- la petición realizada por la quejosa María Petra Bonilla, mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, siguiendo los lineamientos previstos en esta sentencia. b) Dicha contestación la haga del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio que proporcionó para tal efecto en el ocurso citado". Asimismo, mediante oficio recibido el seis de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que informó que mediante oficio C.SCT.6.20.410.0909/18 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Director General del Centro SCT Puebla, dio contestación al escrito de dieciocho de mayo del año próximo pasado -a la aquí quejosa-, y que dicho oficio fue notificado a través de su autorizado. Por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el ocho del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT, con sede en la ciudad de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió, dio contestación al escrito de dieciocho de mayo del año próximo pasado -a la aquí quejosa-, y que dicho oficio fue notificado a través de su autorizado, mediante oficio C.SCT.6.20.410.0909/18 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla, por medio del cual, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo informa que mediante oficio C.SCT.6.20.410.0909/18 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Director General del Centro SCT Puebla, dio contestación al escrito de dieciocho de mayo del año próximo pasado, -a la aquí quejosa- y que dicho oficio fue notificado a través de su autorizado. Asimismo, envía copias certificadas de dichas contancias. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla; para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: "a) De inmediato, conteste -lo que conforme a derecho corresponda- la petición realizada por la quejosa María Petra Bonilla, mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, siguiendo los lineamientos previstos en esta sentencia. b) Dicha contestación la haga del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio que proporcionó para tal efecto en el ocurso citado". Se apercibe a la mencionada autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil dieciocho, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puestos y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Petra Bonilla, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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