María Pérez Durán

Expediente 262/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
262/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • María Pérez Durán
  • Armando Durón Escareño
  • Ayuntamiento del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, y 93, fracción III, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causa de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentre en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente, la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "[.] SEXTO. Respecto del quejoso J. Guadalupe Sánchez Becerra, este tribunal colegiado advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En este sentido, se tiene en consideración que tratándose del recurso de revisión en los juicios de amparo, el órgano revisor puede decretar el sobreseimiento si advierte alguna causa de improcedencia no apreciada por el resolutor federal, como se desprende de los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen las reglas que rigen al momento de estudiar y resolver el juicio de amparo y, en su caso, el recurso de revisión, de cuya interpretación conjunta permite sostener que cuando se trate de este último, si el tribunal colegiado advierte de oficio una causa de improcedencia no estudiada o diversa a la invocada por el juzgador debe proceder a su examen, al ser las causas de improcedencia de estudio preferente y de orden público en toda resolución de amparo, por tratarse de presupuestos de procedencia de la vía indirecta. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 122/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo X, Noviembre de 1999, página 28, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192902, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de considerarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desconsiderado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." Dicho criterio se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, porque si bien interpreta la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que no se contrapone con lo dispuesto en aquélla. En efecto, este Tribunal advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de Amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." La interpretación sistemática de los numerales transcritos permite establecer que la legitimación para promover el amparo se limita a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Por ende, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional -sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo-; esto es, no solo deben ser titulares del derecho, sino además debe existir una afectación o perjuicio real y actual por el acto de autoridad. En ese sentido, en virtud a la naturaleza de lo reclamado por la parte quejosa, es necesario abundar que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales; esto es, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasione un perjuicio a su titular. De ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o simple, sino que es necesario, por una parte, que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; y por la otra la existencia de una afectación real y actual en la esfera del accionante que le cause un perjuicio palpable, a fin de que proceda la acción constitucional. Por ello, con independencia de que se tiene interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal y se cause al gobernado alguna afectación en su esfera jurídica para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un daño causado por su actuar u omisión; lo cierto es que debe concurrir un perjuicio actual y real, que se incruste directamente en la esfera de derechos del accionante del amparo, ya que de no existir el perjuicio de manera vigente, inminente o efectiva, sino que se presuma, presuponga y/o se especule sobre actos futuros o inciertos, acerca de los cuales no se tiene certeza que ocurrirán, entonces no será procedente el juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2019456, de título y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, en el caso, el quejoso J. Guadalupe Sánchez Becerra acudió al juicio de amparo ostentándose como pensionado por jubilación, por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, y con tal carácter reclamó la omisión del pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós. De tal forma que al reclamarse una afectación directa a un derecho del que dijo ser titular, entonces es evidente que en el presente caso, es aplicable la noción de interés jurídico. Bajo esa tesitura, para reclamar la violación en comento, indefectiblemente pesa sobre el quejoso la carga procesal de acreditar fehacientemente que el acto reclamado (omisión de pago de aguinaldo), afecta la esfera de su interés jurídico, en este caso, que tiene el carácter de pensionado del instituto en comento, a fin de poder considerar que tal omisión le ha causado una afectación a su esfera de derechos, susceptible de combatirse a través del juicio de amparo. Sin embargo, el citado impetrante del amparo con las pruebas que anexó a su demanda no acreditó que la falta de pago de aguinaldo afecte su interés jurídico, pues no demostró de manera fehaciente que tuviera la calidad de pensionado ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ya que presentó los documentos siguientes: Copia certificada por el Notario Público Número Cuarenta y Siete del Estado de Zacatecas, del Formato Único de Personal Estatal, con número de empleado 7208, de doce de agosto de dos mil veintiuno. Copia certificada de la credencial de elector expedida a nombre de J. Guadalupe Sánchez Becerra, por el Instituto Nacional de Electoral, número 0552027382771. Clave Única de Registro de Población, a nombre de J. Guadalupe Sánchez Becerra. Copia simple de una credencial de pensionado telesecundaria, a nombre de J. Guadalupe Sánchez Becerra, número de empleado 7208, teléfono particular 4639570883, IMSS: 34906401830, vigencia: septiembre 2027, folio: 072779, tipo de sangre: O+, edad: 58 años. (fojas 35 a 39 del juicio de amparo indirecto). Documentos que resultan insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico con que se ostentó el quejoso al presentar su demanda de amparo. Lo anterior es así, pues en el Formato Único de Personal Estatal, en el apartado observaciones se estableció: "RENUNCIA A LA JUBILACIÓN A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN OF. REF. J.D.I.326/2021 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTEZAC." Lo que se constata con la digitalización del citado documento: Asimismo, los restantes documentos que exhibió el quejoso, consistentes en la copia certificada de la credencial de elector, de la Clave Única de Registro de Población, y de una credencial de pensionado telesecundaria, tampoco son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico y, por ende, generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente el derecho jurídicamente del solicitante del amparo. De ahí que el hecho de que la omisión de pagar al pensionado lo correspondiente al aguinaldo dos mil veintidós, haya sido reconocida por diversas autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, tal aceptación de ningún modo puede llevar a considerar que el quejoso se ubica en el supuesto de afectación, dado que se relaciona con una situación personal de aquél. Es importante destacar, que si bien las personas pensionadas o en estado de necesidad o vulnerabilidad, son sujetos susceptibles de beneficiarse con la suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; en el caso, el quejoso no puede acogerse a dicha figura para pretender se determine la procedencia de su acción constitucional, pues aquélla no tiene el alcance de declarar procedente el juicio, es decir, no llevan a suplir los requisitos de procedencia o presupuestos procesales. Cobra aplicación, por igualdad de razón. La tesis XXIV.1o.3 K (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en el Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2434, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2024122, del tenor siguiente: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que, si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos, porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad (ante quien se insta la acción). Justificación: Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos, que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente; es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, sobre todo, porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas." En las relatadas condiciones, la falta de interés jurídico del quejoso genera la improcedencia del juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden preferente, por lo que se impone modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio respecto del quejoso J. Guadalupe Sánchez Becerra, en términos de la fracción V, del numeral 63 de la ley de la materia. En tales circunstancias, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista a la parte recurrente.

  2. Queja

    Túrnense los mismos a la ponencia del magistrado Eduardo Antonio Loredo Moreleón, a fin de que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

  3. Queja

    Se admite el recurso de queja. Téngase como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en esta instancia, el que indica y por autorizados para tal efecto a quienes menciona. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado en el punto TERCERO del diverso ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este asunto; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este Tribunal.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Túrnense los mismos a la ponencia del magistrado Eduardo Antonio Loredo Moreleón, a fin de que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

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