María Paz Loaiza Osorio
Expediente 2/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 57 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- LETICIA MARCELA XOCHIHUA maza
- GLORIA y/o ISIDRA RUGERIO SERRANO
- María Paz Loaiza Osorio
- Flor de Maria Guadalupe Castillo Espejel
- Edith Rivas Rocha
- Jorge Delgado Flores
- Abraham Silva García
- Edith Rivas Rocha y Otros.
- Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables A Adolescentes Y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio Integrante del Centro de Justicia Penal Federal En el Estado Tlaxcala, Conresidencia En Apizaco, En Su Caracter de Juez de Ejecución
- María Alejandra Velázquez Hernández
- Carlos Alberto Ávila Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada (foja 209); siendo que el tercero interesado Abraham Silva García, realizó manifestaciones al respecto (fojas 230 a 237). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza, en su carácter de albacea definitiva de Crispín Vázquez Hernández o Crispín Vázquez H., la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, 2. Emita otra, en la que analice de forma fundada y motivada el motivo de agravio relativo a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, y con libertad de jurisdicción analice el contenido de dichas actuaciones y resuelva lo que en derecho corresponda" (foja 183). Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (fojas 189 y 190). Mediante oficio 738/2021, de once de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario de acuerdos adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala, trascribió el auto de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, y ordenó traer los autos para el dictado de la nueva resolución (foja 194). Por oficio 792/2021, el Secretario de acuerdos adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno (fojas 199 a 207); por tal motivo en auto de veintiséis de octubre siguiente (fojas 209 y 210) se les dio vista a las partes, la cual desahogó el tercero interesado Abraham Silva García, mediante escrito presentado el 10 de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 230 a 237). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la resolución que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: La Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de noviembre de dos mil veinte (foja 194). El veinte de octubre siguiente dictó una nueva (fojas 200 a 207), en la que: De manera fundada y motivada analizó el agravio de la recurrente María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza, referente a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, analizando con libertad de jurisdicción el contenido de dichas actuaciones. Se afirma lo anterior, ya que manifestó que el análisis de la caducidad de la instancia lo haría en base a los artículos 33, 34, 35 y 36, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala (foja 204), por lo que expuso: a) Por lo que hace al escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve, en el que la actora, solicitó se tuviera transmitiendo sus derechos litigiosos a Justa Vázquez Loaiza, con el fin de que la sustituyera en lo personal; la sala recurrida, determinó que esta actuación no era la idónea para interrumpir el término para que operara la caducidad de la instancia, pues no tiende a activar o impulsar el procedimiento (foja 205). b) Respecto a la promoción de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza y Justa Vázquez Loaiza, solicitaron se acordada el escrito de cinco de abril antes mencionado; señalaron nuevo domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; así como que se hicieran efectivos los apercibimientos a los demandados en razón a que no contestaron la demanda; se abriera el juicio a prueba; la responsable consideró que esta actuación sí era de las que interrumpen la caducidad, pues la misma tuvo por objeto impulsar el procedimiento, además de que dicha petición era acorde con la etapa procesal. Sostuvo que no obstante de que dicha promoción no haya sido acordada de conformidad, ello no se debió por no estar en la etapa procesal oportuna, sino porque el juez de origen consideró que dicha solicitud fue formulada tanto por la actora como por otra persona a quien pretendió trasmitirle sus derechos litigiosos, indicando que una vez que la promoviera la actora se acordaría lo procedente. Insistiendo la sala responsable que dicha petición sí tuvo por objeto impulsar el procedimiento y continuar con la etapa procesal, ya que a través de ésta, la actora tácitamente expresó su interés por continuar con el juicio en sus diversas etapas procedimentales, motivos por los que sí se interrumpió el término de la caducidad (foja 205). c) Así, manifestó que el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, notificado el doce de febrero siguiente, al veinticuatro de junio del mismo año, fecha en la que se presentó la siguiente promoción, transcurrieron 132 (ciento treinta y dos días); posterior a esta actuación, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve se presentó el siguiente escrito por el que se apersonó el apoderado de la actora para continuar con el juicio, misma que dio impulso al juicio, habían transcurrido setenta y tres días de inactividad procesal, además, la promoción presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve en la que la parte actora solicitó se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo a los demandados y se abriera el juicio a prueba (foja 205 vuelta y 206). Por lo anterior la Sala responsable procedió a revocar la resolución de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente 262/2018 (foja 206 vuelta). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emitió otra, en el que analizó de forma fundada y motivada el motivo de agravio relativo a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, y con libertad de jurisdicción analizó el contenido de dichas actuaciones. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Ahora bien, Abraham Silva García, manifestó su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que la responsable dio cumplimiento de forma deficiente a la ejecutoria de amparo, por lo siguiente: El amparo fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable, analizara las cuestiones y promociones señaladas por el quejoso que según tendían a impulsar el procedimiento y con libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho, lo que no aconteció, ya que para la responsable, la promoción presentada por la actora, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, sí constituye un acto tendiente a impulsar el procedimiento, ya que en ésta se solicitó: a. Acordara su escrito de cinco de abril, relativo a la cesión de los derechos litigiosos; b. Señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones; c. Se hicieran efectivos los apercibimientos a los demandados que no contestaron demanda, no obstante, haber sido legalmente emplazados, ya que había transcurrido en exceso el término que les fue concedido para contestar la demanda; d. Se abriera el juicio a prueba. Sin embargo, la autoridad responsable en ninguna parte motivó cómo dicha promoción dio impulso procesal, pues si el auto que recayó a dicho escrito y que precisamente es el del veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia acordó lo siguiente: I. Que una vez que analizó las actuaciones se advierte que la primera de las promoventes María Paz Loaiza Osorio y/o María Paz Loaiza, promueve por propio derecho y en su carácter de aval definitivo de Crispín Vázquez Hernández y/o Crispín Vázquez H, motivo por el cual no es procedente transmitirle los derechos litigiosos a Justa Vásquez Loaiza, pues actúa en representación de Crispín Vázquez Hernández y/o Crispín Vázquez H. II. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala, se tiene por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida de las Torres número dos, Colonia Jardines de Apizaco, Tlaxcala, sin revocar la designación de los profesionistas para oírlas y recibirlas hechas con anterioridad. III. Por lo que hace a lo solicitado en el cuarto y quinto párrafo en su escrito de cuenta, una vez que la primera de las promoventes realice tal petición firmando únicamente esta como actora se acordará lo procedente. Refiere que como se advierte de lo anterior, no fue acordada la petición en cuanto que se hiciera efectivo el apercibimiento a los demandados que no contestaron la demanda y fueron legalmente emplazados, así como que se abriera el juicio a prueba, en virtud de que lo pidió una persona que no estaba legitimada para ello, por lo que al no haber acordado dichas peticiones no se pudo pasar a la etapa probatoria, auto del cual la parte actora consintió al no haberlo recurrido, y por ese simple hecho quedó firme dicho proveído. Agrega que si el tercero interesado hubiera ofrecido pruebas, éstas no hubieren sido acordadas en virtud de que no guardaba estado las actuaciones para ello, pues aún faltaba que se les tuviera por contestada en sentido negativo la demanda a los demandados que no dieron contestación y que se abriera el juicio a prueba, corroborándose lo anterior con el hecho de que el cinco de septiembre del dos mil diecinueve, el Licenciado Lino Rivera Martínez presentó un escrito mediante el cual se apersonó a juicio en su carácter de apoderado de la C. María Paz Loaiza Osorio, solicitando en ese acto se abriera el juicio a prueba, por lo que mediante auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se le tuvo reconocida su personalidad y fue desechada su petición para abrir el juicio a prueba por no guardar estado los autos, pues aún faltaba que los demandados que no contestaron la demanda y se les tuviera contestada en sentido negativo, no es sino por escrito presentado el veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, cuando la actora solicitó que los demandados que no contestaron la demanda se les tuviera por contestada en sentido negativo y se abriera el juicio a prueba, escrito que fue debidamente acordado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Señala que entonces, cómo puede ser posible que para la autoridad responsable el escrito presentado por la parte actora y la C. Justa Vázquez Loaiza con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve haya dado impulso al procedimiento, cuando no fue acordado lo relativo a que se les tuviera por contestada en sentido negativo a los demandados que no contestaron la demanda y se abriera el juicio a prueba, ya que mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el cual fue consentido al no haber sido recurrido y no fue sino hasta el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, cuando la actora presenta un escrito solicitando se les tenga contestada en sentido negativo a los demandados que no contestaron la demanda y se abriera el juicio aprueba, lo cual fue acordado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que es hasta la presentación de dicho escrito que dio impulso procesal al juicio, pues se pasó de la fase postulatoria a la probatoria, consideraciones que dejó de observar la autoridad responsable al dictar la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en virtud del cumplimiento a la nueva ejecutoria de amparo. Insiste que no obstante que este órgano de control Constitucional ordenó a la autoridad responsable que analizara todos y cada uno de los escritos y actuaciones a fin de verificar si alguna de ellas era tendiente a impulsar el procedimiento, lo cual tendría que hacer de manera fundada y motivada, situación que no aconteció. En apoyo a los anteriores argumentos, citó los criterios de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE ACORDAR LAS PROMOCIONES Y ESCRITOS PRESENTADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO EXIME A LAS PARTES DE IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE AQUÉLLA NO OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 29 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Estos argumentos son ineficaces. Lo anterior, porque tales argumentos tienden a controvertir la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento, es decir, la forma en que se analizaron las actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento (en específico la promoción de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve), cuestiones que son ajenas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues en ésta sólo se ordenó a la responsable que se pronunciará sobre dichos tópicos emitiendo sus razones y fundamentos para ello, de ahí que las consideraciones emitidas (con libertad de jurisdicción) solo pueden ser materia de análisis en diversa instancia. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Así las cosas, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado Abraham Silva García, por lista al Notario Público Número Seis de la demarcación del Distrito de Tizayuca, Hidalgo y por oficio al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad federativa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Incidentes de inejecución
Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no se encuentra contemplado en los supuestos de depuración o destrucción que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme a lo establecido en el punto 7.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 18 del mencionado Acuerdo General, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/rrh La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno en el incidente de inejecución de sentencia******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada (foja 209); siendo que el tercero interesado Abraham Silva García, realizó manifestaciones al respecto (fojas 230 a 237). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza, en su carácter de albacea definitiva de Crispín Vázquez Hernández o Crispín Vázquez H., la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, 2. Emita otra, en la que analice de forma fundada y motivada el motivo de agravio relativo a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, y con libertad de jurisdicción analice el contenido de dichas actuaciones y resuelva lo que en derecho corresponda" (foja 183). Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (fojas 189 y 190). Mediante oficio 738/2021, de once de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario de acuerdos adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala, trascribió el auto de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, y ordenó traer los autos para el dictado de la nueva resolución (foja 194). Por oficio 792/2021, el Secretario de acuerdos adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno (fojas 199 a 207); por tal motivo en auto de veintiséis de octubre siguiente (fojas 209 y 210) se les dio vista a las partes, la cual desahogó el tercero interesado Abraham Silva García, mediante escrito presentado el 10 de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 230 a 237). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la resolución que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: La Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de noviembre de dos mil veinte (foja 194). El veinte de octubre siguiente dictó una nueva (fojas 200 a 207), en la que: De manera fundada y motivada analizó el agravio de la recurrente María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza, referente a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, analizando con libertad de jurisdicción el contenido de dichas actuaciones. Se afirma lo anterior, ya que manifestó que el análisis de la caducidad de la instancia lo haría en base a los artículos 33, 34, 35 y 36, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala (foja 204), por lo que expuso: a) Por lo que hace al escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve, en el que la actora, solicitó se tuviera transmitiendo sus derechos litigiosos a Justa Vázquez Loaiza, con el fin de que la sustituyera en lo personal; la sala recurrida, determinó que esta actuación no era la idónea para interrumpir el término para que operara la caducidad de la instancia, pues no tiende a activar o impulsar el procedimiento (foja 205). b) Respecto a la promoción de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que María Paz Loaiza Osorio o María Paz Loaiza y Justa Vázquez Loaiza, solicitaron se acordada el escrito de cinco de abril antes mencionado; señalaron nuevo domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; así como que se hicieran efectivos los apercibimientos a los demandados en razón a que no contestaron la demanda; se abriera el juicio a prueba; la responsable consideró que esta actuación sí era de las que interrumpen la caducidad, pues la misma tuvo por objeto impulsar el procedimiento, además de que dicha petición era acorde con la etapa procesal. Sostuvo que no obstante de que dicha promoción no haya sido acordada de conformidad, ello no se debió por no estar en la etapa procesal oportuna, sino porque el juez de origen consideró que dicha solicitud fue formulada tanto por la actora como por otra persona a quien pretendió trasmitirle sus derechos litigiosos, indicando que una vez que la promoviera la actora se acordaría lo procedente. Insistiendo la sala responsable que dicha petición sí tuvo por objeto impulsar el procedimiento y continuar con la etapa procesal, ya que a través de ésta, la actora tácitamente expresó su interés por continuar con el juicio en sus diversas etapas procedimentales, motivos por los que sí se interrumpió el término de la caducidad (foja 205). c) Así, manifestó que el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, notificado el doce de febrero siguiente, al veinticuatro de junio del mismo año, fecha en la que se presentó la siguiente promoción, transcurrieron 132 (ciento treinta y dos días); posterior a esta actuación, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve se presentó el siguiente escrito por el que se apersonó el apoderado de la actora para continuar con el juicio, misma que dio impulso al juicio, habían transcurrido setenta y tres días de inactividad procesal, además, la promoción presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve en la que la parte actora solicitó se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo a los demandados y se abriera el juicio a prueba (foja 205 vuelta y 206). Por lo anterior la Sala responsable procedió a revocar la resolución de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente 262/2018 (foja 206 vuelta). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emitió otra, en el que analizó de forma fundada y motivada el motivo de agravio relativo a que existieron diversas actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, y con libertad de jurisdicción analizó el contenido de dichas actuaciones. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Ahora bien, Abraham Silva García, manifestó su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que la responsable dio cumplimiento de forma deficiente a la ejecutoria de amparo, por lo siguiente: El amparo fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable, analizara las cuestiones y promociones señaladas por el quejoso que según tendían a impulsar el procedimiento y con libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho, lo que no aconteció, ya que para la responsable, la promoción presentada por la actora, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, sí constituye un acto tendiente a impulsar el procedimiento, ya que en ésta se solicitó: a. Acordara su escrito de cinco de abril, relativo a la cesión de los derechos litigiosos; b. Señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones; c. Se hicieran efectivos los apercibimientos a los demandados que no contestaron demanda, no obstante, haber sido legalmente emplazados, ya que había transcurrido en exceso el término que les fue concedido para contestar la demanda; d. Se abriera el juicio a prueba. Sin embargo, la autoridad responsable en ninguna parte motivó cómo dicha promoción dio impulso procesal, pues si el auto que recayó a dicho escrito y que precisamente es el del veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia acordó lo siguiente: I. Que una vez que analizó las actuaciones se advierte que la primera de las promoventes María Paz Loaiza Osorio y/o María Paz Loaiza, promueve por propio derecho y en su carácter de aval definitivo de Crispín Vázquez Hernández y/o Crispín Vázquez H, motivo por el cual no es procedente transmitirle los derechos litigiosos a Justa Vásquez Loaiza, pues actúa en representación de Crispín Vázquez Hernández y/o Crispín Vázquez H. II. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala, se tiene por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida de las Torres número dos, Colonia Jardines de Apizaco, Tlaxcala, sin revocar la designación de los profesionistas para oírlas y recibirlas hechas con anterioridad. III. Por lo que hace a lo solicitado en el cuarto y quinto párrafo en su escrito de cuenta, una vez que la primera de las promoventes realice tal petición firmando únicamente esta como actora se acordará lo procedente. Refiere que como se advierte de lo anterior, no fue acordada la petición en cuanto que se hiciera efectivo el apercibimiento a los demandados que no contestaron la demanda y fueron legalmente emplazados, así como que se abriera el juicio a prueba, en virtud de que lo pidió una persona que no estaba legitimada para ello, por lo que al no haber acordado dichas peticiones no se pudo pasar a la etapa probatoria, auto del cual la parte actora consintió al no haberlo recurrido, y por ese simple hecho quedó firme dicho proveído. Agrega que si el tercero interesado hubiera ofrecido pruebas, éstas no hubieren sido acordadas en virtud de que no guardaba estado las actuaciones para ello, pues aún faltaba que se les tuviera por contestada en sentido negativo la demanda a los demandados que no dieron contestación y que se abriera el juicio a prueba, corroborándose lo anterior con el hecho de que el cinco de septiembre del dos mil diecinueve, el Licenciado Lino Rivera Martínez presentó un escrito mediante el cual se apersonó a juicio en su carácter de apoderado de la C. María Paz Loaiza Osorio, solicitando en ese acto se abriera el juicio a prueba, por lo que mediante auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se le tuvo reconocida su personalidad y fue desechada su petición para abrir el juicio a prueba por no guardar estado los autos, pues aún faltaba que los demandados que no contestaron la demanda y se les tuviera contestada en sentido negativo, no es sino por escrito presentado el veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, cuando la actora solicitó que los demandados que no contestaron la demanda se les tuviera por contestada en sentido negativo y se abriera el juicio a prueba, escrito que fue debidamente acordado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Señala que entonces, cómo puede ser posible que para la autoridad responsable el escrito presentado por la parte actora y la C. Justa Vázquez Loaiza con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve haya dado impulso al procedimiento, cuando no fue acordado lo relativo a que se les tuviera por contestada en sentido negativo a los demandados que no contestaron la demanda y se abriera el juicio a prueba, ya que mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el cual fue consentido al no haber sido recurrido y no fue sino hasta el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, cuando la actora presenta un escrito solicitando se les tenga contestada en sentido negativo a los demandados que no contestaron la demanda y se abriera el juicio aprueba, lo cual fue acordado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que es hasta la presentación de dicho escrito que dio impulso procesal al juicio, pues se pasó de la fase postulatoria a la probatoria, consideraciones que dejó de observar la autoridad responsable al dictar la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en virtud del cumplimiento a la nueva ejecutoria de amparo. Insiste que no obstante que este órgano de control Constitucional ordenó a la autoridad responsable que analizara todos y cada uno de los escritos y actuaciones a fin de verificar si alguna de ellas era tendiente a impulsar el procedimiento, lo cual tendría que hacer de manera fundada y motivada, situación que no aconteció. En apoyo a los anteriores argumentos, citó los criterios de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE ACORDAR LAS PROMOCIONES Y ESCRITOS PRESENTADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO EXIME A LAS PARTES DE IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE AQUÉLLA NO OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 29 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Estos argumentos son ineficaces. Lo anterior, porque tales argumentos tienden a controvertir la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento, es decir, la forma en que se analizaron las actuaciones y promociones tendentes a impulsar el procedimiento (en específico la promoción de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve), cuestiones que son ajenas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues en ésta sólo se ordenó a la responsable que se pronunciará sobre dichos tópicos emitiendo sus razones y fundamentos para ello, de ahí que las consideraciones emitidas (con libertad de jurisdicción) solo pueden ser materia de análisis en diversa instancia. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Así las cosas, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado Abraham Silva García, por lista al Notario Público Número Seis de la demarcación del Distrito de Tizayuca, Hidalgo y por oficio al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad federativa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
Quedan 53 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes
- María Nicolasa Tuxpan Michicol361/2020
- María Ninfa Ramírez Carrasco1389/2017
- María Olivia Cruz Montes y Otros.83/2022
- María Otero Cano253/2020
- María Patricia Ramírez Arroyo1122/2017
- Maria Paula Judith Rosalina Tlapapal Nava950/2014
- María Pegueros Rivera891/2015
- María Ramos Felix Meneses Meneses489/2023
- María Reyes Galicia Cocoletzi340/2019
- María Reyes Valencia973/2019
- María Rosa Flores Huerta255/2023
- María Rosa Hernández637/2022