Maria Paulina Campos Menez

Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1310/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Paulina Campos Menez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia de la que se deprende que en la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que las autoridades responsables "En el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, dicten un acuerdo administrativo en el que ordenen, a quien corresponda, tomen las medidas necesarias a efecto de que al quejoso -, se le proporcione el tratamiento de hemodiálisis o cualquier otro que requiera para la insuficiencia renal que padece, diabetes e hipertensión el cual deberá ser de manera gratuita, oportuna y continua, acuerdo que deberá agregar al expediente clínico del quejoso (una vez que haya sido generado)"; en consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que tengan para cumplir con la misma, se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidades de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Circuito, al que adjunta el amparo directo número 775/2023, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, en cuanto apoderado de -, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido ante la responsable, en contra de los actos reclamados al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Actuario de la adscripción, así como la determinación de tres de octubre del año en curso, mediante la cual la Alzada declaró carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad, al considerar que el acto que en esta vía se reclama no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio. Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase de su conocimiento que con esta fecha éste Juzgado, SE AVOCA al conocimiento de la demanda de cuenta. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca de apelación número -, mediante la cual el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, ordenó dejar insubsistente la diversa de ocho de junio del año en curso, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en el expediente -relativo al juicio ordinario civil que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió - frente a - y sobre nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria que en vía de reconvención ejercitó ésta frente a su contraria y de la sucesión intestamentaria a bienes de - representada por su albacea Fisco del Estado, para emitir una nueva en su lugar. Ahora, este tribunal estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." El numeral 107, fracción V, de la Ley de la Materia, refiere que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, se estima que la resolución que la impetrante señala como acto reclamado, en la que la autoridad responsable declaró insubsistente la sentencia impugnada, a efecto de que el juez de primera instancia dicte una nueva donde prescindiendo de lo que argumentó con relación al interés jurídico de la reconventora, con plenitud de jurisdicción, se ocupe de analizar y resolver, lo que en derecho proceda respecto de las acciones principal y reconvencional ejercitadas y las excepciones y defensas opuestas respecto de cada una de ellas, pues aún y cuando se ordenó reponer el procedimiento de origen para el efecto arriba indicado, ello trae como consecuencia que nuevamente el juez de origen se ocupará de analizar el fondo de la acción intentada. Explicado de otro modo, el juez de origen volverá a dictar una nueva resolución, en la que dilucidará la controversia; de ahí que, de ninguna forma la resolución reclamada afecta los derechos fundamentales de la promovente del amparo, pues como se dijo, dicha determinación no es una violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, por lo que siendo así, y al dictarse la nueva resolución puede obtener fallo favorable y así quedar cualquier violación que genere una afectación en su esfera jurídica, caso contrario podrá alegarlo en la instancia correspondiente. Cobra aplicación, la tesis sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 722, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE CONTRA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento para el efecto de que se provean diversos escritos de las partes, relacionados con la ratificación de la contestación a la demanda y la promoción de un incidente, es un acto que no produce afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales; dicho en otras palabras, las consecuencias de la sentencia reclamada no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto que en virtud de la insubsistencia del fallo de primer grado y de la reposición decretados, algunas actuaciones quedarán sin efecto legal y serán repuestas por otras, lo que es indicativo de que el fallo reclamado sólo produce efectos intraprocesales, ya que no establece el sentido en que el Juez natural habrá de pronunciarse al proveer los escritos". De igual forma, la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, visible en la página 1099, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PARA QUE EL JUEZ DICTE UNA NUEVA SENTENCIA, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, PARTIENDO DE CIERTOS LINEAMIENTOS, YA QUE NO CAUSA UN GRAVAMEN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La interpretación armónica del artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; luego, si una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordena reponer el procedimiento de primera instancia, a efecto de que el Juez, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva sentencia, en la que proceda al análisis de la acción y de la excepción, como del acervo probatorio, partiendo de la base de que la actora exhibió el título ejecutivo, resulta que esta determinación en modo alguno tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues no causa al quejoso, parte demandada, un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, ya que aun cuando la decisión de primer grado le fue favorable a sus intereses, resulta que nada obtuvo de inmediato, ni siquiera que se dejara insubsistente el embargo, pues como el recurso de apelación interpuesto por el actor, se admitió en ambos efectos, las cosas quedaron en el estado en que se encontraban, pendiente de la decisión de segundo grado, de ahí que aquella determinación únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales, que en todo caso pueden reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia definitiva". Entonces, al surtirse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a la persona que refiere, virtud a que la misma no se encuentra dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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