María Paulina Cabrera Quiñones
Expediente 1238/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Paulina Cabrera Quiñones
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios remitidos respectivamente por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuaria adscrita a dicha Junta, residentes en esta ciudad, con anexo, con el que informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna dentro de tres días, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, plazo que transcurrió sin que hasta el momento exista manifestación al respecto, de conformidad con la certificación de cuenta. En esas condiciones, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, en particular con las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Ahora bien, en sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: "[.] lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por MARÍA PAULINA CABRERA QUIÑONES, por conducto de su apoderado, para los efectos siguientes: 1. La Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el actuario adscrito a la misma, procederán de inmediato, en el ámbito de sus propias facultades, la primera a proveer lo necesario a fin de que se emplace oportunamente a la parte demandada en el juicio laboral de origen, y del segundo, realizar la diligencia en tiempo y forma. En el entendido que deberán ajustarse a los plazos y términos que marca la ley para ello; y para el caso de que hubiere algún impedimento legal y debidamente justificado para ello, deberán informarlo de manera oportuna a este órgano jurisdiccional. [.]". Posteriormente, una vez que causó ejecutoria el fallo protector, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia de mérito. Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuaria adscrita a dicha Junta, residentes en esta ciudad, mediante oficios 4066/2022 y 4067/2022 fechados el veintiséis de septiembre último, remitieron copias certificadas de las constancias de las que se advierte que el tres de agosto de dos mil veintidós se realizó el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral de origen, y que incluso, dicha parte procesal compareció a la audiencia trifásica celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En las relatadas condiciones, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, han restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los oficios signados respectivamente por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuaria adscrita a dicha Junta, residentes en esta ciudad, con el que remiten las copias certificadas de las constancias de notificación hechas a la parte demandada en el expediente laboral de origen, que envían en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichos oficios y anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues la notificación de la sentencia dictada el veinticuatro de junio del año en curso, se realizó para las partes el veintisiete de junio del presente año; sin que hubiesen interpuesto recurso de revisión alguno. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, tal como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días, debiendo remitir las constancias conducentes en copia certificada. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1238/2022-IV-B, promovido por MARÍA PAULINA CABRERA QUIÑONES, por conducto de su apoderado, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el diecisiete siguiente, a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció MARÍA PAULINA CABRERA QUIÑONES, por conducto de su apoderado, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 498/2021, del índice de dicha Junta. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados la Presidente en representación de la Junta responsable, y la actuaria adscrita por sí misma. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se tiene que las autoridades responsables, al rendir sus informes de ley, señalan que consideran que el presente juicio es improcedente, de acuerdo con lo determinado en la Jurisprudencia por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, dado que el acto impugnado no constituye una violación autónoma al procedimiento natural, sino que se trata de una violación adjetiva que se presenta dentro de éste por razones externas a las responsables, lo que no produce una violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa. El motivo de improcedencia expuesto es infundado. A efecto de evidenciar la premisa expuesta, dado que los argumentos de las autoridades responsables descansan sobre la aplicación del precedente que refieren, a continuación se trae a colación el contenido del mismo: "Registro digital: 2011580 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Ciertamente, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia relativa a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que es cierto que por regla general, cuando la parte quejosa alega violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Carta Magna, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues como bien lo refieren las aquí autoridades responsables, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que acontece dentro del mismo. Empero, tal regla tiene una excepción, e incluso el criterio jurisprudencial invocado la señala en su parte final. Se explica, en relación con el motivo de improcedencia en análisis, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Empero, la hipótesis de excepción se actualiza cuando se advierte del asunto que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio constitucional biinstancial sí es procedente. Explicado lo antedicho, el presente asunto se encuentra en ese caso de excepción a la regla general y a la jurisprudencia invocada por las responsables. En efecto, de las constancias que fueron remitidas por éstas en copia certificada, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que desde que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural por primera vez (auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno) hasta la fecha en la que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de mayo de dos mil veintidós) e incluso a la data en que se emite la presente resolución, no se ha realizado el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral, habiendo transcurrido un año, lo cual excede por mucho los tiempos que la Ley Federal del Trabajo, señala para el acto de esta naturaleza. Con la aclaración de que la anterior consideración se realiza desde la perspectiva de un plano fáctico, evidenciando solamente como datos la apertura de las fechas relacionadas con el acto de autoridad, pues el análisis de la constitucionalidad del mismo se hará en los siguientes considerandos de esta sentencia. En esa guisa, es claro que en la especie, se actualiza el caso de excepción ya indicado, dado que este órgano de control constitucional advierte del contenido de los autos de este sumario, que existe una abierta dilación del procedimiento laboral de origen, pues atendiendo a los plazos que prevé la ley laboral, a la naturaleza del acto (emplazamiento), a la complejidad que reviste el mismo así como a los antecedentes que rodean el caso, es clara la dilación de las responsables respecto a dicho acto reclamado, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto. Así las cosas, al resultar infundada la causal de improcedencia expuesta por las responsables, y en razón de que no se advierte de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe precepto alguno que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En relación con el acto reclamado señalado como la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 498/2021, resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario señalar que de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. De una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Aunado a lo anterior, es oportuno tener presente que el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece el término que debe observar la autoridad laboral para realizar las notificaciones y emplazamientos, pues al respecto establece: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo persona o gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que las sentencias, acuerdos o resoluciones, pronunciadas por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos y los preceptos legales establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo señala la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto es, que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir alguna clase de remuneración o percepción económica, diferente a la que la ley establece, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la venta de la justicia. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la Junta responsable, deducidas del juicio natural 498/2021, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, se desprende que el juicio laboral de origen inició con la presentación de la demanda el veintidós de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, que la audiencia trifásica se señaló para el seis de septiembre de dos mil veintiuno, y se comisionó al actuario a fin de notificar a la parte demandada; sin que a la fecha la Junta responsable hubiese dictado las medidas eficaces y necesarias para lograr dicho emplazamiento, ni el actuario de su adscripción lo haya realizado. En este orden de ideas, del análisis de las constancias que obran en este sumario de amparo, se concluye que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que consagrado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque dicho precepto garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Estimación que se hace, en virtud de que la responsable ha incumplido con su obligación de vigilar que el procedimiento laboral de origen se lleve a cabo conforme a los plazos y términos que marca la ley, dado que ha omitido dictar las medidas pertinentes y efectivas para que se emplace oportunamente a los demandados en el juicio natural, tomando en consideración para ello que la demanda laboral se presentó el dos de mayo de dos mil veintiuno. Luego, si desde que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural por primera vez (auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno) hasta la fecha en la que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de mayo de dos mil veintidós) y en la que se resuelve el presente asunto, no se ha logrado el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral, según se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Por tanto, es incuestionable concluir que efectivamente la Junta de mérito se ha abstenido de dictar las medidas pertinentes y efectivas para la pronta verificación de dicha audiencia por parte del actuario adscrito a la misma, sin justificar jurídicamente el por qué; y por cuanto hace al actuario tampoco ha cumplido con su deber legal de llevar a cabo las diligencias correspondientes al emplazamiento de los accionados. Pues ha transcurrido con exceso el término contemplado en los citados artículos, mismos que en esencia establecen que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; que el acuerdo en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial, deberá notificarse personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. Conforme a lo anterior, es inconcuso que el actuario responsable no ha realizado la notificación y emplazamiento que le fue encomendado dentro del término de cinco días a que lo constriñe el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo; de igual forma, como se dijo, la Junta del conocimiento, ha omitido tomar las medidas necesarias para evitar el retraso injustificado del juicio laboral de origen, en contravención con lo dispuesto en los numerales 685 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En esas condiciones, habiendo resultado fundados los conceptos de violación en relación con el acto reclamado, en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por MARÍA PAULINA CABRERA QUIÑONES, por conducto de su apoderado, para los efectos siguientes: 1. La Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el actuario adscrito a la misma, procederán de inmediato, en el ámbito de sus propias facultades, la primera a proveer lo necesario a fin de que se emplace oportunamente a la parte demandada en el juicio laboral de origen, y del segundo, realizar la diligencia en tiempo y forma. En el entendido que deberán ajustarse a los plazos y términos que marca la ley para ello; y para el caso de que hubiere algún impedimento legal y debidamente justificado para ello, deberán informarlo de manera oportuna a este órgano jurisdiccional. Es menester precisar que por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace al emplazamiento de la parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA PAULINA CABRERA QUIÑONES, por conducto de su apoderado, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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