Maria Paula Salas Perez
Expediente 313/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/03/2018
Partes del expediente
- Maria Paula Salas Perez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signados por el notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto; agréguense a los autos para que obren como corresponda, y se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se levante la suspensión decretada en auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, a fin de obtener de manera más ágil una consulta de las constancias obrantes en el expediente, y en aras de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, expídansele a su costa las copias simples solicitadas, previo recibo y razón que se otorgue en autos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintiuno de deptiembre de dos mil diecisiete en acatamiento a lo ordenado en el diverdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en que se proveyó: Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2710/2017, promovido por AGUSTÍN PÉREZ RAMOS, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al referido dado que el quejoso señaló domicilio donde puede ser emplazado fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho con los insertos necesarios al Juez Menor de Jocotepec, Jalisco, para que por su conducto y por comisión de este Juzgado de Distrito, emplacen personalmente al tercero interesado en comento, en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 230 Sur de la calle Hidalgo en Jocotepec, Jalisco, debiendo requerirle para que en el término de tres días señale domicilio en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, el ilegal emplazamiento a juicio practicado dentro del expediente 483/2012 del índice de dicha autoridad, procedimiento en el cual soy demandado por el tercero perjudicado y en que ya se dictó sentencia ejecutoriada en la que fui condenado al establecimiento de una servidumbre legal de paso, en un bien cuyos derechos ejidales. Así mismo, en relación al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 le reclamo todo lo actuado dentro del expediente reefrido del índice de dicha autoridad, incluyendo desde luego la sentencia ejecutoria dictada en dicho procedimiento, así como la ejecución de la misma". En tanto que se solicitó la medida cautelar en los siguientes términos: "(.) para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número referido del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 (.)". Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia con registro señalado, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En ese orden de ideas, se NIEGA a AGUSTÍN PÉREZ RAMOS la medida cautelar solicitada, consistente en que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 se abstenga de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número especificado, pues proceder en el sentido que pretende la parte quejosa, se traduciría en prejuzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, esto es, la realización de los efectos precisados en la sentencia en cita, con base en el emplazamiento contenido en el juicio de origen, lo que conllevaría a realizar una labor interpretativa de la misma, así como un estudio profundo de la cuestión debatida. Es decir, se tendría que calificar si, como aduce la parte quejosa, el actuar de las responsables, es o no un acto constitucional, circunstancias que, evidentemente, en estos momentos no es dable determinar, porque se reitera, ello se traduciría en abordar cuestiones que atañen al fondo de lo planteado, teniendo en cuenta que precisamente mediante este juicio la parte quejosa combate ese acto reclamado (el ilegal emplazamiento que conllevó a la sentencia condenatoria en el expediente marcado con el número referido del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15). Por ello, se concluye que, conceder la suspensión en tal sentido implicaría otorgar efectos que, como ya se anticipó, sólo son propios de la sentencia que en su caso conceda la protección constitucional. Sin que pase inadvertido que la suspensión de los actos reclamados participan de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, asimismo, que la parte quejosa acredita su interés suspensional con las manifestaciones que realiza "bajo protesta de decir verdad", con la responsabilidad de orden penal que ello conlleva para el caso de conducirse con falsedad ante una autoridad judicial así como con el Certificado Parcelario señalado; sin embargo, para el otorgamiento de la suspensión debe realizarse un estudio simultáneo de los referidos elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el trámite del presente asunto, por medio de lista. Téngase por presentada la documental que acompaña, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la totalidad de personas que indica, por así haberlo solicitado la parte promovente y en razón de que el presente asunto es materia agraria, por lo que no requieren contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
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