María Paula Imelda Meléndez Chamorro
Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Paula Imelda Meléndez Chamorro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, por el cual remite copia certificada de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintidós, celebrada en el expediente laboral ********************; visto su contenido, se ordena glosar el mismo únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por las partes quejosa y tercera interesada. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1064/2021, promovido por María Paula Imelda Meléndez Chamorro, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4516/2021, emitido en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por María Paula Imelda Meléndez Chamorro, acuerdo admisorio de once de noviembre de dos mil veintiuno, informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la parte tercera interesada se encuentran debidamente emplazados a juicio. En relación a lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las con las pruebas que ofreció la parte quejosa consistentes en diversas documentales, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y con las documentales publicas que remitieron las autoridades responsables que tienen relación con los actos reclamados. A lo que la Secretaria encargada del juzgado acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar de que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención y que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, téngase a las partes como no formulando alegatos; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin formular pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1064/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, María Paula Imelda Meléndez Chamorro, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. - Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ACTOS RECLAMADOS: - La omisión de remitir el exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Concilación y Arbitraje, para que en auxilio de las labores se comisione al Actuario que corresponda a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada llamado a juicio Simona Cruz Álvarez, ordenado mediante oficio número: E.R. 04/11/2021, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 171/2020. - La omisión de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de remitir dicho exhorto debidamente diligenciado. Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios en perjuicio de su apoderada de las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17, 107 y 123 Constitucionales. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, quienes lo rindieron con anticipación a la audiencia constitucional; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza laboral y se atribuye a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir el informe con justificación aceptó el acto reclamado; por tanto debe tenerse por cierto. Por su parte, el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe con justificación manifestó que era falso el acto reclamado; sin embargo realizó diversas manifestaciones que demuestran su existencia; aunado a que se trata de una autoridad ejecutora y la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto debe tenerse por cierto. TERCERO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo. La suscrita advierte que por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de remitir el exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Concilación y Arbitraje, para que en auxilio de las labores se comisione al Actuario que corresponda a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada llamada a juicio Simona Cruz Álvarez, ordenado mediante oficio número: E.R. 04/11/2021, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 171/2020 así como la omisión de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de remitir dicho exhorto debidamente diligenciado a la junta responsable; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que literalmente establece lo siguiente: Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio origen a la tesis la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al dilucidar el tema de la dilación de proveer un escrito en un procedimiento seguido ante órganos jurisdiccionales, definió que cuando se alegue exclusivamente afectación a los artículos 8°, 14 y 17 de la ley suprema, esos actos no pueden considerarse de imposible reparación, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En la ejecutoria, en lo conducente, sostuvo: ".Es por ello que existe contradicción de criterios sobre un mismo punto jurídico. Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa. Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto, sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver. SEXTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que se desarrolla a continuación y, conforme al cual, en casos como los que fueron analizados por los tribunales que participan en esta contradicción, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: (.) Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación --sostuvo el Pleno--, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)". Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a 'derechos sustantivos', aunado a la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión --esta última-- que se opone con la de 'formal o adjetiva'. Así, cuando un particular --como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis-- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. [.]" Lo destacado es propio. En suma, dicha ejecutoria postula, que por regla general, no procede amparo indirecto contra la omisión de una autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio; así, aun cuando en dicho criterio judicial también se precisó que su regla general admite excepciones, a saber, cuando la omisión reclamada implique: a) una abierta dilación del procedimiento, o, b) la paralización total del mismo, esa excepcionalidad no se da en la especie. Además, debe destacarse, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución de nueve de enero de dos mil diecinueve, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, definió que el amparo indirecto, únicamente procede contra las dilaciones presuntamente excesivas de las juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese período el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece lo siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados la omisión de remitir el exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Concilación y Arbitraje, para que en auxilio de las labores se comisione al Actuario que corresponda a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada llamada a juicio Simona Cruz Álvarez, ordenado mediante oficio número: E.R. 04/11/2021, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 171/2020 así como la omisión de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de remitir dicho exhorto debidamente diligenciado a la junta responsable. El juez responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que era cierto el acto reclamado, y en lo conducente manifestó que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio E.R. 04/11/2021, se remitió nuevamente atento exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes que originaron el acto reclamado, los cuales en lo conducente manifestó: "(.) Ahora bien, el día de la audiencia antes mencionada (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), resulta imposible el desahogo de la diligencia por no encontrarse emplazado a juicio el tercero interesado SIMONA CRUZ ÁLVAREZ, .ordenado girar atento exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,.para que en auxilio de las labores de la Junta comisione al Actuario que corresponda a fin de que se sirva emplazar a juicio al tercero intersado llamado a juicio por el Instituto Mexicano del Seguro Social "SIMONA CRUZ ÁLVAREZ", con domicilio ubicado en Miguel Allende Número 69, Colonia Valle Dorado, C.P. 5369, Naucalpan de Juárez, Estado de México, notificación que me fuera realizada en el domicilio de la autoridad señalada como responsable por encontrarse presente mi apoderado legal en la fecha antes indicada y que constituye el acto reclamado (omisión de notificar al tercero) (.)". De las constancias que remitió el juez responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que efectivamente, se ordenó girar exhorto para que se comisionara al Actuario que correspondiera a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada llamada a juicio Simona Cruz Álvarez, ordenado mediante oficio número: E.R. 04/11/2021, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 171/2020. Ahora bien, la demanda de amparo que se estudia, se presentó el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que resulta evidente que entre la fecha antes mencionada (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), y la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil veintiuno), no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, entre esas fechas. Máxime que los actos reclamados deben de estarse a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por lo que se advierte que, en el presente caso, no es posible considerar que se está en presencia de una "abierta dilación del procedimiento natural", -entendido por ello en su acepción gramatical como la clara, patente e indudable demora o tardanza en la realización de cierta conducta vinculadora obligación del juzgador de dar trámite y cauce legal que les corresponda al proceso de origen, es decir, que no atañen a las cargas procesales de las partes, como lo es, por ejemplo, el proveer los ocursos que presentan las partes, ya que ello es función exclusiva del juzgador-. De lo expuesto se concluye que no es posible siquiera evidenciar una incuestionable demora, es decir, una abierta dilación del procedimiento. En tales condiciones, es inconcuso que al momento de presentarse la demanda de amparo, no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnada, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior, las jurisprudencias que se transcriben: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." "Registro: 184249 Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVII, Mayo de 2003Página: 1186Tesis: VI.2o.C. J/231JurisprudenciaMateria(s): Común VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." "Octava Época Registro: 394188 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 232 Página: 157 Genealogía: APENDICE '95: TESIS 232 PG. 157 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." "Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. CUARTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. QUINTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Paula Imelda Meléndez Chamorro, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4516/2021, emitido en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que transcurre el plazo para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al informe justificado del que se dio cuenta en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
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