María Patricia Villarreal Velasco
Expediente 1050/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2022
Partes del expediente
- María Patricia Villarreal Velasco
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe(n) el(los) comunicado(s) de cuenta, del (de los) que se advierte que la(s) autoridad(es) responsable(s) alude(n) que se encuentra(n) en vías de cumplimiento al fallo protector, de lo que se toma conocimiento y se está a la espera de que la responsable de respuesta al requerimiento realizado en el auto que antecede.
- Principal
Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar al tercero interesado Adrián Genaro Márquez Camarena, la determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por los motivos ahí expuestos; En consecuencia, ante la imposibilidad de efectuar de manera personal la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena que la determinación de referencia, así como los subsecuentes, le sean notificados por medio de lista. -------------------------------------------------------------- Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el término concedido mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, en el que se ordenó dar vista con las constancias remitidas por la(s) autoridad(es) responsable(s) en cumplimiento al fallo protector, sin que se hubiera hecho manifestación alguna. Entonces, se procede al análisis del cumplimiento en comento; así, se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que se: 1.Deje insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, en la parte en la que confirmó la inadmisibilidad de la reconvención, pronunciado en el juicio civil sumario 796/2020, y; 2.En su lugar, emita otra en la que prescinda de considerar que la recurrente no controvirtió el argumento toral en que sustentó para declarar improcedente la acción reconvencional el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y declare fundados los agravios por las razones que se precisan en este fallo. Ahora, de las constancias remitidas por la(s) autoridad(es) responsable(s) se advierte que, en el juicio civil sumario de origen 796/2020, el veinticinco de abril del año en curso dejó insubsistente el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, únicamente en la parte que negó admitir la reconvención y, en su lugar, dictó otra resolución en la que declaró fundado el agravio esgrimido y revocó el proveído materia de la impugnación, respecto de la demanda reconvencional. Argumentando en dicha resolución que siempre que se trate de la misma vía, el enjuiciado tiene derecho de promover reconvención, lo anterior, con fundamento en el artículo 273 del Enjuiciamiento Civil del Estado, así también, concluyó que es admisible dicha figura procesal, máxime que se encuentran inmersos derechos de menores de edad, de acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, aplicando la norma de manera progresiva, tomando en consideración que en el caso concreto la acción principal giró en torno a la guardia y custodia y convivencias del accionante con sus menores hijas, y que al dictar sentencia definitiva habrá de resolverse de manera oficiosa los aspectos inherentes a dichas infantes. Esto es, privilegiando el interés superior del menor no se limitará únicamente a la custodia y convivencia, sino que habrá de fallarse también aspectos relativos a alimentos. Por tanto, admitió la reconvención planteada por la aquí quejosa Beatriz Elizabeth Sánchez Tiscareño, en contra de Adrián Genaro Márquez Camarena y ordenó su respectivo emplazamiento. Por ende, se estima que la autoridad responsable acató la sentencia dictada en el juicio y en consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida.
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