María Patricia Palacios López

Expediente 76/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
76/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • María Patricia Palacios López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia emitida el treinta de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese al original del incidente de suspensión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, devuélvanse a la autoridad Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el disco compacto, mismo que remitió para la sustanciación del presente juicio, en virtud de que ya no resulta necesario.

  2. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 76/2021-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las autoridades responsables Secretario en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ofreció pruebas documentales y remitió un disco compacto que contiene la videograbación de las audiencias de seis y siete de mayo, trece de julio y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, celebradas en la carpeta administrativa 257/2020,; asimismo, la parte quejosa ofreció las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno; el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, el secretario certifica: que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 76/2022-I, promovido por María Patricia Palacios López, por propio derecho, contra un acto del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el treinta y uno siguiente a este juzgado de distrito, María Patricia Palacios López, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por considerarlo violatorio de los artículos 14,16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO.- IV. SEÑALO COM TAL LA NEGATIVA A CONCEDERME MI LIBERTAD, DICTADO EN EL EXPEDIENTE CARPETA ADMINISTRATIVA NÚMERO 257/2020 POR EL CIUDADANO JUEZ CONTROL DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, EN FECHA 20 ENERO 2020 notificado a la suscrita en la misma fecha y en la que me encuentro como probable responsable de la COMISION DEL DELITO DE ROBO, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145-bis, fracciones I y II en relación al 142 párrafo primero, estos en concatenación con el artículo 14 párrafo segundo y 16 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado de Quintana Roo, perpetrado en agravio de la Persona Moral que desconozco." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de uno de febrero siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 76/2022-I; y se previno a la parte quejosa. TERCERO. Desahogo de prevención y admisión. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa desahogó la prevención realizada en acuerdo de uno de febrero de la citada anualidad; luego, por acuerdo de diecisiete del mismo mes y año, se tuvo por cumplida la prevención y se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Se reconoce terceros interesados. En proveído de cuatro de marzo de la presente anualidad se reconoció el carácter de terceros interesados a la Coordinadora de Acusación y Estrategias Procesales Zona 1 (Sulemi Mercedes Nah Chan o quien la sustituye en sus funciones), quien actúa en la carpeta administrativa 257/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; así como a Felipe Alfredo Rodríguez Gamboa y Andrea Rodríguez Valencia, quienes en su oportunidad fueron emplazados; y la audiencia constitucional se desahoga al dictarse la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión de autoridad en materia penal, que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en:  La omisión de modificar la medida cautelar dictada el siete de mayo de dos mil veinte, en contra de la quejosa consistente en prisión preventiva oficiosa con una vigencia del mismo tiempo que dure el proceso el cual no podría exceder de dos años y que dio inicio el siete de mayo de dos mil veinte con fecha de vencimiento de siete de mayo de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta administrativa 257/2020 del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, iniciada en su contra por la comisión del delito de robo previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 bis, fracciones I, IV, V y VII, en relación a los numerales 12, 13, fracciones I, 14, párrafo segundo y 16 fracción II todos del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. La autoridad responsable Secretario en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el considerando que antecede. Pues manifestó que en audiencia intermedia de trece de julio de dos mil veintiuno, verificada en la carpeta administrativa 257/2020 de su índice, la representación social refirió que únicamente Julio Cesar Galarza Robles, uno de los imputados en dicha carpeta, había realizado la reparación de daños, siendo que las víctimas comparecieron a manifestar que únicamente se deban por reparados de los daños por dicho imputado, no así la aquí quejosa. Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada remitida por el Secretario en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, relativa a la carpeta administrativa 257/2020 de su índice, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de la que se desprende en lo que interesa lo siguiente: 1. En audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento a una orden de aprehensión verificada el siete de mayo de dos mil veinte en la carpeta de origen la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Julio Cesar Galarza Robles, Luis Carlos Vázquez Jiménez y María Patricia Palacios López, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo que la ley señala como robo previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 bis, fracciones I, IV, V y VII, en relación a los numerales 12, 13, fracciones I, 14, párrafo segundo y 16 fracción II todos del Código Penal para el Estado de Quintana Roo y se dictó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos años la cual iniciaba en dicha data. 2. En audiencia intermedia de trece de julio de dos mil veintiuno, el fiscal adscrito refirió que el imputado Julio Cesar Galarza Robles, ya había realizado la reparación de daños, siendo que las víctimas comparecieron ante dicha autoridad jurisdiccional a manifestar que se daban por reparados únicamente respecto de este, se formuló acusación en contra de Julio Cesar Galarza Robles, y la asesora jurídica solicitó que sea procedente el procedimientos abreviado por dicho acusado, el cual se admitió a trámite, se emitió fallo condenatorio en su contra y en relación a los diversos imputados se señaló nueva fecha y hora para tuviera verificativo la continuación de la audiencia. 3. Luego, en audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno señalada para la continuación de la audiencia intermedia se hizo constar la inasistencia de las víctimas y del defensor público, se realizó el nombramiento de un defensor particular en relación al imputado Luis Carlos Vázquez Jiménez, y se solicitó el diferimiento de la audiencia a fin de poder imponerse de las constancias, por lo que se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la misma. Luego, como se ve a la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de enero de dos mil veintidós), la omisión de la que se duele la quejosa resulta inexistente, ya que no se desprende que la impetrante hubiera solicitado ante el juez la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que fue dictada en su contra o que en su caso el juez hubiera omitido realizar tal modificación oficiosamente, de ahí que el acto sea inexistente, máxime que el proceso penal no ha concluido, al encontrarse aún en etapa intermedia. Sin que pasen inadvertidas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: I. La instrumental consistente en las actuaciones que integran este expediente, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público; sin embargo, del presente expediente no se desprende dato alguno que compruebe la existencia del acto en estudio. II. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa que haga suponer como cierto el acto reclamado. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que demuestre la existencia de los actos en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la autoridad responsable mencionada, en relación al acto precisado en el considerando tercero, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Patricia Palacios López, por propio derecho, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisado en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el diverso cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta en la que la asesora jurídica Ixcaret Fortoul Ibarra de los terceros interesados 1) Felipe Alfredo Rodríguez Gamboa y 2) Andrea Rodríguez Valencia señala domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que proceda dictar mayor acuerdo debido a que ese domicilio procesal se tuvo por señalado en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Vista la comparecencia de cuenta, se advierte Rodrigo López Aguilar, Defensor Público adscrito a la Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, manifestó aceptar y protestar el cargo como defensor de la parte quejosa María Patricia Palacios López, por lo que se tiene al citado profesionista como defensor público de la solicitante del amparo.

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