María Patricia Madonado del Razo

Expediente 621/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
621/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • María Patricia Madonado del Razo

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de tres de junio de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por María Patricia Maldonado del Razo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de tres de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, tres de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese el escrito signado por la quejosa María Patricia Maldonado del Razo; mediante el cual, cumple requerimiento formulado en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós y manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fue notificado el acto reclamado el veintidós de abril de dos mil veintidós. Cuestión previa. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Actos consentidos (demanda extemporánea). En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que operó el consentimiento tácito del acto reclamado al presentar la demanda fuera de los plazos establecidos para ello. A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de la resolución pronunciada en el Toca de Apelación número 199/2020, relativa al incidente de nulidad de notificación interpuesto por la aquí quejosa. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. En virtud de lo anterior, resulta evidente que la promovente del amparo le fue notificado el acto reclamado el veintidós de abril de dos mil veintidós, como lo afirmó bajo protesta de decir verdad en su escrito de aclaración de la demanda. Ello, pues la expresión efectuada "bajo protesta de decir verdad" en su escrito de aclaración de demanda, constituye una confesión expresa, acerca de la fecha en que le fue notificado el acto reclamado, lo cual constituye prueba plena de ese hecho en términos de lo establecido por los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 57 del tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, si como se explicó la quejosa le fue notificado el acto reclamado desde el veintidós de abril de este año, es evidente que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra dicho acto ya feneció, dado que la notificación surtió sus efectos el mismo veintidós de abril de dos mil veintidós, en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, por lo que dicho plazo empezó a computarse el veinticinco siguiente y feneció el diecisiete de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, previo descuento de los días inhábiles. Circunstancia que pone de manifiesto con el siguiente calendario: ABRIL 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 22 Notificación del acto reclamado 23 24 25 Día 1 26 Día 2 27 Día 3 28 Día 4 29 Día 5 30 Inhábil MAYO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 Día 6 3 Día 7 4 Día 8 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Inhábil 8 Inhábil 9 Día 9 10 Día 10 11 Día 11 12 Día 12 13 Día 13 14 Inhábil 15 Inhábil 16 Día 14 17 Día 15 Fecha en que fenecieron los 15 días 18 Día en que presento su demanda 19 20 21 Inhábil 22 Inhábil 23 24 25 26 Respecto al momento en que surtió efectos la notificación del acto reclamado practicada a la aquí quejosa, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doce de mayo de dos mil diecisiete, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." De esta forma, si la demanda se presentó hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita dicho acto, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de mayo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 247/2021, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se regulariza el procedimiento y se ordena devolver los autos a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal para el tramitar el juicio de amparo directo en los términos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. [.]." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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