Maria Patricia Herrera Acosta
Expediente 803/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Patricia Herrera Acosta
- MARIA PATRICIA HERRERA ACOSTA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como con la certificación que antecede, se aprecia que el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida., ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida., el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, incisos a) y c) del Acuerdo en cita. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, no están catalogados como originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que de no recogerlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL.... CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, no obstante que, al rendir su informe previo, haya negado la existencia de éste; sin embargo, del propio informe se aprecian manifestaciones que desvirtúan tal negativa, pues refiere la existencia de la carpeta de investigación ***, iniciada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la cual, esa fiscalía acordó el resguardo de la menor y respecto de la entrega de la infante aduce que no es la autoridad competente para tratar temas de custodia y muchos menos decretarlas; motivo por el cual, como se dijo, se tiene por cierto el acto impugnado. QUINTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente para que se le entregue la custodia de la menor. Sobre esa base, no procede la medida cautelar para los efectos que lo solicita la parte promovente. En el caso, la madre de la menor de iniciales ***, alega que se podría afectar el interés de dicha menor, con motivo del acto reclamado. Ahora, para el estudio de la medida cautelar debe atenderse a la finalidad que se persigue con su otorgamiento que en el caso sería, preservar una situación de hecho con la que se dé máxima protección al quejoso, o bien, evitar que la menor agraviada tenga una circunstancia que le resulte perjudicial, pero ponderando el interés superior del infante. Tiene aplicación la tesis CVIII/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial". Asimismo, cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 406, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". En el caso a estudio, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aseguramiento de la menor de iniciales ***, así como la negativa por parte de la responsable de entregarle la custodia de la citada menor a la promovente del amparo, emitida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Ahora, de la lectura integral de la demanda, así como del informe previo, puede apreciarse que dicho acto deriva de una medida emitida por la autoridad ministerial, en favor de la menor de que se trata, toda vez que se investiga si la menor es objeto de algún maltrato familiar. Por lo que, para determinar si su ejecución puede causar un perjuicio de difícil reparación a la quejosa y la menor, es preciso hacer un estudio en relación con el interés superior de la menor, que implica que a la adolescente involucrada se le debe proteger con mayor intensidad, sin que sea necesario que para esa protección se genere un daño a sus bienes o derechos, sino que basta con que se le coloque en una situación de riesgo. En el caso, la parte quejosa *** acude en su carácter de madre de la menor de iniciales *** lo que acredita con el acta de nacimiento **, inscrita en el libro ¨** de la Oficialía *** del registro Civil de Salamanca, Guanajuato. Documental con valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, al tratarse de una constancia emitida por una autoridad. En ese panorama, la madre quejosa, bajo protesta de decir verdad, aduce que con la medida decretada se atenta contra su derecho a mantener en custodia a su hija. En esas condiciones, se atiende a la finalidad de la medida cautelar, que es precisamente evitar una situación perjudicial tanto para la menor como para la mamá, agraviadas. Tiene aplicación la tesis CVIII/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial". Asimismo, cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 406, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Ahora dado que, el acto reclamado consiste en la medida de aseguramiento respecto de la menor por la autoridad responsable, la cual legalmente tiene competencia para librar ese tipo de determinaciones, resulta necesario traer a colación lo previsto por el artículo 137 del Código Nacional de procedimientos Penales, que textualmente dice: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." Ahora, se tiene que en términos de los artículos 20, apartado C, 21, párrafos primero y segundo, 102, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 131, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la integración de la carpeta de investigación, el agente del ministerio público está facultado para decretar, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima, incluyendo con mayor ahínco, respecto de los menores de edad. Bajo esa perspectiva, toda vez que la medida fue ordenada por autoridad competente en el procedimiento pertinente, debe negarse la suspensión definitiva, porque del análisis del informe previo, así como de la demanda, se desprende que tanto del acto reclamado como de los antecedentes que la misma quejosa expone, no se aprecia que esté en peligro la custodia que ejerce sobre la menor. Lo anterior, precisamente porque la autoridad responsable emitió la medida de protección de que se trata en favor de la menor, toda vez que se investiga el probable maltrato de la menor por parte de las personas encargadas de su cuidado, por lo que, de momento, se estima que de otorgarse la suspensión de la medida de protección adoptada por la responsable, se podrían causar mayores afectaciones a los intereses de la menor afectada o se le pudiere ocasionar mayor transtorno emocional o psíquico o incluso podría representar un riesgo hacia la integridad de la menor; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracción VIII de la Ley de la Materia, se niega la suspensión que solicita la quejosa. Tanto más que, dada la naturaleza del acto reclamado, medida de protección decretada en favor de la menor, se considera que el acto no puede ser paralizable en los términos propuestos, resultando con ello improcedente el otorgamiento de la suspensión en esos términos, toda vez que el artículo 128 de la Ley de la materia establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. De modo que, de acceder a la petición de la quejosa contravendría la prohibición establecida en el numeral 128 de la Ley de la Ley de Amparo, la cual impide el otorgamiento de la suspensión contra medidas pronunciadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, concedida por una autoridad judicial, como en el caso acontece. Por tanto, en el caso en especificó, no es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce como violentado, mientras se dicta la sentencia definitiva en el juicio principal del que derivada el presente incidente, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales ***, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y, de manera electrónica a la fiscal adscrita
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio que signa la Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en auto de veintisiete de octubre del presente año, remite copia autentificada de las constancias descritas en la certificación de cuenta. ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, hecha la revisión de las constancias exhibidas por la citada autoridad, este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicha causa de improcedencia implica que el acto reclamado ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso; lo cual debe entenderse también como la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma de éste. Por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos ni los surtirán, puesto que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de la demanda se advierte que la quejosa hizo consistir como actos reclamados: * La orden de aseguramiento y la negativa de entregarle la custodia de su menor hija de iniciales ********************Sobre esa base, de la revisión de la información proporcionada por la autoridad oficiante, se advierte que los actos impugnados derivan de la tramitación de la carpeta de investigación ******************** por la investigación en la comisión de un delito en contra de la menor de iniciales ******************** Ahora bien, la Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, remitió a este órgano jurisdiccional, copia autentificada de la ampliación de entrevista (denuncia o querella) realizada por la quejosa en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de la que se desprende que la menor fue entregada a su progenitora. De lo anterior, dado que la quejosa reclama, de manera medular, la orden de aseguramiento y la negativa de entregarle la custodia de su menor hija, derivada de carpeta de investigación ********************; se concluye que los actos impugnados han quedado sin efectos, puesto que la decisión asumida por la Agente del Ministerio Público de entregar a la menor el pasado dieciocho de octubre, implica la destrucción total de los actos impugnados, de modo tal que las cosas pudieran volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, se considera que la violación impugnada ha cesado en sus efectos, lo cual, actualiza de forma indudable y manifiesta de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, conforme con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto no variaría el sentido. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: Novena Época Instancia: Segunda Sala Número de registro: 193758 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: P.2a./J.59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, se levanta la reserva decretada en el auto admisorio en relación con el señalamiento de terceros interesados, sin que sea el caso pronunciarse al respecto, ya que a ningún fin práctico llevaría dado el sentido de esta determinación. Notifíquese, por lista a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público Adscrita.
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