María Patricia García Bustamante

Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1131/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • María Patricia García Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por María Patricia García Bustamante, por conducto de su apoderado, ha Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1131/2022 CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes; y, una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se sobreseyó; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en representación de la misma y por el Actuario Judicial adscrito a dicha Junta, por medio del cual rinden su informe justificado. Asimismo, remiten diversas constancias certificadas que integran el expediente laboral J.6/148/2020; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de dichas constancias, así como del informe de cuenta, se advierte que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se emitió el laudo definitivo en el expediente laboral J.6/148/2020, promovido por María Patricia García Bustamante, en contra de Raymundo Roldan Pilón y/o Claudia Gutiérrez "N" y/o quién resulte responsable de la fuente de trabajo demandada. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí resuelve, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral J.6/148/2020, de su índice. Ahora bien, en el presente asunto, la citada autoridad responsable allega copia certificada del laudo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el citado expediente laboral, así como la constancia de notificación a la parte actora respecto de dicha determinación de seis de octubre del mismo año. De ahí que se estime que la omisión reclamada ha cesado, dado que si bien el acto que reclamó la parte quejosa existió, al haberse dictado el laudo definitivo en el expediente laboral J.6/148/2020, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien la Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, omitió en su momento resolver el expediente laboral J.6/148/2020, al haberse dictado el laudo correspondiente, cesaron los actos que reclamó la peticionaria de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto del acto reclamado. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro César Sánchez López, en su carácter de apoderado legal de María Patricia García Bustamante, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las trece horas con cuarenta y seis minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, Comuníquese la presente determinación a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual solicita copia del escrito de demanda. Consecuentemente, remítase a la autoridad oficiante copia simple del escrito inicial de demanda, a fin de que se encuentre en condiciones de rendir su correspondiente informe justificado en el plazo que contempla la Ley de Amparo, el cual comenzará a computarse a partir de la recepción del oficio que derive del presente proveído; en el entendido de que le subsiste el apercibimiento decretado en caso de incumplimiento a dicho mandato judicial. Ahora, respecto de la dirección de correo electrónico institucional junta6.lcavct@edomex.gob.mx y número telefónico 55 51 16 47 24 que proporciona, se le tienen como medios alternativos de contacto. Por otra parte, se toma conocimiento que la autoridad responsable no cuenta con firma FIREL o FIEL, que la parte quejosa no ha promovido diverso juicio de amparo relacionado con el expediente J.6/148/2020 y que no cuenta con constancias digitalizadas que puedan ser remitidas electrónicamente a este juzgado. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1131/2022 Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Felipe Herrera Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo constitucional. Notifíquese. JUZGADO OCTAVO EXP. 605/2022

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano