Maria Pascuala Martinez Santiago

Expediente 846/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
846/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Maria Pascuala Martinez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Por último, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE:Vista la demanda de cuenta promovida por María Pascuala Martínez Santiago, y suscrita por Genoveva Martínez Santiago, quien manifiesta firmar a ruego de la promovente, y copias de la misma, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Fórmese el expediente de estilo y regístrese en el libro de gobierno con el número 846/2017-IV-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que en el presente se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca de acuerdo a su naturaleza efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone. Ahora bien, respecto de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Lo anterior significa que para que los actos reclamados sean considerados de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, debe decirse que el acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, se hace consistir en la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio número ***, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, promovido por José Santiago Robledo Meza en contra de Carlos Martínez Santiago y otra, determinación en la que sustancialmente se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la promovente en contra del diverso auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que intentó promover en el juicio natural. Asimismo, cabe destacar que de la narrativa realizada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se desprende que el expediente de origen, se encuentra en trámite, específicamente en el periodo probatorio, motivo por el cual, no puede decirse, que la determinación combatida reúna las características de ser de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, es así, pues en la especie, se advierte que la quejosa se duele que le causa agravios la resolución reclamada, ya que al confirmar el auto de veintidós de junio del actual, en el que se desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que pretendió promover, se convalidaran todas las actuaciones que a su juicio se encuentran viciadas, puesto que señala, no puede proseguirse con el trámite del juicio hasta en tanto se llame al tercero llamado a juicio que indica. No obstante, se reitera que el acto reclamado en estudio por su naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una mera actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en la especie, existe la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural, pues en ese sentido, las "violaciones procesales acaecidas" son susceptibles de ser reparadas al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural, si esta como se dijo es favorable a los intereses de la accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si el acto reclamado por la agraviada en el presente juicio lo constituye esencialmente la resolución de revocación de trece de julio de dos mil diecisiete, en la que sustancialmente se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la promovente en contra del diverso auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que intentó promover en el juicio natural, es evidente que esa actuación, de acuerdo a su naturaleza no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener un fallo favorable; y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duelen, como se señaló con antelación, puede ser reclamable mediante el juicio de amparo directo. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se analiza prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA promovida por María Pascuala Martínez Santiago, y suscrita a su ruego por Genoveva Martínez Santiago. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el que se precisa en su escrito de cuenta, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la quejosa o a sus autorizados, desde este momento se autoriza a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que dicha notificación sea practicada por medio de lista de acuerdos, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reyna Aurora Hernández Valenciano, en virtud de acreditar ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado...

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