María Paloma Villanueva Ramírez
Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Paloma Villanueva Ramírez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia de éste para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por María Paloma Villanueva Ramírez, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1129/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución emitida en el toca 226/2023, derivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario civil 249/2023, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, con sede en esta ciudad, sobre reivindicación de inmueble. Del contenido de la demanda se advierte que la Sala responsable confirmó el auto recurrido, en el cual el Juez Civil, al atender el escrito de ofrecimiento de pruebas ofertados por la aquí quejosa en cuanto parte actora, determinó que no ha lugar a girar oficios a la Dirección de Catastro en el Estado y Dirección de Catastro Municipal, a fin de que informara sobre los puntos que ofertó la promovente. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. " "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]" 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno, como se verá enseguida. De los antecedentes que narró la quejosa bajo protesta de decir verdad, los cuales hacen prueba plena de conformidad con el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se obtiene que es la parte actora en el juicio ordinario civil 249/2023, sobre reivindicación de inmueble; en el cual, con fecha tres de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda en la forma y términos propuestos. El quince de mayo siguiente, se ordenó abrir a prueba el juicio, para lo cual la aquí quejosa ofertó los medios de convicción para probar los hechos de su demanda, en ese sentido solicitó se despacharan oficios a la Dirección de Catastro en el Estado y a la Dirección de Catastro Municipal a fin de que se informara: a) Si la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad capital abarca las colonias Chapultepec Sur y Ventura Puente; b) En caso afirmativo, precise si en la mencionada avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, de ambas colonias existe el número oficial 1390 o sólo en una de ellas; y, c) Si dichas dependencias tienen registrado como número de predio el 10139 o bien la cuenta predial 101-1-10139, y a que ubicación corresponde; asimismo se precise quién aparece como propietario o poseedor de dicho número de predio. Promoción proveída mediante auto de cinco de junio del año en curso, en el cual la responsable determinó no ha lugar a girar los oficios solicitados, toda vez que mediante acuerdo de veintinueve de marzo pasado, se tuvo a la parte contraria acusándole la rebeldía para que no exhibiera más documentos fundatorios de su acción, con las salvedades que marca la ley, considerando además que dichas pruebas no son supervinientes. Inconforme con la determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto el nueve de agosto pasado, en el que la Sala responsable determinando confirmar el proveído impugnado; dicha resolución constituye el acto reclamado. Así, la resolución reclamada, es un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a derechos adjetivos, los cuales únicamente producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; sin embargo sus efectos no son de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, ya que no implica que por sí mismo afecte un derecho sustantivo, y, para el caso de existir violación a algún derecho, únicamente impactaría en el resultado de la sentencia. De modo que la parte quejosa podría obtener una resolución favorable en el contradictorio de origen, con lo cual quedarían reparadas las posibles violaciones procesales. Por lo cual, no se surte la hipótesis que contiene el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia de este medio de control constitucional. Además, para el caso, de que el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, podrá hacer valer la violación procesal conducente, ante el desechamiento de pruebas legalmente ofrecidas. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que establece el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso precepto 113 de la misma, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. 4. Notificaciones electrónicas. En términos de los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa autorizando también recibir notificaciones personales vía electrónica a través del usuario "licrcI10" que proporciona. 5. Autorizado para recibir notificaciones. Se tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Ricardo Francisco Contreras López, por así haberlo solicitado expresamente. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; dando fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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