María Orozco Torres
Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Orozco Torres
Actuaciones
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que tuvo la parte quejosa para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documentos a la quejosa. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que obra agregada al expediente diversa documental original (foja 11) que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la aludida documental, previa foja de sustitución que se deje en autos. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad será destruida junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo que promueve * * * * * * por propio derecho y como beneficiaria designada de su extinta hermana * * * * * * * * contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 1015/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la jurisprudencia, I.13o.A. J/6, sustentada por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro digital 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "a). Reclamo de DE (SIC) LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, el acuerdo dictado con fecha 21 de septiembre de 2023, por el que se ordena tramitar la investigación de dependencia económica de mi extinta hermana * * * * * * y la fijación de la Convocatoria a que se refieren los Artículos 735 y 873 párrafo segundo de la Ley federal del Trabajo. Así mismo, reclamo las consecuencias que de tal acuerdo se derivan, como lo es que no se dé trámite a mi demanda en los términos planteados como beneficiaria de mi extinta hermana conforme a lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como el indebido apercibimiento para el caso de no cumplir con su requerimiento y, consecuentemente, que se me prive de mis derechos y propiedades, como lo decidió mi difunta hermana. b). De las Ejecutoras reclamo: la ejecución de los actos ordenados por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y las consecuencias que de estos actos de ejecución se deriven. c). De todas las autoridades reclamo: la omisión de impartir justicia completa e imparcial, en los plazos que fijan las leyes." En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, Interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Así, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en vigor a la fecha el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. Orienta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2009477, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 1069, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia que resuelve cualquier problema de legalidad, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. En ese contexto, en el caso se advierte que el acto reclamado (acuerdo de veintiuno de septiembre de este año) únicamente tiene efectos procesales en la medida que sólo trae como consecuencia que el órgano jurisdiccional continúe con la secuela procesal del procedimiento paraprocesal sobre la Declaración de Beneficiarios de la extinta trabajadora * * * * * * * promovido en la vía de jurisdicción voluntaria por * * * * * * * en los términos en que actualmente se encuentra integrado, hasta el dictado de la sentencia y/o resolución que en derecho corresponda, condición que, en principio, se traduce en un aspecto puramente procesal, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la sentencia y/o resolución que ponga fin al procedimiento de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo sin prejuzgar sobre ese aspecto. Tanto más que de resultar favorable a sus interesas la sentencia y/o resolución que ponga fin al procedimiento de origen, las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado no habrán trascendido en modo alguno, lo que refuerza la conclusión atinente al carácter y efectos procesales del acto controvertido. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, dela Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por * * * * * * *. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, téngase por autorizada con la facultades previstas en el artículo 12 de la ley de la materia, a María de la Soledad Baltazar Segura, porque a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tienen emitida a su favor la cédula profesional 469055, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la parte quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor la profesional en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Y, a la restante únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado en forma expresa. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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