María Oralia Camacho Bojorquez
Expediente 515/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/02/2016
Partes del expediente
- María Oralia Camacho Bojorquez
- María del Rosario Vázquez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se negó el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el cuaderno principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, con sede en esta ciudad, un legajo en copia certificada de constancias que integran el juicio sumario civil 916/2013 de su índice, así como también, se ordena devolver a la autoridad responsable 2. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, un legajo en copia certificada de constancias que integran la toca civil 923/2015 de su índice, mismos que remitieron al rendir sus informes justificados.
- Principal
Siendo las nueve horas del día nueve de febrero de dos mil dieciséis, en términos del 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, el suscrito actuario Fernando Priorio Nagel, notifico a la parte QUEJOSA SENTENCIA de ventinueve de enero de dos mil dieciséis, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: "Resultando: Primero. Presentación de demanda y contenido. El dieciséis de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, se recibió la demanda de amparo promovida por María Oralia Camacho Bojórquez, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por razón de turno, en esa misma fecha; en ella la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables: 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. 2. Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. De quienes reclamó: A) De la autoridad señalada como responsable ordenadora, Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución dictada con fecha 25 de septiembre de 2015, dentro del Toca Civil número 0923/2015, mediante la cual confirma en apelación el auto de fecha 30 de Enero de 2015, dictada por la Autoridad Responsable Ejecutora. B) De la Autoridad señalada como responsable Ejecutora, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, la ejecución de los actos derivados de la resolución que se combate. Segundo. Admisión y trámite. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, formándose el expediente registrado con el número 515/2015-II-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, y se ordenó la primera notificación del juicio a la parte tercero interesada. Tercero. Audiencia constitucional. El cinco de enero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a dictar sentencia; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclaman actos dictados dentro de juicio, ejecutados dentro del ámbito territorial de competencia asignada a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no solo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta, así como sus anexos; lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, así como la diversa tesis del propio órgano colegiado, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por lo expuesto, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del toca civil 923/2015. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California y Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al rendir sus respectivos informes con justificación aceptaron la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio sumario civil 916/2013, y la del toca civil 923/2015, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte su existencia. Por lo anterior, debe tenerse por existente el acto reclamado, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto dicen: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Al respecto, ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, por lo que procede el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes relevantes del acto reclamado. 1. Mediante escrito recibido en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California el dos de octubre de dos mil trece, María Oralia Camacho Bojórquez, promovió juicio sumario civil, ejerciendo en contra de María del Rosario Osorio Vásquez Méndez, la acción de división de cosa común y/o la venta de esta por no admitir cómoda división (fojas 1 a 13 del tomo I de pruebas). 2. Mediante auto de ocho de octubre de dos mil trece, el Juez responsable radicó la demanda de origen bajo el número de expediente 916/2013 (fojas 82 y 83 del tomo I de pruebas). 3. Seguido el trámite del juicio natural, el treinta de enero de dos mil quince, el A quo interrumpió el trámite del procedimiento, hasta en tanto se resolviera el diverso juicio ordinario civil 978/2013, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Ensenada, Baja California, pues consideró que dicha contienda debía resolverse antes que la de su índice (foja 29 del tomo II de pruebas). 4. Inconforme con la anterior determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en su contra, del cual correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. (fojas 32 a 34 del tomo II de pruebas). 5. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, la Sala responsable admitió a trámite el recurso planteado, radicándolo bajo el número de toca 923/2015, y mediante resolución de veinticinco de septiembre del citado año, determinó confirmar el auto recurrido. (fojas 301 y 306 a 309 del tomo III de pruebas). Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Inconforme con el auto reclamado, la parte quejosa planteó sus conceptos de violación, los cuales no se transcriben, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Ahora bien, analizados los argumentos que en vía de conceptos de violación hace valer la parte quejosa, se llega a la conclusión que resultan por una parte inoperantes y por otra infundados, sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente, en razón de que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Como se dijo en el considerando segundo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del toca civil 923/2015. En la resolución tildada de inconstitucional, la Sala responsable expuso que si bien en el auto recurrido, el Juez de origen al momento de suspender el procedimiento natural, no especificó en cuál de las fracciones contenida en el artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado fundamentaba su determinación, era evidente que tal circunstancia no conducía a una falta de fundamentación, ya que se actualizaba la fracción II, del citado precepto legal. Estimó lo anterior, pues explicó que la acción principal en el expediente 916/2013, era la división y/o venta forzosa de los bienes que pertenecían en común a las partes contendientes del juicio natural, cuya copropiedad resultó de la adjudicación en favor de la aquí quejosa, en la sucesión testamentaria a bienes de Rufino Joe García López; por lo que al encontrarse en trámite un diverso procedimiento promovido por la demandada María del Rosario Vásquez Méndez, en contra de María Oralia Camacho Bojórquez, el cual versa sobre la impugnación del testamento materia de la citada sucesión, era inconcuso que para poder resolver sobre la procedencia o no de la división de la cosa común, o bien su venta forzosa, resultaba indispensable que primeramente se determinara sobre la existencia y validez del testamento que dio lugar a la copropiedad de los bienes. Asimismo, adujo la responsable que lo anterior encuadraba en la fracción II, del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que debía suspenderse el procedimiento con la finalidad de no emitir sentencias contradictorias, ello, hasta en tanto se resolviera mediante sentencia ejecutoria el juicio de impugnación de testamento tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil, de esta ciudad. Finalmente expuso la Sala responsable que no pasaba desapercibido el hecho de que el Juez de primera instancia haya utilizado el término "interrumpir" en lugar del diverso "suspender", pues estimó que dichos términos son análogos en sus efectos, en virtud de que con cualquiera de esas determinaciones no pueden realizarse actos procesales y en el lapso relativo, no se computan términos. Luego, el quejoso en sus conceptos de violación aduce lo siguiente: 1) Que la autoridad responsable inadvirtió que el juicio de origen se trata de un procedimiento sumario, en el cual de acuerdo con el artículo 432, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, la sentencia respectiva debe emitirse en la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, que prevén los diversos numerales 429 y 430, del citado código, por lo que al haberse dejado sin efectos la citación para oír sentencia en el auto de treinta de enero de dos mil quince, se contravino su derecho humano a la legalidad, por no encontrarse debidamente fundada dicha determinación. 2) Que la Sala de apelación contraviene sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así como el de acceso a la justicia previsto en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, ya que indebidamente confirma la determinación del Juez de origen, estableciendo que la omisión de éste de precisar en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles encuadraba la suspensión del procedimiento, no conducía a una carencia de fundamentación, determinando oficiosamente que era en la fracción II, la aplicable al caso; además de que inadvirtió sus agravios expuestos en el recurso de apelación. Ahora bien, como se anticipó, primeramente resulta inoperante el motivo de disenso expuesto por la quejosa en el que arguye que la autoridad responsable inadvirtió que el juicio de origen se trata de un procedimiento sumario, en el cual de conformidad con lo previsto en el artículo 432, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, debe emitirse la sentencia definitiva en la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que al haber dejado sin efectos la citación para oír sentencia el Juez natural en el auto apelado de treinta de enero de dos mil quince, se contravino su derecho humano a la legalidad. Lo anterior es así, ya que dichos argumentos no se hicieron valer en el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de treinta de enero de dos mil quince, tal como se advierte del respectivo escrito de agravios que obra en las constancias del juicio de origen, por lo que al no haber sido analizados por la Sala responsable en la resolución ahora recurrida por no tener conocimiento de los mismos, devienen inoperantes. Ello, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de los agravios hechos valer en la apelación, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas, constituyendo aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a declarar inconstitucional el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Asimismo, apoya la anterior determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Por otra parte, esta juzgadora estima que es infundado el diverso concepto de violación en el que la quejosa aduce que la Sala responsable indebidamente confirmó el auto de treinta de enero de dos mil quince, dictado del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California, estableciendo que la omisión de éste de precisar en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles encuadraba la suspensión del procedimiento, no conducía a una carencia de fundamentación, determinando oficiosamente que era en la fracción II, la aplicable al caso; además de que inadvirtió sus agravios expuestos en el recurso de apelación. Al efecto conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 1936/95, expuso que en las resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la prerrogativa de que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado -legalidad-, se verifica si los razonamientos de la resolución conducen a la norma que debe ser aplicada, pues solo de esa manera la falta de la citada formalidad puede dispensarse; de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de fundamentación sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos aplicables al caso, cuando se advierta con claridad el artículo en que se basa. Dicho criterio dio origen a la tesis P. CXVI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 143, de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Como consecuencia de lo anterior, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, pues acertadamente expuso las razones por las cuales la resolución apelada no carecía de fundamentación como lo adujo la parte recurrente, incluso precisó en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, encuadraba la suspensión del procedimiento decretada por el Juez natural, es decir, la fracción II; razón por la que quien ahora resuelve considera que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que existe una adecuación entre el argumento en que se apoyó la responsable y los preceptos legales a los que remite la resolución jurisdiccional. Aunado a lo anterior, aun cuando la Sala de Segunda Instancia oficiosamente hubiera corregido la omisión del Juez de origen, tiene facultades para hacerlo; de ahí también lo infundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. Lo anterior es así, pues la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 17/2010, mismo que dio origen a la tesis Tesis: 1a. XXXV/2011, de rubro APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA ÚNICAMENTE PUEDE SUSTITUIRSE EN LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE PRIMER GRADO CUANDO HAYA ANALIZADO EN SU TOTALIDAD LOS AGRAVIOS MATERIA DEL RECURSO Y, UNA VEZ CONSIDERADOS FUNDADOS Y SUFICIENTES PARA REVOCAR EL FALLO NATURAL, PUEDE DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN DE FONDO, estableció que contrario a lo que sucede en la primera instancia de un juicio, donde el órgano jurisdiccional debe dilucidar si asiste razón o no a alguna de las partes, en la segunda instancia originada por la interposición de un recurso de apelación, el tribunal de alzada debe resolver, en principio, si la resolución recurrida fue dictada o no con apego a derecho, por lo que la litis versa sobre los agravios tendientes a demostrar jurídicamente la ilegalidad de la sentencia recurrida. Que en términos del principio de plenitud en la administración de justicia derivado de la garantía de tutela jurisdiccional, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal de alzada debe emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos litigiosos contenidos en los agravios, por lo que si el tribunal de alzada considera que aquéllos son fundados y suficientes para revocar el fallo de primer grado, se avocará a dictar una nueva resolución, ya que en esta materia no existe reenvío, y sólo en ese caso debe sustituirse en la jurisdicción del juez de primera instancia y resolver la litis del juicio de origen, porque al destruirse por completo la sentencia primigenia, la litis de segunda instancia se transforma, y el tribunal de alzada juzga como lo haría el juez natural. Por ende, resulta inconcuso que al no existir reenvió en segunda instancia, la responsable contaba con facultades para revocar el auto apelado e incluso dictar uno nuevo en el mismo sentido, pero precisando la fracción que omitió asentar Juez de origen, lo cual como ya se vio, resultó innecesario por tratarse de una resolución jurisdiccional que de su propio contenido podía advertirse su fundamentación. De ahí que también resultara ocioso para la responsable pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expuestos por el recurrente, ya que los mismos iban encaminados a la indebida fundamentación del auto apelado, que como ha quedado de manifiesto, si cumplió con el requisito de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo expresó la Sala responsable. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además, en el contenido de los artículos 76, 77, 78, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Oralia Camacho Bojórquez, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notífiquese personalmente."
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Siendo las nueve horas del día nueve de febrero de dos mil dieciséis, en términos del 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, el suscrito actuario Fernando Priorio Nagel, notifico a la TERCERO INTERESADA MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MÉNDEZ la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: "Resultando: Primero. Presentación de demanda y contenido. El dieciséis de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, se recibió la demanda de amparo promovida por María Oralia Camacho Bojórquez, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por razón de turno, en esa misma fecha; en ella la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables: 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. 2. Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. De quienes reclamó: A) De la autoridad señalada como responsable ordenadora, Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución dictada con fecha 25 de septiembre de 2015, dentro del Toca Civil número 0923/2015, mediante la cual confirma en apelación el auto de fecha 30 de Enero de 2015, dictada por la Autoridad Responsable Ejecutora. B) De la Autoridad señalada como responsable Ejecutora, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, la ejecución de los actos derivados de la resolución que se combate. Segundo. Admisión y trámite. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, formándose el expediente registrado con el número 515/2015-II-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, y se ordenó la primera notificación del juicio a la parte tercero interesada. Tercero. Audiencia constitucional. El cinco de enero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a dictar sentencia; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclaman actos dictados dentro de juicio, ejecutados dentro del ámbito territorial de competencia asignada a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no solo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta, así como sus anexos; lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, así como la diversa tesis del propio órgano colegiado, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por lo expuesto, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del toca civil 923/2015. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California y Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al rendir sus respectivos informes con justificación aceptaron la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio sumario civil 916/2013, y la del toca civil 923/2015, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte su existencia. Por lo anterior, debe tenerse por existente el acto reclamado, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto dicen: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Al respecto, ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, por lo que procede el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes relevantes del acto reclamado. 1. Mediante escrito recibido en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California el dos de octubre de dos mil trece, María Oralia Camacho Bojórquez, promovió juicio sumario civil, ejerciendo en contra de María del Rosario Osorio Vásquez Méndez, la acción de división de cosa común y/o la venta de esta por no admitir cómoda división (fojas 1 a 13 del tomo I de pruebas). 2. Mediante auto de ocho de octubre de dos mil trece, el Juez responsable radicó la demanda de origen bajo el número de expediente 916/2013 (fojas 82 y 83 del tomo I de pruebas). 3. Seguido el trámite del juicio natural, el treinta de enero de dos mil quince, el A quo interrumpió el trámite del procedimiento, hasta en tanto se resolviera el diverso juicio ordinario civil 978/2013, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Ensenada, Baja California, pues consideró que dicha contienda debía resolverse antes que la de su índice (foja 29 del tomo II de pruebas). 4. Inconforme con la anterior determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en su contra, del cual correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. (fojas 32 a 34 del tomo II de pruebas). 5. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, la Sala responsable admitió a trámite el recurso planteado, radicándolo bajo el número de toca 923/2015, y mediante resolución de veinticinco de septiembre del citado año, determinó confirmar el auto recurrido. (fojas 301 y 306 a 309 del tomo III de pruebas). Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Inconforme con el auto reclamado, la parte quejosa planteó sus conceptos de violación, los cuales no se transcriben, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Ahora bien, analizados los argumentos que en vía de conceptos de violación hace valer la parte quejosa, se llega a la conclusión que resultan por una parte inoperantes y por otra infundados, sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente, en razón de que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Como se dijo en el considerando segundo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del toca civil 923/2015. En la resolución tildada de inconstitucional, la Sala responsable expuso que si bien en el auto recurrido, el Juez de origen al momento de suspender el procedimiento natural, no especificó en cuál de las fracciones contenida en el artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado fundamentaba su determinación, era evidente que tal circunstancia no conducía a una falta de fundamentación, ya que se actualizaba la fracción II, del citado precepto legal. Estimó lo anterior, pues explicó que la acción principal en el expediente 916/2013, era la división y/o venta forzosa de los bienes que pertenecían en común a las partes contendientes del juicio natural, cuya copropiedad resultó de la adjudicación en favor de la aquí quejosa, en la sucesión testamentaria a bienes de Rufino Joe García López; por lo que al encontrarse en trámite un diverso procedimiento promovido por la demandada María del Rosario Vásquez Méndez, en contra de María Oralia Camacho Bojórquez, el cual versa sobre la impugnación del testamento materia de la citada sucesión, era inconcuso que para poder resolver sobre la procedencia o no de la división de la cosa común, o bien su venta forzosa, resultaba indispensable que primeramente se determinara sobre la existencia y validez del testamento que dio lugar a la copropiedad de los bienes. Asimismo, adujo la responsable que lo anterior encuadraba en la fracción II, del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que debía suspenderse el procedimiento con la finalidad de no emitir sentencias contradictorias, ello, hasta en tanto se resolviera mediante sentencia ejecutoria el juicio de impugnación de testamento tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil, de esta ciudad. Finalmente expuso la Sala responsable que no pasaba desapercibido el hecho de que el Juez de primera instancia haya utilizado el término "interrumpir" en lugar del diverso "suspender", pues estimó que dichos términos son análogos en sus efectos, en virtud de que con cualquiera de esas determinaciones no pueden realizarse actos procesales y en el lapso relativo, no se computan términos. Luego, el quejoso en sus conceptos de violación aduce lo siguiente: 1) Que la autoridad responsable inadvirtió que el juicio de origen se trata de un procedimiento sumario, en el cual de acuerdo con el artículo 432, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, la sentencia respectiva debe emitirse en la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, que prevén los diversos numerales 429 y 430, del citado código, por lo que al haberse dejado sin efectos la citación para oír sentencia en el auto de treinta de enero de dos mil quince, se contravino su derecho humano a la legalidad, por no encontrarse debidamente fundada dicha determinación. 2) Que la Sala de apelación contraviene sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así como el de acceso a la justicia previsto en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, ya que indebidamente confirma la determinación del Juez de origen, estableciendo que la omisión de éste de precisar en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles encuadraba la suspensión del procedimiento, no conducía a una carencia de fundamentación, determinando oficiosamente que era en la fracción II, la aplicable al caso; además de que inadvirtió sus agravios expuestos en el recurso de apelación. Ahora bien, como se anticipó, primeramente resulta inoperante el motivo de disenso expuesto por la quejosa en el que arguye que la autoridad responsable inadvirtió que el juicio de origen se trata de un procedimiento sumario, en el cual de conformidad con lo previsto en el artículo 432, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, debe emitirse la sentencia definitiva en la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que al haber dejado sin efectos la citación para oír sentencia el Juez natural en el auto apelado de treinta de enero de dos mil quince, se contravino su derecho humano a la legalidad. Lo anterior es así, ya que dichos argumentos no se hicieron valer en el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de treinta de enero de dos mil quince, tal como se advierte del respectivo escrito de agravios que obra en las constancias del juicio de origen, por lo que al no haber sido analizados por la Sala responsable en la resolución ahora recurrida por no tener conocimiento de los mismos, devienen inoperantes. Ello, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de los agravios hechos valer en la apelación, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas, constituyendo aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a declarar inconstitucional el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Asimismo, apoya la anterior determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Por otra parte, esta juzgadora estima que es infundado el diverso concepto de violación en el que la quejosa aduce que la Sala responsable indebidamente confirmó el auto de treinta de enero de dos mil quince, dictado del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California, estableciendo que la omisión de éste de precisar en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles encuadraba la suspensión del procedimiento, no conducía a una carencia de fundamentación, determinando oficiosamente que era en la fracción II, la aplicable al caso; además de que inadvirtió sus agravios expuestos en el recurso de apelación. Al efecto conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 1936/95, expuso que en las resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la prerrogativa de que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado -legalidad-, se verifica si los razonamientos de la resolución conducen a la norma que debe ser aplicada, pues solo de esa manera la falta de la citada formalidad puede dispensarse; de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de fundamentación sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos aplicables al caso, cuando se advierta con claridad el artículo en que se basa. Dicho criterio dio origen a la tesis P. CXVI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 143, de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Como consecuencia de lo anterior, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, pues acertadamente expuso las razones por las cuales la resolución apelada no carecía de fundamentación como lo adujo la parte recurrente, incluso precisó en qué fracción del artículo 33, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, encuadraba la suspensión del procedimiento decretada por el Juez natural, es decir, la fracción II; razón por la que quien ahora resuelve considera que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que existe una adecuación entre el argumento en que se apoyó la responsable y los preceptos legales a los que remite la resolución jurisdiccional. Aunado a lo anterior, aun cuando la Sala de Segunda Instancia oficiosamente hubiera corregido la omisión del Juez de origen, tiene facultades para hacerlo; de ahí también lo infundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. Lo anterior es así, pues la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 17/2010, mismo que dio origen a la tesis Tesis: 1a. XXXV/2011, de rubro APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA ÚNICAMENTE PUEDE SUSTITUIRSE EN LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE PRIMER GRADO CUANDO HAYA ANALIZADO EN SU TOTALIDAD LOS AGRAVIOS MATERIA DEL RECURSO Y, UNA VEZ CONSIDERADOS FUNDADOS Y SUFICIENTES PARA REVOCAR EL FALLO NATURAL, PUEDE DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN DE FONDO, estableció que contrario a lo que sucede en la primera instancia de un juicio, donde el órgano jurisdiccional debe dilucidar si asiste razón o no a alguna de las partes, en la segunda instancia originada por la interposición de un recurso de apelación, el tribunal de alzada debe resolver, en principio, si la resolución recurrida fue dictada o no con apego a derecho, por lo que la litis versa sobre los agravios tendientes a demostrar jurídicamente la ilegalidad de la sentencia recurrida. Que en términos del principio de plenitud en la administración de justicia derivado de la garantía de tutela jurisdiccional, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal de alzada debe emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos litigiosos contenidos en los agravios, por lo que si el tribunal de alzada considera que aquéllos son fundados y suficientes para revocar el fallo de primer grado, se avocará a dictar una nueva resolución, ya que en esta materia no existe reenvío, y sólo en ese caso debe sustituirse en la jurisdicción del juez de primera instancia y resolver la litis del juicio de origen, porque al destruirse por completo la sentencia primigenia, la litis de segunda instancia se transforma, y el tribunal de alzada juzga como lo haría el juez natural. Por ende, resulta inconcuso que al no existir reenvió en segunda instancia, la responsable contaba con facultades para revocar el auto apelado e incluso dictar uno nuevo en el mismo sentido, pero precisando la fracción que omitió asentar Juez de origen, lo cual como ya se vio, resultó innecesario por tratarse de una resolución jurisdiccional que de su propio contenido podía advertirse su fundamentación. De ahí que también resultara ocioso para la responsable pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expuestos por el recurrente, ya que los mismos iban encaminados a la indebida fundamentación del auto apelado, que como ha quedado de manifiesto, si cumplió con el requisito de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo expresó la Sala responsable. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además, en el contenido de los artículos 76, 77, 78, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Oralia Camacho Bojórquez, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notífiquese personalmente."
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Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que le está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo A la tercero interesada María del Rosario Vásquez Méndez, a fin de que se impongan de los informes justificados que obran en autos; en consecuencia, para no dejar a dicha parte en estado de indefensión, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las nueve horas con once minutos del cinco de enero de dos mil dieciséis.
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