María Olivera Baltazar

Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
726/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad
  • María Olivera Baltazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente respectivo; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción ll, inciso a), del citado acuerdo general, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el pedimento número 232/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia Constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias certificadas que requiere en su pedimento de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio J-II/1653/2021, signado por la Presidente de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como el escrito signado por la quejosa------------, de los cuales se advierte, en relación al oficio, que la aludida junta remite copia certificada del acuerdo tomado el veinte de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral -------, en el que se tuvo al trabajador actor compareciendo y dándose por pagado de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada, por lo que se ordenó el archivo de dicho expediente y, por lo que ve al escrito de referencia, que la quejosa informa que el día veinte de agosto del año en curso, se presentó su hijo de nombre -------------, ante la Junta Especial Número Dos, y llegó a un acuerdo con el representante y la parte trabajadora, a fin de terminar con el asunto que le ocupa en el juicio de origen, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la quejosa ----------reclamo de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad, los siguientes actos: ". -------------------." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De esta manera, de la constancia remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto su Presidenta, consistente en la copia certificada del acuerdo tomado el veinte de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral ----------, del que se advierte, que la mencionada junta tuvo al trabajador actor compareciendo y dándose por pagado de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada, por lo que ordenó el archivo de dicho expediente, del que emanan los actos reclamados en esta instancia Constitucional, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que se advierte, que en la especie, opera la causa de improcedencia antes invocada, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron irreparablemente consumadas al haberse dictado el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el cual, la junta responsable tuvo compareciendo a la parte actora, dándose por pagada de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada (quejosa), por lo que la responsable ordenó el archivo definitivo del juicio laboral de donde emanan los actos aquí reclamados. Aunado a que, la determinación adoptada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral de origen, es la que ahora rige en dicho juicio, por lo que no sería posible analizar los actos aquí reclamados sin afectar la nueva situación jurídica originada. Máxime que, la propia quejosa se dice conforme con lo determinado por la junta responsable en ese sentido, lo que se corrobora con las manifestaciones que realiza en el escrito de cuenta, que es del tenor literal siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día 20 de agosto del año en curso, mi hijo de nombre Indalecio Esquiven Olivera, por cuenta propia investigo el origen de la supuesta demanda laboral existente en mi contra, contactando así al presunto representante de la trabajadora quien resultó ser una persona que se acomedía acomodar algunas cosas tal y como le hace un cuidador de vehículos a las afueras de un centro comercial de los llamados "viene viene", esto sin generar una relación laboral entre los conductores y el cuidador; el punto es que debido a mi avanzada edad y mi notan bueno estado de salud, no quiero ni deseo andar con sobresaltos emocionales, menos con preocupaciones y en tal virtud mi hijo ya mencionado llego a un acuerdo con el representante legal y la trabajadora, a fin de determinar con el asunto que me ocupa. Ergo lo anterior es que por medio del presente ocurso exhibo el acta de comparecencia de la trabajadora ante la junta Especial Numero Dos, de fecha 20 del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno." En las relatadas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria, plena e indubitable la causa improcedencia relativa a un cambio de situación jurídica en el juicio laboral de origen, del cual emanan los actos aquí reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dos de septiembre, el cual en lo conducente señala: "Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio J-II/1653/2021, signado por la Presidente de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como el escrito signado por la quejosa------------, de los cuales se advierte, en relación al oficio, que la aludida junta remite copia certificada del acuerdo tomado el veinte de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral -------, en el que se tuvo al trabajador actor compareciendo y dándose por pagado de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada, por lo que se ordenó el archivo de dicho expediente y, por lo que ve al escrito de referencia, que la quejosa informa que el día veinte de agosto del año en curso, se presentó su hijo de nombre -------------, ante la Junta Especial Número Dos, y llegó a un acuerdo con el representante y la parte trabajadora, a fin de terminar con el asunto que le ocupa en el juicio de origen, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la quejosa ----------reclamo de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad, los siguientes actos: ". -------------------." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De esta manera, de la constancia remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto su Presidenta, consistente en la copia certificada del acuerdo tomado el veinte de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral ----------, del que se advierte, que la mencionada junta tuvo al trabajador actor compareciendo y dándose por pagado de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada, por lo que ordenó el archivo de dicho expediente, del que emanan los actos reclamados en esta instancia Constitucional, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que se advierte, que en la especie, opera la causa de improcedencia antes invocada, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron irreparablemente consumadas al haberse dictado el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el cual, la junta responsable tuvo compareciendo a la parte actora, dándose por pagada de la cantidad a que resultó condenada la parte demandada (quejosa), por lo que la responsable ordenó el archivo definitivo del juicio laboral de donde emanan los actos aquí reclamados. Aunado a que, la determinación adoptada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral de origen, es la que ahora rige en dicho juicio, por lo que no sería posible analizar los actos aquí reclamados sin afectar la nueva situación jurídica originada. Máxime que, la propia quejosa se dice conforme con lo determinado por la junta responsable en ese sentido, lo que se corrobora con las manifestaciones que realiza en el escrito de cuenta, que es del tenor literal siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día 20 de agosto del año en curso, mi hijo de nombre Indalecio Esquiven Olivera, por cuenta propia investigo el origen de la supuesta demanda laboral existente en mi contra, contactando así al presunto representante de la trabajadora quien resultó ser una persona que se acomedía acomodar algunas cosas tal y como le hace un cuidador de vehículos a las afueras de un centro comercial de los llamados "viene viene", esto sin generar una relación laboral entre los conductores y el cuidador; el punto es que debido a mi avanzada edad y mi notan bueno estado de salud, no quiero ni deseo andar con sobresaltos emocionales, menos con preocupaciones y en tal virtud mi hijo ya mencionado llego a un acuerdo con el representante legal y la trabajadora, a fin de determinar con el asunto que me ocupa. Ergo lo anterior es que por medio del presente ocurso exhibo el acta de comparecencia de la trabajadora ante la junta Especial Numero Dos, de fecha 20 del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno." En las relatadas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria, plena e indubitable la causa improcedencia relativa a un cambio de situación jurídica en el juicio laboral de origen, del cual emanan los actos aquí reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente."

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