MARIA OLIMPIA ESTRADA ARELLANO y Otros.

Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
550/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Olimpia Estrada Arellano
  • MARIA OLIMPIA ESTRADA ARELLANO y Otros.
  • EUGENIO ESTRADA ARELLANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se apersona tercera interesada. Agréguese a los presentes autos el ocurso signado por ***********; en atención a sus manifestaciones, téngasele por apersonándose al presente juicio de amparo y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso; asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a Gregorio Alfonso Vera Anda, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a *********, por no estar en dicho supuesto. En cuanto a su solicitud de que le sean expedidas copias que integran el juicio de amparo; dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se autorizó la expedición de las copias que soliciten las partes durante la tramitación del juicio; las cuales podrán ser entregadas a cualquiera de las personas que autoriza en su escrito de cuenta.

  2. Principal

    I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se sobreseyó fuera de audiencia. Con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (f. 120 a 123). II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia. El cuaderno único relativo al incidente de suspensión es destruible, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Vistas las constancias que conforman la litis constitucional, en específico las recibidas el trece de julio de dos mil veintitrés (fojas 87 a 118), se advierte en lo que interesa lo siguiente: Mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés (fojas 64 a 67) se ordenó la separación de autos respecto de los diversos actos reclamados a distintas autoridades responsables; en consecuencia, se determinó que en el presente juicio de amparo se analizaría el acto reclamado al Juzgado Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, consistente en el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario ******************** a través del cual dicho Juzgado tuvo por recibidas diversas constancias relativas al juicio sucesorio testamentario ********************, a bienes de ********************, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, y de las cuales se reservó el acuerdo respectivo hasta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso controvertido constitucional ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional. De igual manera, en dicho auto se requirió al Juzgado señalado como responsable que informara si en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquél sumario constitucional, los quejosos ********************, ya tenían reconocido el carácter de parte en el juicio natural; de ser afirmativo debería expresar la fecha en que éstos fueron llamados al juicio sucesorio Intestamentario ********************, ya que de las constancias que obran el aquél juicio de amparo ******************** se inadvertía tal circunstancia. En la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintidós de junio pasado (fojas 76 y 77), se recibió el informe justificado del juez Décimo Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, con el que (además) expresó que en autos de dieciséis y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de origen, a ********************, se les tuvo por apersonándose. Asimismo, por auto de diez de julio de dos mil veintitrés (foja 84), se solicitó al juzgado responsable copia de los autos de dieciséis y veinticuatro de enero, así como de veintiuno de abril (acto reclamado), todos de dos mil veintitrés, dictados en el juicio sucesorio intestamentario ******************** toda vez que la responsable fue omisa en remitir estas últimas en acompañamiento a su informe justificado. Así las cosas, de las constancias señaladas en el párrafo inmediato anterior, se observa que (como lo refiere la autoridad responsable) mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés (foja 89), ********************se apersonaron al juicio sucesorio intestamentario ******************** bajo la calidad de hijos del finado ********************, personalidad que acreditaron con las actas de nacimiento que al efecto exhibieron (fojas 90 y 91). En proveído de dieciséis de enero siguiente (foja 93) el juez Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad tuvo a ********************apersonándose al juicio sucesorio intestamentario en cita, acreditando su parentesco con el autor de la sucesión con el acta de nacimiento exhibida; sin embargo por cuanto a la solicitud de ********************previo a acordar lo conducente, la requirió para que aclarara el nombre con el que comparecía toda vez que difería del asentado en el acta de nacimiento exhibida. Finalmente y atendiendo a que la quejosa desahogó el requerimiento, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************apersonándose al juicio sucesorio intestamentario en cita, acreditando su parentesco con el autor de la sucesión con el acta de nacimiento exhibida (foja 98 de autos). Todo lo anterior hace indudable que los quejosos ********************y ********************forman parte de la relación jurídica a que se contrae el juicio sucesorio intestamentario ******************** debido a que ambos cuentan con la calidad de parte en dicho juicio, bajo la personalidad que tienen acreditada ante el Juzgado Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, esto es como hijos del finado ********************. Bajo ese contexto, resulta evidente que se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". El motivo de inviabilidad de mérito, se encuentra previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita, se encuentra motivada por el hecho de que la parte quejosa no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el auto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que constituye un medio extraordinario, sui géneris, -como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación- de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado en la presente instancia constitucional (auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario ******************** a través del cual dicho Juzgado tuvo por recibidas diversas constancias relativas al juicio sucesorio testamentario ********************, a bienes de ********************, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, y de las cuales se reservó el acuerdo respectivo hasta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso controvertido constitucional ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional), se advierte que se actualiza la causa de improcedencia referida, para lo cual es necesario destacar que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, literalmente dispone: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Así las cosas, en el presente asunto se advierte que con posterioridad al auto dictado por la autoridad responsable, la parte quejosa pudo interponer el recurso de revocación, puesto que con la interposición de ese medio de defensa podía obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable (en el caso, suponiendo sin conceder) no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. En efecto, como los solicitantes del amparo no controvirtieron el acuerdo que reclaman a través del medio de impugnación idóneo (revocación), es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, debe ponerse de relieve que respecto al acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, puesto que como se vio en supralíneas es parte dentro del expediente natural. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En ese sentido, la parte quejosa incumple con el principio de definitividad en virtud de que le asiste el derecho de interponer los medios de defensa a su alcance, en tanto que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; de ahí que se sostenga la actualización del motivo de improcedencia en estudio. Entonces, al ser manifiesto que contra el acto que reclamaron los quejosos procede el recurso de revocación, dado que el precepto 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece la procedencia de ese medio ordinario de defensa contra dicha determinación, debe agotarse dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige a este último; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones, no se puede hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido al respecto por ella. Estimar lo contrario implicaría limitar la impugnación de un acuerdo emitido por el juzgado del conocimiento, extremo que contravendría lo ordenado por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, pues se estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador en cuanto al recurso de revocación, por lo que la parte inconforme debió interponer dicho medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo biinstancial, y si no lo hizo así, evidentemente no observó el principio de definitividad. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a los impetrantes, toda vez que de resultar desfavorable a sus intereses lo resuelto en el recurso de revocación, tienen expeditos sus derechos de acudir ante esta instancia constitucional para reclamar tal acto de autoridad. En virtud de lo anterior, es innegable la actualización de la causal de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de control de este Juzgado. II. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Vistas las constancias que conforman la litis constitucional, en específico las recibidas el trece de julio de dos mil veintitrés (fojas 87 a 118), se advierte en lo que interesa lo siguiente: Mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés (fojas 64 a 67) se ordenó la separación de autos respecto de los diversos actos reclamados a distintas autoridades responsables; en consecuencia, se determinó que en el presente juicio de amparo se analizaría el acto reclamado al Juzgado Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, consistente en el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario ******************** a través del cual dicho Juzgado tuvo por recibidas diversas constancias relativas al juicio sucesorio testamentario ********************, a bienes de ********************, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, y de las cuales se reservó el acuerdo respectivo hasta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso controvertido constitucional ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional. De igual manera, en dicho auto se requirió al Juzgado señalado como responsable que informara si en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquél sumario constitucional, los quejosos ********************, ya tenían reconocido el carácter de parte en el juicio natural; de ser afirmativo debería expresar la fecha en que éstos fueron llamados al juicio sucesorio Intestamentario ********************, ya que de las constancias que obran el aquél juicio de amparo ******************** se inadvertía tal circunstancia. En la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintidós de junio pasado (fojas 76 y 77), se recibió el informe justificado del juez Décimo Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, con el que (además) expresó que en autos de dieciséis y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de origen, a ********************, se les tuvo por apersonándose. Asimismo, por auto de diez de julio de dos mil veintitrés (foja 84), se solicitó al juzgado responsable copia de los autos de dieciséis y veinticuatro de enero, así como de veintiuno de abril (acto reclamado), todos de dos mil veintitrés, dictados en el juicio sucesorio intestamentario ******************** toda vez que la responsable fue omisa en remitir estas últimas en acompañamiento a su informe justificado. Así las cosas, de las constancias señaladas en el párrafo inmediato anterior, se observa que (como lo refiere la autoridad responsable) mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés (foja 89), ********************se apersonaron al juicio sucesorio intestamentario ******************** bajo la calidad de hijos del finado ********************, personalidad que acreditaron con las actas de nacimiento que al efecto exhibieron (fojas 90 y 91). En proveído de dieciséis de enero siguiente (foja 93) el juez Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad tuvo a ********************apersonándose al juicio sucesorio intestamentario en cita, acreditando su parentesco con el autor de la sucesión con el acta de nacimiento exhibida; sin embargo por cuanto a la solicitud de ********************previo a acordar lo conducente, la requirió para que aclarara el nombre con el que comparecía toda vez que difería del asentado en el acta de nacimiento exhibida. Finalmente y atendiendo a que la quejosa desahogó el requerimiento, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************apersonándose al juicio sucesorio intestamentario en cita, acreditando su parentesco con el autor de la sucesión con el acta de nacimiento exhibida (foja 98 de autos). Todo lo anterior hace indudable que los quejosos ********************y ********************forman parte de la relación jurídica a que se contrae el juicio sucesorio intestamentario ******************** debido a que ambos cuentan con la calidad de parte en dicho juicio, bajo la personalidad que tienen acreditada ante el Juzgado Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, esto es como hijos del finado ********************. Bajo ese contexto, resulta evidente que se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". El motivo de inviabilidad de mérito, se encuentra previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita, se encuentra motivada por el hecho de que la parte quejosa no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el auto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que constituye un medio extraordinario, sui géneris, -como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación- de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado en la presente instancia constitucional (auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario ******************** a través del cual dicho Juzgado tuvo por recibidas diversas constancias relativas al juicio sucesorio testamentario ********************, a bienes de ********************, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, y de las cuales se reservó el acuerdo respectivo hasta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso controvertido constitucional ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional), se advierte que se actualiza la causa de improcedencia referida, para lo cual es necesario destacar que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, literalmente dispone: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Así las cosas, en el presente asunto se advierte que con posterioridad al auto dictado por la autoridad responsable, la parte quejosa pudo interponer el recurso de revocación, puesto que con la interposición de ese medio de defensa podía obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable (en el caso, suponiendo sin conceder) no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. En efecto, como los solicitantes del amparo no controvirtieron el acuerdo que reclaman a través del medio de impugnación idóneo (revocación), es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, debe ponerse de relieve que respecto al acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, puesto que como se vio en supralíneas es parte dentro del expediente natural. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En ese sentido, la parte quejosa incumple con el principio de definitividad en virtud de que le asiste el derecho de interponer los medios de defensa a su alcance, en tanto que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; de ahí que se sostenga la actualización del motivo de improcedencia en estudio. Entonces, al ser manifiesto que contra el acto que reclamaron los quejosos procede el recurso de revocación, dado que el precepto 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece la procedencia de ese medio ordinario de defensa contra dicha determinación, debe agotarse dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige a este último; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones, no se puede hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido al respecto por ella. Estimar lo contrario implicaría limitar la impugnación de un acuerdo emitido por el juzgado del conocimiento, extremo que contravendría lo ordenado por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, pues se estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador en cuanto al recurso de revocación, por lo que la parte inconforme debió interponer dicho medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo biinstancial, y si no lo hizo así, evidentemente no observó el principio de definitividad. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a los impetrantes, toda vez que de resultar desfavorable a sus intereses lo resuelto en el recurso de revocación, tienen expeditos sus derechos de acudir ante esta instancia constitucional para reclamar tal acto de autoridad. En virtud de lo anterior, es innegable la actualización de la causal de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de control de este Juzgado. II. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

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