María Olga Estela Chávez Ramos
Expediente 635/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
Partes del expediente
- María Olga Estela Chávez Ramos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por la Sala de Origen, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que se le comunicó el auto que antecede dictado en este asunto, así como de los anexos que indica. Finalmente, devuélvanse este expediente al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Vistos; agréguese el oficio de cuenta signado electrónicamente por el actuario del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, mediante el mediante el cual remite la comunicación oficial recibida 2/2022 de su índice, formado con el exhorto 1/2022librado en este asunto; el cual se diligenció en sus términos. Acúsese de recibo. De las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que ha trascurrido el término que se le otorgó a la quejosa, María Olga Estela Chávez Ramos, para que desahogara el requerimiento que se le hizo consistente en que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el cual le fue notificado por medio Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito dentro de las actuaciones del exhorto 1/2022, sin que durante éste término e incluso hasta el día en que se actúa lo hubiese hecho; por tanto, ante esa omisión, se hace efectivo el apercibimiento indicado en proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, y en consecuencia, todas las notificaciones que se ordenen realizarle, inclusive las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, se notificó a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de enero del año en curso, en el cual se desechó el juicio de amparo directo, por lo que el tres de febrero del presente año feneció el término de tres días de que disponía para impugnarlo a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo; en tal virtud se estima que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, devuélvase los autos de origen a la Sala de origen. En esas condiciones, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones que se hagan, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo. En atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su destrucción. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido sin mediar proveído alguno se procederá a su destrucción. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y por oficio a la Sala de origen. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para la diligenciación del exhorto girado en el presente asunto, de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Pedro Enrique Díaz Pacheco, quien da fe.
- Juicio de Amparo Directo
En la Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos; téngase por recibido el oficio de mérito remitido por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se anexa las actuaciones del juicio de nulidad JN 406/21-97-01-9, donde obra el escrito de la demanda de amparo y copia de éste para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Acúsese recibo. Con las constancias remitidas, previo desglose que se realice del expediente de origen del escrito de la demanda y su copia, dejando en su lugar la constancia respectiva, fórmese y regístrese el juicio de amparo D.A. 635/2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional debe verificar la procedencia de la demanda de amparo de que se trata. Al respecto, precisa señalar que de las constancias remitidas se observa que la demanda de amparo que nos ocupa únicamente se presentó en copia simple, pues no obstante que el oficial de partes del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito lo asentó así en el sello de recepción. Asimismo la Sala responsable, en su informe justificado señaló que el escrito de demanda de amparo fue presentado en copia simple. Apoya lo anterior aplicado por analogía la tésis 2a./J. 32/2011 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, página 3632, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En las relatadas condiciones, válidamente puede afirmarse que la demanda de amparo de que se trata se presentó en copia simple, toda vez que la firma que la calza no se encuentra plasmada de manera autógrafa sino que se trata de una reproducción en copia fotostática simple, a la cual, debido al modo de reproducción empleado para su obtención, carece de valor probatorio pleno en términos de lo previsto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°. Consecuentemente, considerando que de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente, resulta inconcuso que si el escrito de demanda que ocupa nuestra atención carece de la firma de la persona que aparece como promovente, de ningún modo puede considerarse que la acción constitucional se ha ejercitado. Así es, la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita, por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, simplemente porque no se cuenta con los elementos suficientes para aseverar que la voluntad del citado promovente fue firmar de su puño y letra la demanda de amparo que nos ocupa, lo cual, como se dijo, constituye un requisito indispensable, en virtud de que la firma es el signo que da autenticidad a cualquier promoción judicial; razón por la cual, procede DESECHAR dicha demanda por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21 del tomo 13, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, PROMOCIONES SIN". Asimismo, orienta el criterio que se contiene en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 38, Primera Parte, Séptima Época, página 27, cuyos rubro y texto son: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS.". Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de constancias que obren en autos, siempre y cuando no se trate de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar por persona previamente autorizada para ello; en el entendido que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 68, fracción I y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública; 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, deberán ponerse a disposición del público, entre otros documentos, las sentencias que sean de interés público y las listas de acuerdos que se publiquen diariamente; pero las partes podrán oponerse a ese tratamiento, siempre y cuando lo soliciten de manera expresa, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Toda vez que el domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado en sitio Residencial Acueducto, calle Calandrias #235, C.P. 25060, Saltillo Coahuila, esto es, fuera de la jurisdicción de este Tribunal Colegiado; con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo y el precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, gírese exhorto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Octavo Circuito (con residencia en Coahuila) EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común relativa, para que se sirva ordenar a quien corresponda la notificación del presente proveído a la parte quejosa, diligencia que deberá realizarse en el domicilio indicado, seguro de nuestra reciprocidad en casos análogos. Asimismo, con apoyo en las fracciones II, del artículo 297 del Código mencionado y del numeral 27 citado, se requiere también a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale en este asunto, domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones que se ordenen realizarle, inclusive las de carácter personal, se le harán por medio de lista. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que les sean encomendadas en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente mediante exhorto a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.
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