Maria Olga Dufau Martinez
Expediente 2792/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Olga Dufau Martinez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el nueve de enero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que procedió a acordar sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 179/2020. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de proveer respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio reclamatorio laboral 179/2020. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de proveer respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio reclamatorio laboral 179/2020, atribuida al tribunal laboral responsable. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el trece de diciembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que procedió a acordar sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 179/2020, e incluso procedió a su respectiva notificación; lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el, siete de diciembre del año en curso. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas en la controversia laboral, dando con ello atención a lo solicitado por la hoy quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debiera recaer respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, en autos del juicio laboral de origen, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Peninsular, por medio del cual, solicita se le informe el estado procesal del presente juicio, a fin de contar con mayores elementos para resolver la cuestión planteada por la parte actora en el expediente 1478/21-16-01-2, de su índice. En tal virtud, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante lo siguiente: - En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Hipólito Cumí Góngora y otras personas en contra de los actos que reclamaron al Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán y diversas autoridades. - En proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, la parte tercero interesada interpuso recurso de queja contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo. - Posteriormente, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante la resolución dictada en el toca 46/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada contra el auto de veintisiete de enero del presente año, declaro fundado el recurso de queja interpuesto por "Unión de Aparceros Chapab" y "Productora Pecuaria de Yucatán", ambas Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderado Alexander Rivadeneyra Pérez, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo número 1292/2020, del índice de este Juzgado y como resultado del sentido de dicha ejecutoria se revocó el auto impugnado y se ordenó a este Juzgado desechar la demanda de amparo promovida por Hipólito Cumí Góngora y otras personas en contra de los actos que reclamaron al Ayuntamiento del Municipio de Chapab, Yucatán y diversas autoridades En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, en auto de once de junio de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda presentada y se dejaron insubsistentes todas las actuaciones practicadas con posterioridad al acto de admisión; y en esa misma fecha, en el incidente de suspensión, se dejaron sin efectos las medidas cautelares como es la suspensión definitiva de doce de mayo de dos mil veintiuno, así como sus consecuencias jurídicas. Finalmente, remítase copia de los proveídos de once de junio de dos mil veintiuno, a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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