Maria Ofelia Villanueva Avila
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maria Ofelia Villanueva Avila
- Claudia Villanueva Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.
- Principal
"PRINCIPAL. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN". Cúmplase.
- Principal
NOTIFICO a la parte QUEJOSA el acuerdo y/o resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, y en virtud de que la parte no compareció a éste órgano jurisdiccional dentro del plazo que se le confirió agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por: Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito para todos los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa promovió amparo indirecto en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a quien reclamó, en esencia: Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, toda vez que, señaló que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, acordó la promoción de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, registrada con el folio 004894; como se advierte de las documentales que en copia certificada acompaña al oficio que se provee, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al quedar demostrada la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, ya que al uno de junio de dos mil veintidós (fecha de presentación de la demanda), la responsable ya había emitido el acuerdo correspondiente; por ello, resulta evidente determinar la inexistencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda constitucional. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al no existir el acto reclamado en esta instancia constitucional y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción IV, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su apoderado legal, contra actos que reclamó del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado (denominación correcta), que hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento no contencioso de apeo y deslinde 644/2019, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que la juez de origen interrumpió el procedimiento para que se apersonara la sucesión de ****. Al rendir su informe justificado, la juez responsable señaló que era cierto eI acto reclamado, agregando entre otras cosas, que la aquí quejosa había promovido diverso juicio de amparo 265/2021, radicado en este juzgado, señalando como acto reclamado entre otros, el auto de treinta de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, este juzgador advierte que en el caso, cobra vigencia la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la misma ley que disponen, el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, el cual a su vez establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, es un hecho notorio que ante este juzgado federal, se encuentra radicado el juicio de amparo 265/2021, promovido por Claudia Adriana Villalba Camacho, por conducto de su apoderado legal, en el que señaló como autoridad responsable al Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y como acto reclamado, la denegación de justicia, al interrumpir el procedimiento no contencioso 644/2019, mediante acuerdos de quince de enero y treinta de octubre, ambos de dos mil veinte. De lo expuesto, es dable sostener que si bien la autoridad responsable por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, ordenó la interrupción del procedimiento no contencioso de origen, lo cierto es que con el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintiuno ordenó su reanudación, tal y como lo pretendía la parte quejosa, por lo que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la impetrante, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
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