María Nuñez González
Expediente 644/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Nuñez González
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ, a nombre de su hijo Daniel Valentín Borja Núñez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Siendo las nueve horas del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, público por lista el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, para conocimiento de la quejosa MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ A NOMBRE DE SU HIJO DANIEL VELANTÍN BORJA NÚÑEZ, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, A LA LETRA DICE: El Secretario. Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo signada por MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ, a nombre de su hijo DANIEL VALENTIN BORJA NUÑEZ, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad; y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede ene esta ciudad, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 644/2017.. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis integral de la petición constitucional, así como de las constancias del juicio de origen, las cuales se tienen a la vista, y conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se les concede valor probatorio pleno, se advierte que es improcedente la demanda de amparo, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." Del escrito de demanda de amparo se advierte que la promovente, reclama en nombre de su hijo, la orden de detención contra éste. En el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, 6°, 15, de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución General de la República, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. "ARTICULO 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentes.". En el caso, la demanda de amparo interpuesta por María Núñez González, madre del quejoso Daniel Valentín Borja Núñez, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, 6° y 15, de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución General de la República, descritos con antelación, por lo siguiente: En efecto, como ha quedado asentado anteriormente, se advierte que el acto que por esta vía se reclama se hace consistir en la orden de detención contra Daniel Valentín Borja Núñez. De lo anterior, se deduce, que la demanda de amparo es improcedente, ya que de acuerdo al artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en el caso que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En el caso, la demanda de amparo María Núñez González la promueve en nombre de Daniel Valentín Borja Núñez, sin embargo, de su texto integro, se advierte que no se indica la imposibilidad del directo quejoso para comparecer a ejercer la acción constitucional, de ahí que no se actualice el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Es oportuno aplicar al caso el criterio establecido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página visible en la Página 9, Tomo Segunda Parte, LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época; así como el criterio visible en la página 272, Tomo VII-Enero, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE PROMOVIDO POR UN TERCERO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su defensor en las causas criminales, salvo los casos de excepción en los que el amparo puede pedirse por tercero. En consecuencia, si el agraviado no firma la demanda de amparo y la persona que lo hace no es su defensor o representante legal, y no se trata de un caso en que el amparo pueda solicitarse por un tercero, debe de sobreseerse, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, 6° y 15 de la Ley de la Materia, con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. IV. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal el indicado en el escrito de demanda; y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fausto de la Paz Camacho, toda vez que de la certificación precedente se advierte que su cédula está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Lic. Sergio López Valdez Actuaria Judicial.
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