María Noelia Ortiz Mejía

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • María Noelia Ortiz Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guarda este litigio constitucional, se colige que ha transcurrido para las partes el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, les concede para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el presente juicio protector de derechos humanos, sin que se hubiese hecho valer tal prerrogativa dentro del plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, no habiendo nada que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó el amparo solicitado, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 281/2021-II promovido por María Noelia Ortiz Mejía, por conducto de su apoderada legal Carla Dalila Macías Barqueño. 8 ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa promovió demanda laboral, la cual fue radicada bajo el número 285/2020, del índice de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se dictó laudo el veintiséis de octubre de dos mil veinte, sin que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable haya dictado auto de ejecución en cumplimiento a dicha resolución. Dicha omisión constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 3 a 5). Admisión sin incidente de suspensión: Diecinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 10 a 13). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Veinte de abril de dos mil veintiuno (foja 13 vuelta), quien no formuló pedimento. Emplazamiento a la parte tercero interesada Profuturo Afore, sociedad anónima de capital variable: Veintitrés de abril de dos mil veintiuno (fojas 18 y 19). Celebración de la audiencia constitucional: Trece de julio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. 8 Personalidad que acredita con carta poder otorgada por la quejosa María Noelia Ortiz Mejía, de siete de abril de dos mil veintiuno (foja 5). 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [18] Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza laboral, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.9 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes:10 1. Junta Especial Número Sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. a) La omisión de dictar acuerdo dentro del expediente laboral 285/2020, en el que se señale fecha y hora para diligencia de requerimiento de pago y embargo. No. Autoridad responsable Acto reclamado Certeza Fojas Junta Especial Número Sesenta y uno de El citado en el Niega Fojas 22 a 9 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 10 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [19] Juicio de amparo indirecto 281/2021-II 1 la Federal de Conciliación y Arbitraje inciso a) (se desvirtúa) 31 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, no obstante que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado lo negó, pues del contenido de las manifestaciones y de las documentales que remitió en sustento a su informe, se desprende la existencia del acto reclamado, ya que a la fecha de la presentación de la presente demanda - quince de abril de dos mil veintiuno -, no había emitido auto en el que señalara fecha y hora para diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral 285/2020. Documentales que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,11 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. No se advierte causa de improcedencia que hagan valer las partes ni este órgano federal la advierte de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ende, se procede a efectuar el análisis del acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa aduce, esencialmente, que la autoridad responsable transgrede su derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 940, 945 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se ha abstenido de ejecutar el laudo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, pese a que ya trascurrieron en exceso los plazos y términos previstos en la ley obrera para ello. Lo así alegado, resulta infundado. A efecto de corroborar tal afirmación y con el objeto de establecer la legalidad de la abstención reclamada, es necesario traer a colación el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,12 que en lo que interesa, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 11 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". 12 "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.]". 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [20] Ahora bien, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo,13 retoman el contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia será público, gratuito, inmediato y que los tribunales laborales se encuentran obligados a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; asimismo, que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán que los juicios que ante ellos se tramiten, no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. De esta manera, es fácil advertir que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad. En concordancia con lo anterior, del término que concede el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo,14 se advierte que los laudos deben ser cumplidos a los quince días en que surte efectos la notificación del mismo, como se advierte del inserto siguiente: 13 Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, aplicable en el caso, toda vez que el juicio laboral se inició en el dos mil diecisiete, "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.". 14 Ley Federal del Trabajo vigente, toda vez que el juicio laboral se inició en el dos mil veinte, "Artículo 873. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. [.] Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el Tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.]" "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [21] Juicio de amparo indirecto 281/2021-II "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación." En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, consiste en demostrar la inconstitucionalidad de que la autoridad responsable no ha dictado auto ejecución de la sentencia y, por ende, que no respeta los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Así, para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado en esta vía, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: (i) que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; (ii) que se haya dictado sentencia que haya quedado firme; y (iii) que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo establece para su ejecución. En este orden de ideas, es preciso verificar de manera analítica si en los autos del presente juicio de amparo se encuentran acreditados esos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso. Este aspecto, implica que el accionante del amparo tenga el carácter de parte en el juicio de origen; lo cual se acredita en el presente sumario, pues de las constancias que obran en autos, se advierte que en el expediente laboral 285/2020, el aquí quejoso es parte actora en dicho juicio. 2) Que en el juicio de origen se haya dictado sentencia que haya quedado firme. En relación al segundo elemento, el cual implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite la ejecución de la sentencia, esto al no haber sido recurrida y, por tanto, quedado firme; no se acredita en el presente juicio de amparo. En principio, cabe señalar que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo contempla la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, a saber: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Además, el diverso numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días; término que, conforme el arábigo 18 de la mencionada ley, empezará a computar al día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que se pretende combatir, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor. Preceptos que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [22] (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En conjunto, se puede concluir que los laudos deben ser cumplidos dentro de los quince días al en que surta efectos la notificación; sin embargo, contra dicho fallo procede el juicio de amparo directo, el cual podrá promoverse dentro de los quince días posteriores al en que surta efectos la notificación del mismo. Para que dicho laudo se estime firme, debe haber transcurrido el plazo legal para su impugnación sin que se haya promovido el juicio de amparo; o bien que, habiéndose promovido, haya quedado incólume en virtud de la sentencia que al efecto dicte el Tribunal Colegiado que conozca su estudio. Entonces, el laudo emitido en una controversia laboral, debe ser notificado a todas las partes intervinientes en el juicio obrero-patronal, y transcurrido el término legal, sin ser impugnado o habiendo sido confirmado por el tribunal que conozca de su impugnación, éste quedará firme, siendo su resultado, sobre lo que versará el procedimiento de ejecución. Por tanto, para que se pueda dictar el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, el laudo debe quedar incólume. En la especie, el acto reclamado versa sobre la omisión de la autoridad responsable de dictar auto de ejecución de laudo con efectos de mandamiento en forma en el juicio laboral 285/2020, del índice de la Junta Especial Número Sesenta y Uno, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit. Ahora, de las copias certificadas de las actuaciones del expediente 285/2020, que exhibió la responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2., porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por una autoridad en el ejercicio de sus facultades; se desprende, en lo conducente, lo siguiente: 1. El laudo fue dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte; y 2. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la parte demandada en el juicio de origen, promovió demanda de amparo directo contra dicho laudo, ante la autoridad responsable, por lo que, con motivo de ello, dicha autoridad ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto el mismo sea resuelto. Lo antes expuesto, conduce a determinar que, en la especie, no se acredita que el laudo dictado en el juicio laboral de origen haya quedado firme y, por tanto, la autoridad responsable esté en condiciones de ordenar su ejecución, mayor aún que con motivo de la demanda de amparo directo ordenó la suspensión del procedimiento, por lo que no se está en condiciones de proceder conforme al artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo; lo que implica que no se tenga por demostrado el requisito en estudio y, por ende, la violación al derecho humano de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución General. Sin que sea necesario realizar un análisis de si se acredita o no, el tercero de los requisitos mencionados consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo establece para ordenar la ejecución del laudo en el juicio laboral, pues se itera, no se encuentra en el estado procesal que amerite su ejecución. A mayor abundamiento, es conveniente reiterar que la abstención reclamada no es un acto inconstitucional en sí mismo y, en ese sentido, al solicitante del amparo le correspondía la carga procesal de demostrar la violación en el derecho humano que alega, sin que lo haya hecho, ya que de las pruebas que obran en autos, no aparece acreditado que el laudo dictado en el juicio laboral 285/2020, haya quedado firme. 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 281/2021-II [23] Juicio de amparo indirecto 281/2021-II Sin que este órgano jurisdiccional pueda analizar el acto reclamado más allá de la etapa en la que se encuentra el juicio laboral de origen de conformidad con la jurisprudencia con número de registro digital: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En tales condiciones, al no demostrarse contravención al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, ni advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir auto de admisión y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado expediente laboral. SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Noelia Ortiz Mejía, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones en el diverso quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia que mediante proveído de dieciocho de los cursantes, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial 61 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tepic, Nayarit, por lo que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que debe concederse. En tal virtud, para dar margen a que trascurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con dos minutos del trece de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma J

  4. Principal

    con el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las constancias que acompañó al comunicado de cuenta; sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional en términos del numeral 124 de la citada legislación. Se autoriza el uso de medios electrónicos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

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