María Nieve García Castro

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • María Nieve García Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el oficio signado por el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, en virtud que mediante determinación de dos de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Cúmplase.

  2. Principal

    -Informe justificado- Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, anexa copia certificada del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ******************** de su índice y las constancias de notificación a las partes. Dichas constancias al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. De ahí que, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que remitió en alcance a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ******************** de su índice, proveyó sobre el escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por ********************, apoderada legal de la parte actora; además que notificó a las partes dicho auto. Es decir, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veinticuatro de marzo de dos mil veintidós), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo antes expuesto, se puede concluir que la inactividad procesal ha cesado, tomando en consideración que la junta responsable proveyó sobre el escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la apoderada legal de la parte actora y se notificó a las partes; por tanto, el acto reclamado cesó en sus efectos; y, por ende, de conformidad con la fracción V del artículo 65 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada ley; por lo que, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido que la audiencia constitucional esté señalada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual solicita se le informe la decisión tomada respecto del oficio por el que remitió el juicio de amparo 730/2022 de su estadística, en virtud de actualizarse el conocimiento previo a favor de este juzgado, respecto de la demanda presentada por la quejosa **********. Atento a lo solicitado por el juzgado oficiante, hágasele saber que mediante determinación de diez de mayo de dos mil veintidós, este juzgado federal aceptó el asunto planteado por conocimiento previo y se dio el trámite conducente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de tres de mayo de este año, relativo al expediente laboral 607/2017 de su estadística, asi como, de la cedula de determinación de cuotas a nombre de la Operadora Vips sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el razonamiento actuarial de dieciséis de mayo de este año, de la que se advierte que los absolventes José Luis Hernández Campo, Diego Gaxiola Cuevas Rosas, Alberto Torrado Martínez, Jorge Guerrero Díaz y Ruth Córdova Torres, no laboran en el domicilio señalado para su notificación. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Juana Inés López Carrillo, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; Carlos Alberto Noriega Ramón, Representante de los Obreros; y Teodosio Peralta Díaz, Representante Patronal, ambos de la junta mencionada, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se informe este acuerdo, remitan copia certificada del proveido que le recayó al razonamiento actuarial de dieciséis de los actuales con sus respectivas constancias de notificación, o en su caso informen la imposibilidad que tengan para ello Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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