María Nicomedia Fuentes Domínguez
Expediente 798/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/10/2021
Partes del expediente
- María Nicomedia Fuentes Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias certificadas. Agréguese el escrito de la tercera interesada ..., a través del cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que autoriza para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por las copias certificadas antes precisadas. Finalmente, devuélvase el presente expediente al archivo físico en el que se encontraba. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración los anexos que fueron remitidos por la autoridad responsable en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de los anexos I y II, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como del informe justificado y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, consistente en el auto dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 78/2018, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del dispositivo legal en cita, tal como se demuestra a continuación. Los preceptos antes citados por su orden disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del artículo previamente transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, cuando una persona no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para promoverlo. En ese sentido, la Ley de Amparo, regula el plazo en que habrá de promoverse el juicio de amparo en sus artículos 17 y 18 que establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de los dispositivos legales en cita, se desprende que existen dos hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) la primera, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; y, b) la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por lo anterior, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en el tomo I de pruebas del presente juicio, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que, la parte quejosa reclama el auto del uno de agosto de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario ... del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, en el que la autoridad responsable declaró dejar sin efectos la sucesión del citado juicio, el cual a decir de la parte quejosa no le fue debidamente notificado; sin embargo, del anexo de pruebas I se advierte que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve el Diligenciario adscrito al Juzgado antes mencionado le notificó el auto que ahora combate la parte quejosa. Por tanto, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de manera fehaciente del acto reclamado con motivo de la notificación practicada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; con lo que resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo transcurrió en exceso pues su escrito inicial de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el uno de junio de dos mil veintiuno. No se soslaya que la parte quejosa manifestó que no conoció del acto reclamado en virtud de que no le fue notificado, ya que mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno se le dio vista con la notificación realizada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el cual le fue notificado de manera personal el veintiuno de julio del año en curso, para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto de dicha notificación, feneciendo el plazo para hacerlo el doce de agosto de la presente anualidad, sin que lo haya hecho. Por tanto, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio, al encontrarse consentido. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como del informe justificado y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, consistente en el auto dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 78/2018, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del dispositivo legal en cita, tal como se demuestra a continuación. Los preceptos antes citados por su orden disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del artículo previamente transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, cuando una persona no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para promoverlo. En ese sentido, la Ley de Amparo, regula el plazo en que habrá de promoverse el juicio de amparo en sus artículos 17 y 18 que establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de los dispositivos legales en cita, se desprende que existen dos hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) la primera, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; y, b) la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por lo anterior, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en el tomo I de pruebas del presente juicio, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que, la parte quejosa reclama el auto del uno de agosto de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario ... del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, en el que la autoridad responsable declaró dejar sin efectos la sucesión del citado juicio, el cual a decir de la parte quejosa no le fue debidamente notificado; sin embargo, del anexo de pruebas I se advierte que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve el Diligenciario adscrito al Juzgado antes mencionado le notificó el auto que ahora combate la parte quejosa. Por tanto, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de manera fehaciente del acto reclamado con motivo de la notificación practicada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; con lo que resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo transcurrió en exceso pues su escrito inicial de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el uno de junio de dos mil veintiuno. No se soslaya que la parte quejosa manifestó que no conoció del acto reclamado en virtud de que no le fue notificado, ya que mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno se le dio vista con la notificación realizada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el cual le fue notificado de manera personal el veintiuno de julio del año en curso, para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto de dicha notificación, feneciendo el plazo para hacerlo el doce de agosto de la presente anualidad, sin que lo haya hecho. Por tanto, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio, al encontrarse consentido. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- María Natividad Serrano Rivera454/2019
- María Natividad Serrano Rivera1173/2019
- Maria Navidad Serrano Rivera199/2023
- Maria Navidad Serrano Rivera720/2022
- María Navidad Serrano Rivera422/2020
- Maria Nayeli Hernandez Melo1612/2023
- María Norma Mejía Cruz157/2018
- María O Ma. Esperanza Anaya Torres1484/2019
- María Orlanda Zambrano Zambrano1160/2019
- María Pardo Segura308/2021
- María Patricia Alejandrina Castillo Aguilar1143/2020
- Maria Patricia Benitez Vega857/2021