Maria Nelsa Andrade Y Varguez

Expediente 657/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 30 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
657/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
30/09/2015

Partes del expediente

  • Maria Nelsa Andrade Y Varguez

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante comunica que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en sesión pública ordinaria de siete de septiembre de dos mil quince en el amparo directo laboral 168/2015 de su estadística, resolvió declararse incompetente para conocer de la demanda promovida por María Nelsa Andrade y Varguez contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral DIT-325/2013. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: 1. Expediente original del amparo directo 168/2015 de su estadística. 2. Expediente DIT-325/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 3. Tres juegos en copias simples del escrito de demanda de amparo signado por Abihail Cruz Olan, apoderado de la parte quejosa, con un anexo consistente en una impresión de una página electrónica. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro del expediente. Vista la demanda de amparo promovida por María Nelsa Andrade y Varguez contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio y se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 657/2015. Asimismo, a fin de facilitar el manejo y estudio de este expediente, con el diverso expediente DIT-325/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, se ordena formar un tomo de prueba respetando el sello, rúbrica y folio de la autoridad oficiante, agregando únicamente la carátula de este juzgado para su identificación. Antecedentes de la demanda de amparo. Previo a entrar al estudio de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, es pertinente destacar los antecedentes siguientes: 1. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, la parte promovente solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades, misma que por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Federal (fojas 15 a 20). 2. Por autos de cinco, trece y veintisiete de marzo de dos mil quince, se previno a la parte quejosa a fin de que subsanara su demanda de amparo en los términos ahí precisados (fojas 24 a 26, 31 y 32, 37 y 38). 3. La parte quejosa hizo consistir los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.- De todas las Autoridades mencionadas, ya sea que las órdenes prevengan (sic) de sí mismas o se Ejecuten entre sí, se reclama EL AUTO DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2015 y con publicación del día 19 DEL MISMO MES Y AÑO, en donde la Autoridad señalada como Responsable, acordó de forma arbitraria e inconstitucional la CADUCIDAD del expediente 325/2013 en perjuicio de la C. MARÍA NELSA ANDRADE Y VARGUEZ, siendo este un acto de imposible reparación; ya que afecta materialmente los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo concerniente al debido proceso, mismos que también son consagrados en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.". Así como la falta de notificación del acuerdo por el que se declaró la caducidad del expediente laboral de origen. Esto es, la agraviada reclamaba en la presente vía: I. El auto de dieciséis de enero de dos mil quince, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el expediente 325/2013 de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento; y, II. La falta de notificación personal del acuerdo referido en el punto que antecede, pues fue notificado por lista el diecinueve de enero pasado. 4. Ahora, mediante proveído de siete de abril de dos mil quince, en relación al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal del auto de dieciséis de enero de dos mil quince, dictado por el Tribunal responsable, en el expediente 325/2013 de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento, esta Autoridad Federal desechó de plano la demanda de amparo. 5. De igual manera, en el mismo auto precisado en el párrafo anterior, determinó declararse incompetente para conocer de la demanda en cuestión únicamente respecto al acto consistente en el auto de dieciséis de enero de dos mil quince, en el cual se declaró la caducidad de la instancia del juicio laboral de origen (fojas 42 a 49). Por lo que se ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo 129/2015 al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mismo que le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado. 6. Por auto de catorce de abril de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada por este Órgano Jurisdiccional y requirió a la autoridad responsable a fin de que rindiera su informe justificado (fojas 57 y 58). 7. Mediante auto de catorce de julio de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado, por una parte, admitió a trámite la demanda de amparo y, por otra, la desechó por lo que respecta a las autoridades ejecutoras Secretario y Actuario adscritos al tribunal responsable (fojas 113 a 115). 8. En sentencia de siete de septiembre del año que transcurre, el multicitado Tercer Tribunal Colegiado resolvió declararse incompetente para conocer de la demanda constitucional presentada por María Nelsa Andrade y Varguez contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince, al considerar que no es una resolución que puso fin al juicio (fojas 125 a 137). Hasta aquí con los antecedentes del juicio de amparo que nos ocupa. Desechamiento de la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Entonces para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". En efecto, se dice lo anterior ya que del análisis al presente asunto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 del citado ordenamiento, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: 1. Primer párrafo: Quince días, regla general; 2. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; 3. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 4. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, 5. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, puede concluirse que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme las reglas establecidas en la ley que lo rija: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" Ahora, en el caso concreto, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía, encuadra en la hipótesis de la regla general, que se contiene en el primer párrafo del artículo aludido, en que se prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, pues sólo al legislador corresponde exclusivamente imponer los plazos y términos para el ejercicio de acción y defensa ante los tribunales competentes, según se advierte de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales.". En el caso, el acto que reclama deriva de un asunto en materia laboral que se ventila ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ende, el plazo que refieren el artículo 17, primer párrafo, fracción I, se computarán conforme a la ley aplicable al acto reclamado. En efecto, de las constancias remitidas por el tribunal oficiante consistente en el juicio laboral DIT-325/2013 del índice de la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil quince, se notificó, a la parte aquí quejosa, por lista de estrados el auto de dieciséis de ese mismo mes y año -acto reclamado-, no obstante que en el auto se ordenó la notificación personal, sin embargo del expediente laboral no se advierte que la parte actora haya impugnado la notificación realizada por estrados mediante el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que ésta surtió plenamente sus efectos. Máxime que el día veintiséis de enero de dos mil quince, la parte promovente presentó, por conducto de su apoderado legal, un escrito en el que daba cumplimiento a un requerimiento previamente realizado en el expediente laboral DIT-325/2013, lo que pone de manifiesto que estuvo en posibilidad de impugnar la citada notificación realizada por lista de estrados por medio del recurso ordinario correspondiente. No se soslaya que en la demanda de amparo señaló como acto reclamado destacado la notificación de mérito, empero por auto de siete de abril de dos mil quince (fojas 42 a 49), se desechó la demanda de amparo por tal acto, precisamente por no haber agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, no promover el incidente de nulidad de notificaciones. De esa manera, si la notificación del acto reclamado fue realizada a la parte actora en el juicio laboral [aquí promovente] el diecinueve de enero de dos mil quince, surtió efectos al día siguiente, pues los términos legales del juicio de origen corren a partir del día siguiente al en que ha quedado hecha, según lo establecen los artículos 733 y 747 de la Ley Federal del Trabajo , que señalan: "Artículo 733.- Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. [.] Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: [.] III. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta." Esto es así, ya que los preceptos legales antes transcritos disponen que los términos correrán desde el día siguiente al de la fecha en que surta efectos la notificación, y que las notificaciones que no sean personales surten sus efectos al día siguiente al de su publicación; disposiciones que, en este caso, sirven de base únicamente para determinar cuándo surtió efectos la notificación respectiva, que lo fue al día siguiente al de su publicación en los estrados del tribunal responsable. Luego, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén los términos para promover la demanda de amparo, en el tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" De esos preceptos se observa que el término para promover la demanda de amparo será de quince días, el cual comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero de dos mil quince, sin contar los días inhábiles, conforme se ilustra a continuación: Enero de 2015 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febrero de 2015 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Día de descanso obligatorio de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , de paráfrasis: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". De suerte que si en el caso, la demanda de amparo fue presentada inicialmente (juicio de amparo 129/2015 de nuestro índice) el tres de marzo de dos mil quince, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos tal como se advierte de la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad (foja 14), es evidente que ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito , que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". En esas condiciones, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior implique de manera alguna que se vulneren los derechos del peticionario de amparo, pues la ley es expresa en relación a las circunstancias especiales que permiten la presentación de la demanda de amparo, ya sea en uno o en otro término de los ya señalados; por tanto, ello denota que el gobernado, al tener derecho a un recurso efectivo, como lo es la vía de amparo, no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que sólo de esta manera es que se otorga la debida seguridad jurídica para las partes que habrán de intervenir en el juicio; considerar lo contrario, sería tanto como ser parcial en un asunto, pues no debe perderse de vista que frente a la parte quejosa existe otra, ya sea la autoridad responsable o el tercero interesado, quienes también tienen el derecho a que se respeten las cuestiones de procedencia de la acción constitucional intentada, en cada caso concreto. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 y 17 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.

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