María Nayeli Sánchez López

Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • María Nayeli Sánchez López

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción III, 20, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que el presente juicio de amparo inició con motivo de la demanda presentada por ********************, contra el acto del Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, consistente en: La omisión de dar contestación a su escrito presentado en veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, presentada por ********************, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación a su escrito presentado en veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Ahora, del oficio 400LJ2010/2711/2023 signado por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, recibido en proveído de diecinueve de julio del presente año, remitió copias certificadas del oficio ********************de fecha trece de julio de dos mil veintitrés y del oficio ********************de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, ambos suscritos por la licenciada Insonny Eugenia Kuantay Pérez, Directora de Administración de Personal y Nómina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, anexadas a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De dichos documentales, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable mediante oficios de once de mayo y catorce de junio, ambos del año en curso, dio contestación al escrito de la quejosa de fecha de veintiocho de abril del año en curso, asimismo, remitió la razón de notificación hecha a la parte quejosa de fecha trece de julio del año dos mil veintitrés. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; a través del cual, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, rinde su informe justificado, designa delegados y ofrece las siguientes pruebas: El oficio 400LK2100/8830/2023 de fecha trece de julio de dos mil veintitrés. El oficio 400LK2100/7588/2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés. El oficio 400LK2100/8496/2023 de cuatro de julio de dos mil veintitrés. Todos suscritos por la licenciada ** Directora de Administración de Personal y Nómina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Atento a lo anterior, en relación a las pruebas ofrecidas con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, con relación al informe justificado, con su contenido, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, en atención a la solicitud expresa de la autoridad responsable acerca de la autorización para el uso de medios electrónicos, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, en términos del artículo 9 de la Ley de amparo, se tienen por delegados a los profesionistas que refiere. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de imposibilidad de cuenta, se advierte que el actuario judicial adscrito, estuvo imposibilitado de entregar los oficios 18689/2023 y 18690/2023, dirigidos a al Director Local Estatal de México Subdirección y Notificadora de la Comisión Nacional del Agua, en el Estado de México en su carácter de autoridad responsable, por los motivos que ahí expone. Ahora bien, resulta un hecho notorio para este Juzgador el cual puede ser invocado de ofico, que en el juicio de amparo 391/2023-IV del índice de este Juzgado de Distrito, que mediante auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio por el que la Gerente Contencioso, de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación de la Comisión Nacional del Agua, remitió diversas constancias de las que se advirtió la imposibilidad que tiene la citada Comisión para rendir su informe justificado, lo cual acreditó con las constancias establecidas por los acontecimientos suscitados en sus instalaciones. Lo anterior, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXII J/2, sustentada por el Tribunal colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". En ese sentido, vista la razón de imposibilidad de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, asentada por el actuario de entregar las misivas 18689 y 18690 del índice de este Juzgado de Distrito y en razón de las constancias que remitió la autoridad Gerente Contencioso, de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación de la Comisión Nacional del Agua; en el juicio de amparo 391/2023, de este índice, se concluye la imposibilidad que tiene la autoridad responsable de dar cumplimiento a la solicitud por este órgano jurisdiccional. Así las cosas, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de julio dos mil veintitrés, se deja sin efectos y se reserva señalar nueva data y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto la Gerente Contencioso, de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación de la Comisión Nacional del Agua informe a este órgano jurisdiccional, su reincorporación a sus instalaciones y el acceso a sus equipos de cómputo. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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