Maria Navarro Guadarrama
Expediente 52/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2019
Partes del expediente
- Maria Navarro Guadarrama
Actuaciones
- Principal
vi)Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de uno de febrero pasado (foja 10), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrit
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; uno de febrero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no desahogó la prevención formulada en proveído de veintidós de enero del presente año; por tanto, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y por lista a la quejosa, al ser el domicilio señalado para tal efecto.
- Principal
VI)Toluca, Estado de México; veintidós de enero de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María Navarro Guadarrama, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Penal y de Juicios Orales en Lerma, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 52/2019-VI. Prevención. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, no limita las facultades del juzgado federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que lo hace, como lo confirma la fracción I del primer artículo aquí citado. En otras palabras, la facultad de requerir aclaración de demanda no se constriñe a la carencia en tal libelo, de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni a los que de manera ejemplificativa pero, desde luego, no limitativa, se exponen en las fracciones II a V del precepto 114 de la Ley de Amparo. En torno a tal requerimiento aclaratorio, el penúltimo párrafo del artículo 114 referido dispone, que si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Además, la parte final de dicho precepto (114) menciona que en caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley; la omisión de exhibirlas para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Por ende, una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima pertinente requerir a la promovente, por el plazo de cinco días legalmente computado, para que por escrito, con copias necesarias de éste, "bajo protesta de decir verdad", y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo. Realice lo siguiente: 1. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo deberá precisar las autoridades que señala como responsables. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente de autoridades responsables señala a las siguientes: Juez de Control Penal y de Juicios Orales en Lerma, Estado de México. Fiscal General de Justicia del Estado de México. Agente del Ministerio Público de Lerma de Villada, Estado de México. Comisionado General de la Policía Investigadora del Estado de México. Delegado Regional de Aprehensiones. Director del Centro de Prevención y Readaptación Social. Sin embargo, en el apartado de los actos reclamados preciso: Juez de Control Penal en Toluca, México. Fiscal General de Justicia del Estado de México. Delegado Regional de Aprehensiones. Coordinador General de Policía de Investigación. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Lerma de Villada, Estado de México. Por tanto, deberá aclarar dicha circunstancia a fin de que este órgano jurisdiccional, pueda emplazar a las autoridades responsables correctas. En consecuencia, se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. Como lo solicita el promovente, practíquense las notificaciones aún las de carácter personal por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Simón Alejandro Pinal Rodea, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por cuanto hace a las personas restantes se tienen por autorizados en términos restringidos del precepto legal antes citado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones y documentos, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro en el sistema referido, circunstancia que deberán comunicar mediante nueva promoción. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. No obstante, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las demás partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la quejosa, al ser el domicilio señalado para tal efecto.
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