María Natividad Gómez Rangel
Expediente 1044/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- María Natividad Gómez Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Se advierte que se omitió notificar por oficio a la parte tercera interesada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, se ordena regularizar el juicio de amparo en que se actúa, para el único efecto de notificar debidamente por oficio a la citada parte tercera interesada.
- Principal
El Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, que dice: El Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia protectora dictada en él; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin excesos ni defectos. En el presente juicio biinstancial, se concedió la protección de la Justicia Federal, mediante sentencia terminada de dictar el catorce de junio de dos mil diecinueve, para que el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima realizara lo siguiente: " . deje insubsistente la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del juicio laboral 231/2009, Hecho lo anterior, emita una nueva interlocutoria en la reiterando todo aquello que no fue materia de protección constitucional, cuantifique de nueva cuenta las prestaciones para el dos mil nueve y dos mil once, relativas a los salarios caídos, vacaciones (únicamente del año 2009), prima vacacional y aguinaldo, tomando en consideración el salario e incremento salarial que se contienen en la planilla de liquidación de la parte actora, para la anualidades referidas, acorde con lo analizado en la presente sentencia. (Foja 73). Para llegar a esa conclusión, este juzgado de Distrito consideró: " (.) Son fundados los argumentos anteriores, suplidos en su deficiencia. (.) De una concatenación de lo expuesto, se concluye que la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto exigen para una debida fundamentación y motivación, que las resoluciones jurisdiccionales sean congruentes con los señalamientos de las partes y demás actuaciones del juicio, debido a que no se ciñó estrictamente a los términos ordenados en el laudo definitivo, en contravención a lo previsto en los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, pues en principio, del laudo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable estableció que el material probatorio, al momento en que se emitió el laudo, era insuficiente para determinar el salario diario que al día del despido debía percibir la quejosa, ni contaba con elementos para determinar los incrementos que hubiese tenido el cargo que desempeñaba, de ahí que hubiese ordenado la apertura del aludido incidente. No obstante, la autoridad responsable con base en la constancia emitida por el Director General de la Comisión de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado, Colima, estableció el salario de la trabajadora MARÍA NATIVIDAD GÓMEZ RANGEL, en cantidad de $404.06 (cuatrocientos cuatro pesos 06/100 moneda nacional), para así determinar las prestaciones a que fue condenada la parte demandada; pese, a que en el laudo se determinó que dicha constancia era insuficiente para determinar cuál era el salario para el dos mil nueve, tal como se advierte de la transcripción siguiente: ". si bien es cierto obran agregados en actuaciones recibos de pagos expedidos por la demandada en favor de la trabajadora actora de años anteriores, también lo es que este tribunal no cuenta con los elementos suficientes para llevar el cálculo de las mismas con el salario que al día del despido debía percibir la actora, y tampoco tiene conocimiento este tribunal de los incrementos que haya tenido el cargo que desempeña la actora." Sumado a lo anterior, la autoridad responsable soslayó lo previsto en los artículos 784, fracción XII, y 804 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber examinado adecuadamente la carga probatoria al momento de resolver el incidente de liquidación de sentencia; como se procede a evidenciar. Por un lado, los citados preceptos legales disponen: "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: (.) XII. Monto y pago del salario; (.)" "Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las Leyes que los rijan." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se tiene que se relevará de la carga de la prueba al trabajador, cuando al patrón corresponde acreditar el monto y el pago del salario, cuando se suscite controversia al respecto, precisamente, por tener a su disposición las pruebas conducentes para demostrar esos hechos, y si esto es aceptado dentro del juicio laboral, la misma solución cabe dentro del incidente de liquidación. Por otro lado, se hace un cuadro comparativo del salario e incrementos salariales respecto del dos mil nueve y dos mil once, que se contienen entre la planilla de liquidación, formulada por la parte actora y la oposición del patrón, como sigue: 2009 PARTE INCREMENTO SUELDO DIARIO Actora 6.6 % $441.98 Patrón Nada refiere. $414.62 (A partir del 16 de marzo de 2006) 2011 PARTE INCREMENTO SUELDO DIARIO Actora 6.6 % $502.24 Patrón Nada refiere $414.62 (A partir del 16 de marzo de 2006) Del cuadro anterior, se advierte que en relación con el salario que prevalecía en el dos mil nueve, la trabajadora, estableció un monto mayor al señalado por el patrón; asimismo, refirió la existencia de un incremento salarial para el dos mil once, respecto del cual la parte demandada fue omisa en demostrar el monto del salario de la trabajadora en el año dos mil nueve y, lo conducente a la existencia o no de dichos incrementos para el año dos mil once. Pues bien, de un engarzamiento de lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable pasó por alto la regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y sus incrementos, cuando se suscita controversia al respecto. Ciertamente, como se vio, la actora, para la anualidad del dos mil nueve refirió un monto mayor que el señalado por el patrón, e hizo alusión a un incremento salarial para el dos mil once; entonces, el patrón debió demostrar fehacientemente su afirmación, esto es, corroborar con los recibos de pago correspondientes que el valor del salario diario para el dos mil nueve era el que aludió en su oposición a la planilla de liquidación y evidenciar que para el dos mil once no hubo incremento salarial, por lo que si no lo hizo, la autoridad debió tener por cierto salario y aumento indicados por el trabajador, precisamente porque el patrón debió exhibir los documentos a que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, con los que demostrara el salario para los años dos mil nueve y dos mil once, de manera que al no exhibirlas debe presumirse cierto lo aseverado por la trabajadora. En consecuencia, si la responsable para determinar el salario que imperaba en el dos mil nueve, y el incremento salarial para el dos mil once, tomó en consideración el acreditado antes de emitirse el laudo; ocasionó que la interlocutoria resultara incongruente por inobservar lo establecido en los artículos 784, 804 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, que produjo a su vez la violación a las garantías de fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, pues, se insiste, la responsable para la determinación del salario para el dos mil nueve, no debió tomar en consideración las pruebas que obraban antes de la emisión del laudo, ya que en éste se estableció que las pruebas aportadas no servían para determinar el salario al momento del despido ni los incrementos al desconocerse éstos. Por lo que ante la falta probatoria del patrón, debió presumir la certeza de lo aseverado por la trabajadora y cuantificar las prestaciones del dos mil nueve acorde con el salario propuesto por ésta, y además tomar en consideración el incremento salarial formulado por la actora para el dos mil once. Sobre todo, cuando el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir los recibos de pago de salarios, en términos del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, que evidencien el salario diario que preponderaba a la fecha del despido y sus incrementos, por lo que si no lo hizo así, la autoridad debió presumir cierto lo aseverado por la trabajadora y cuantificar las prestaciones con base en ello. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 50/94, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción." (Transcripción literal). La citada sentencia causó ejecutoria el treinta de julio de dos mil diecinueve, al no haber sido impugnada por las partes, (foja 88 de autos. Con la finalidad de cumplir con la concesión de amparo, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, realizó lo siguiente: Mediante oficio de folio 12845 presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Primero de Distrito (foja 83), informó y acreditó que por resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución interlocutoria del incidente de liquidación dictada con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho y turno el expediente laboral para la elaboración de la nueva resolución, la cual fue dictada el uno de agosto del presente año, que constituyó la litis en el presente juicio de amparo. En la aludida resolución, la autoridad responsable analizó y valoró la planilla de liquidación de costas con relación al incidente de falsificación de firma, aplicando las reglas que rigen para la cuantificación en los juicios de cuantía indeterminada o indeterminable, por lo que, a efecto de cuantificar las costas precisadas en la planilla de liquidación, tomó como referencia la Unidad de Medida y Actualización, y no los porcentajes que en salarios mínimos inicialmente se invocaron; asimismo, consideró de forma particular y discrecionalmente el porcentaje determinado acorde a lo que señala la Ley Arancelaria de los Abogados del Estado de Colima, en específico, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 27. Fue así que, una vez modificada se aprobó como importe total de la planilla de liquidación que deberá pagar la entidad pública demandada COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COLIMA, en favor de la quejosa MARÍA NATIVIDAD GÓMEZ RANGEL un total de $2,583,614.63 (dos millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos catorce pesos 63/100 moneda nacional). En este contexto, del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por las autoridades responsables, para cumplimentar la sentencia concesoria, se concluye la responsable no atendió a cabalidad lo que se indicó en el fallo protector; lo anterior se considera así pues el tribunal responsable, al momento de resolver, no tomó en consideración el salario e incremento salarial que se contienen en la planilla de liquidación de la parte actora, relativas a las prestaciones para el dos mil nueve y dos mil once, respecto a los salarios caídos, vacaciones (únicamente del año 2009), prima vacacional y aguinaldo. Lo anterior se estima así, pues si bien, a foja setenta de la resolución emitida por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo manifestó literalmente: ".A).- En cumplimiento a lo resuelto por la autoridad federal en autos del juicio de amparo 1044/2018-VI-OM, El monto del salario conforme al cual se cuantifica la condena impuesta a favor de la trabajadora actora, es en base a lo señalado por la trabajadora actora partiendo de un salario diario de $441.68 (cuatrocientos cuarenta y un pesos 68/100 M.N).- Atendiendo lo anterior, a fin de dictar una resolución apegada a derecho se parte del importe que se desprende de dicha documental, por las causas, razones y fundamentos vertidos en el considerando VII de la presente interlocutoria. Por lo que es correcta la determinación de este Tribunal referente a que en el incidente de liquidación se cuantifique la prestación que resultó en favor de la reclamante al pronunciarse la condena correspondiente tomando como base el salario probado en autos y no otro, es decir sobre la base que ha quedado especificada anteriormente ya que la entidad pública cuenta con la facultad de retener el impuesto legal que corresponde." En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que el fallo protector de que se trata no se encuentra cumplido y, por ende con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad para que de inmediato dentro del término de tres días, informe las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de garantías y remita las constancias que así lo acredite; apercibido de que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente a las partes según corresponda conforme a la ley y las constancias de autos. Así proveyó y firma la licenciada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante la Secretaria Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza, da fe de sus actos, y CERTIFICA: que al día de hoy, en el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente físico.omav
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