María Natalia González Barrios

Expediente 1175/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1175/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Lic. Manrique Jimenez Chaires
  • María Natalia González Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: SE DECLARA FIRME EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS, SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE REQUIERE A QUEJOSO PARA QUE COMPAREZCA EN 90 DÍAS A RECOGER DOCUMENTOS CON SELLO ORIGINAL, APERCIBIDO DE QUE DE NO HACERLO SERÁN DESTRUIDOS.

  2. Principal

    SE DECLARA FIRME EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS, SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE REQUIERE A QUEJOSO PARA QUE COMPAREZCA EN 90 DÍAS A RECOGER DOCUMENTOS CON SELLO ORIGINAL, APERCIBIDO DE QUE DE NO HACERLO SERÁN DESTRUIDOS.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve María Natalia González Barrios, por su propio derecho, contra actos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el progresivo 1175/2018-IV, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda y sus anexos pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La orden emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a efecto de que se "suspendiera" el pago de su salario a partir del treinta de octubre de dos mil dieciocho, y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y la Directora Administrativa de dicha Secretaría. Asimismo, de las manifestaciones que vierte la quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende como antecedentes de dicho acto los siguientes: a) La aquí quejosa es trabajadora de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, teniendo una antigüedad de treinta años, cinco meses, cuatro días. b) Dicha relación laboral -refiere la quejosa- sigue vigente hasta esta fecha, desempeñándose como trabajadora adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, con permiso pre-jubilatorio. c) Aduce la inconforme que mediante escrito la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, ordenó a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y Directora Administrativa de dicha Secretaría, "suspendieran" el pago de su salario a partir del treinta de octubre de dos mil dieciocho. Precisado lo anterior, cabe señalar que el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado a favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquéllos, esto es, sus derechos humanos y garantías otorgadas para su protección. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe desechar de plano la demanda, absteniéndose de conocer de ella y concretándose a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. Por las razones expuestas a continuación, se considera que en relación con el acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el acto reclamado (ya precisado) no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación en la que se generó entre la quejosa y las responsables el acto reclamado y su ejecución, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y Gobierno del Estado. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existe una relación de carácter laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado, precisamente a través de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado a la que se encuentra adscrita; más aún, del propio acto reclamado se desprende que el mismo versa sobre la "suspensión" del salario de la aquí inconforme, a partir de la última quincena de octubre del año que transcurre, por tanto, deviene inconcuso que el acto reclamado atiende a la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica de la quejosa. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeña como trabajadora adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, y derivado de dicha relación, es que reclama de las autoridades responsables la "suspensión" en el pago de su salario a partir del treinta de octubre del año en curso. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la servidora pública aquí quejosa y Gobierno del Estado por conducto de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, a la cual -según refiere- se encuentra adscrita y presta sus servicios; atento a lo anterior, en el marco de una relación laboral, en un ente que forma parte de la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, contenido en el Título Séptimo, Capitulo III, de dicho cuerpo normativo, y precepto 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. De modo que las responsables, "suspendieron" el salario de la quejosa -señalado como acto reclamado- con motivo de la aludida relación laboral, según los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la "suspensión" reclamada; motivo por el cual no se le pagó el salario a partir de la última quincena de octubre del año en curso, lo que únicamente tiende a afectar sus derechos laborales, pues entre estos se encuentra la remuneración por el trabajo prestado, de conformidad con el artículo 123 Constitucional. Sobre esas premisas, resulta que la "retención" reclamada tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que la "suspensión" reclamada por parte de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del Juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernada, sino una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, a la que se encuentra adscrita, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determine el derecho o no a percibir el sueldo respectivo por los servicios prestados. Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición de su artículo 4°, prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial. Y en ese sentido, tratándose de conflictos individuales de carácter jurídico, en este procedimiento no importa el número de los trabajadores que lo plantean, los intereses reclamados son de carácter individual (del trabajador que demanda), aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma; el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 871 de la Ley Federal del Trabajo y en el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen en una relación de carácter laboral entre la quejosa y la Secretaría de Finanzas del Estado, y en ese contexto se reclama concretamente la "suspensión" del salario devengado por dicha persona-con motivo de su trabajo- a partir de la última quincena de octubre del año en curso, que laboró en la Dirección de Control Presupuestal de la citada Secretaría, entonces es incuestionable que al derivar de aquella relación que existe entre la ahora inconforme y Gobierno del Estado, evidentemente de naturaleza laboral; resulta inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos necesarios para acreditar que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve María Natalia González Barrios, por su propio derecho, contra actos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el progresivo 1175/2018-IV, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda y sus anexos pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La orden emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a efecto de que se "suspendiera" el pago de su salario a partir del treinta de octubre de dos mil dieciocho, y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y la Directora Administrativa de dicha Secretaría. Asimismo, de las manifestaciones que vierte la quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende como antecedentes de dicho acto los siguientes: a) La aquí quejosa es trabajadora de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, teniendo una antigüedad de treinta años, cinco meses, cuatro días. b) Dicha relación laboral -refiere la quejosa- sigue vigente hasta esta fecha, desempeñándose como trabajadora adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, con permiso pre-jubilatorio. c) Aduce la inconforme que mediante escrito la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, ordenó a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y Directora Administrativa de dicha Secretaría, "suspendieran" el pago de su salario a partir del treinta de octubre de dos mil dieciocho. Precisado lo anterior, cabe señalar que el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado a favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquéllos, esto es, sus derechos humanos y garantías otorgadas para su protección. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe desechar de plano la demanda, absteniéndose de conocer de ella y concretándose a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. Por las razones expuestas a continuación, se considera que en relación con el acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el acto reclamado (ya precisado) no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación en la que se generó entre la quejosa y las responsables el acto reclamado y su ejecución, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y Gobierno del Estado. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existe una relación de carácter laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado, precisamente a través de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado a la que se encuentra adscrita; más aún, del propio acto reclamado se desprende que el mismo versa sobre la "suspensión" del salario de la aquí inconforme, a partir de la última quincena de octubre del año que transcurre, por tanto, deviene inconcuso que el acto reclamado atiende a la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica de la quejosa. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeña como trabajadora adscrita a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, y derivado de dicha relación, es que reclama de las autoridades responsables la "suspensión" en el pago de su salario a partir del treinta de octubre del año en curso. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la servidora pública aquí quejosa y Gobierno del Estado por conducto de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, a la cual -según refiere- se encuentra adscrita y presta sus servicios; atento a lo anterior, en el marco de una relación laboral, en un ente que forma parte de la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, contenido en el Título Séptimo, Capitulo III, de dicho cuerpo normativo, y precepto 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. De modo que las responsables, "suspendieron" el salario de la quejosa -señalado como acto reclamado- con motivo de la aludida relación laboral, según los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la "suspensión" reclamada; motivo por el cual no se le pagó el salario a partir de la última quincena de octubre del año en curso, lo que únicamente tiende a afectar sus derechos laborales, pues entre estos se encuentra la remuneración por el trabajo prestado, de conformidad con el artículo 123 Constitucional. Sobre esas premisas, resulta que la "retención" reclamada tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que la "suspensión" reclamada por parte de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del Juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernada, sino una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado, a la que se encuentra adscrita, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determine el derecho o no a percibir el sueldo respectivo por los servicios prestados. Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición de su artículo 4°, prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial. Y en ese sentido, tratándose de conflictos individuales de carácter jurídico, en este procedimiento no importa el número de los trabajadores que lo plantean, los intereses reclamados son de carácter individual (del trabajador que demanda), aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma; el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 871 de la Ley Federal del Trabajo y en el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen en una relación de carácter laboral entre la quejosa y la Secretaría de Finanzas del Estado, y en ese contexto se reclama concretamente la "suspensión" del salario devengado por dicha persona-con motivo de su trabajo- a partir de la última quincena de octubre del año en curso, que laboró en la Dirección de Control Presupuestal de la citada Secretaría, entonces es incuestionable que al derivar de aquella relación que existe entre la ahora inconforme y Gobierno del Estado, evidentemente de naturaleza laboral; resulta inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos necesarios para acreditar que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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