María Nancy González Gómez

Expediente 663/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
663/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • María Nancy González Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente Q.C. 253/2023-I, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado de distrito, que desechó por improcedente la demanda de amparo; un legajo de constancias; en tal virtud, esta juzgadora queda enterada de lo anterior, acúsese de recibo a la autoridad oficiante. Archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, se hace la observación que el presente expediente es destruible toda vez que por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, mismo que fue confirmado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en el expediente Q.C. 253/2023-I; por tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado vía electrónica por el actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado el auto de catorce de julio del año en curso, del que se advierte que acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original del escrito de recurso de queja y expresión de agravios, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado federal que admitió a trámite el recurso de queja en mención, quedando registrado como Q.C. ********************; en consecuencia, esta juzgadora queda enterada de lo anterior y el oficio de cuenta se ordena agregar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por la quejosa ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que la promovente, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicho recurso, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE, SEÑALA: "Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 940/2023 de su índice, por el cual ordena la remisión del expediente físico y la vinculación del expediente electrónico, respecto del juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, en contra de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, ello tomando en consideración que por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente al juzgado oficiante y con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; se procede a acordar en los siguientes términos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, en contra de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el corte de la energía eléctrica y la imposición de una multa. Del estudio íntegro de la demanda de amparo y respecto de los actos reclamados, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, puede advertirse que la quejosa es usuaria y consumidora del servicio de energía eléctrica, la cual como refiere tiene un adeudo en el servicio ******************** y con número de medidor ********************, y existe la orden de realizar el corte de suministro eléctrico ante tal adeudo, lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, en virtud de lo anteriormente relatado, se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la autoridad señalada como responsable no puede tener ese carácter para los efectos de este juicio de amparo, ya que los actos que se le atribuyen no se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con la parte peticionaria de amparo, pues tales conductas no pueden ser consideradas como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de la parte promovente. La anterior afirmación se sustenta en el concepto de autoridad responsable, la cual parte de la distinción entre actos de particulares en estricto sentido y los que no lo son, siendo que contra aquéllos realizados por particulares será improcedente el juicio de amparo, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, los actos que derivan de la contratación pactada por ambas partes en una situación igualitaria de coordinación, en la que el prestador del servicio si bien es una empresa del Estado, proporciona los servicios solicitados por el particular en las condiciones requeridas, y el servicio no se impone en una función de imperio, ni se crean condiciones o normas generales, ya que la contratación afecta únicamente a las partes directamente involucradas y el cobro del servicio aunque se basa en una tarifa establecida por los órganos de gobierno distintos a la propia Comisión Federal de Electricidad, esta tarifa se aplica atendiendo al tipo de servicio solicitado y al consumo directo del usuario. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar certeza de cuáles son los mismos. Luego, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, debemos entender por relaciones de supra a subordinación, a aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, la ley también permite que puedan existir relaciones de coordinación entre gobernantes y gobernados, que evidentemente no se desarrollan en un plano de supra a subordinación, dada la vinculación que los une, pues ambos se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad ante la ley. En el presente caso, se está en presencia de actos derivados de la contratación del servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, la cual actúa en un plano de igualdad y bilateralidad con la aquí quejosa, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria mercantil prevista por el Código de Comercio. Por tal situación, cuando se reclama en el juicio de garantías violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es requisito sine qua non que la petición se eleve al funcionario o servidor público, en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una de coordinación regulada por el derecho privado, en donde el ente público actúe como particular. Por tanto, si el alto tribunal del País ya definió que todos aquellos actos derivados de una relación contractual, como la del suministro de energía eléctrica, no generan que la relación entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad, es inconcuso que la falta, negativa o suspensión de energía eléctrica, fuera de un procedimiento administrativo, no viola el derecho previsto en el indicado precepto constitucional. Asimismo, si bien la Comisión Federal de Electricidad y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, son organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, y que prestan un servicio que en principio corresponde en forma exclusiva al Estado, la relación existente entre ella y los usuarios del servicio de energía eléctrica, no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino que es de coordinación al derivar de un contrato de suministro que es un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque es de adhesión se debe entender como un acuerdo para comercialización del fluido eléctrico. Así, es evidente que en la emisión de los actos materia del presente asunto, la responsable, es decir, la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que no le recae tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ya que no obstante que se trata de actos de un organismo público descentralizado de la administración pública federal, su actuación no está dada en función de relaciones de supra a subordinación, sino que su interactuación con la quejosa se genera al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad, basada en un contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que deviene la improcedencia del presente juicio en estudio. Así las cosas, al dejarse establecido que los actos reclamados no se encuentran contemplados en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualizan las causas de improcedencia antes analizadas; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo en cuanto al acto que fue precisado en los primeros párrafos de este proveído. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Finalmente como lo solicita el juzgado oficiante hágase de su conocimiento la presente determinación. Notifíquese personalmente a la quejosa." NOTIFIQUESE

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