Maria Miriam Ortiz Hernandez

Expediente 1595/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1595/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Maria Miriam Ortiz Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Análisis de cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y que transcurrió dicho plazo sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, según se advierte de la certificación que antecede; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con sede en esta ciudad: "(.)Continúe brindando la asistencia médica necesaria que requiera la quejosa María Miriam Ortiz Hernández, informando al mismo respecto su padecimiento y su evolución, y en su caso, los tratamientos a seguir; debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que así se hará, esto, a fin de salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud de la quejosa, considerando particularmente su padecimiento y para ello, dicha impetrante deberá recibir, además de la atención médica integral adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para su padecimiento, concretamente de hemodiálisis, si así lo indicaran los médicos tratantes, así como los medicamentos que requiera, en las dosis que le correspondan y que igualmente le sean prescritos por dichos galenos, todo lo cual deberá brindarse bajo la estricta responsabilidad de las citadas responsables y acorde a las indicaciones que los médicos tratantes señalen. Asimismo, se le realicen los estudios de laboratorio que en su caso correspondan, a fin de verificar su estado de salud de manera periódica. Por tanto, dichas autoridades deberán realizar las gestiones necesarias, inclusive administrativas, con la debida oportunidad, para que la atención médica y los medicamentos que le prescriban, se suministren al quejoso de mérito, de forma puntual, permanente y constante, sin interrupciones y agotando para ello todos los recursos de los que disponen para lograr su efectividad; ello, para lograr el más alto nivel posible de salud de la referida impetrante de garantías. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, la responsable deberá atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica." Por proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el apoderado y representante legal del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, informó bajo protesta de decir verdad, que continúa y continuará otorgando la atención médica que requiera la quejosa María Miriam Ortiz Hernández, respecto de su padecimiento; asimismo, que las sesiones de hemodiálisis prescritas a la misma, le son otorgadas de manera puntual y oportuna, remitiendo al efecto copia certificada de la atención médica otorgada. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable manifestó que continúa y continuará otorgando la atención médica que requiera la quejosa ***, respecto de su padecimiento que le fue diagnosticado de enfermedad renal crónica e hipertensión, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo y valoración. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Se informa adscripción de Jueza de Distrito. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con un anexo que se acompaña, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto. Vista al cumplimiento de ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento En la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con un anexo que se acompaña, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto. Vista al cumplimiento de ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento En la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De conformidad con el artículo 19 de la ley de amparo. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Requerimiento de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la sentencia. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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