Maria Mireya Ortega Guzman

Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
418/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Mireya Ortega Guzman
  • Evelin Estefani Valdominos Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de diecinueve de mayo del año en curso, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a la parte quejosa y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto OCTAVO, del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales.

  2. Principal

    MESA VIII Vista la demanda de amparo promovida por Ivonne Mares Ahedo, en su carácter de defensora pública federal de las quejosas MARÍA MIREYA ORTEGA GUZMÁN y EVELIN ESTEFANI VALDOVINOS ORTEGA, contra el acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 418/2022. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de vinculación a proceso emitido el veinticuatro del abril del año en curso, dentro de la causa penal 110/2016. Asimismo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, la promovente señaló bajo protesta de decir verdad: ".TERCERO.- Siendo las quince horas con once minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de MARÍA MIREYA ORTEGA GUZMÁN y EVELIN ESTEFANI VALDOVINOS ORTEGA.". (Lo subrayado no es de origen.) [.]" Sobre esa base, se advierte que, en torno al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]". La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. El texto transcrito tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. A efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, esta juzgadora estima pertinente destacar que el acto reclamado no se encuentra comprendido en el caso de excepción que prevé la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo invocado, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, debe enfatizarse que, a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de dos mil trece, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de abril del año en curso, en la causa penal 110/2016. Aspecto que, por exclusión, obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. A efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto del acto controvertido, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado Fecha de notificación del acto reclamado. Plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. El auto de vinculación a proceso de veinticuatro de abril del año en curso Veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Del 25 de abril al 17 de mayo de dos mil veintidós. 18 de mayo de dos mil veintidós. Cabe precisar, que el plazo de quince días, transcurrió al día siguiente en que la parte promovente fue notificada del acto reclamado, esto es, del veinticinco de abril al diecisiete de mayo del año en curso, de conformidad con los artículos 84 y 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin contar los días inhábiles, treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, ocho, catorce y quince de mayo, todos del año en curso, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y con la Circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado fue consentido tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de mayo del año que transcurre, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17 de la ley reglamentaria, había transcurrido. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia analizada. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia 12/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. REPRESENTANTE COMÚN Téngase como representante común de la parte quejosa a MARÍA MIREYA ORTEGA GUZMÁN, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. En relación con los correos electrónicos que refieren, ténganse como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el párrafo quinto, del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a la parte quejosa a consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el usuario "imares1". EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.

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